AARP se opone a los proyectos de ley para eludir el debate sobre el déficit del Seguro Social

La Ley PROMISE también contiene lenguaje que limita las oportunidades de los legisladores para presentar enmiendas y limita los tipos de enmiendas permitidas. La consideración del proyecto, incluido el debate y la votación sobre cualquier enmienda, estaría limitada a 100 horas.

En un comunicado, Durbin y otros patrocinadores (en inglés) dijeron que su propuesta pondría en marcha el debate sobre el futuro del Seguro Social y obligaría a los legisladores a abordar el tema con sentido de urgencia.

“Esta es nuestra oportunidad de acordar un proceso bipartidista para rescatar el Seguro Social este año”, dijo Durbin. “Nuestra propuesta bipartidista abre el Congreso para debatir este tema de una manera transparente, justa y bipartidista”.

Pero Sweeney dice que el proceso descrito en el proyecto haría demasiado fácil posiblemente recortar el Seguro Social, especialmente para los futuros jubilados.

“Si todos los demás proyectos en el Congreso pasan por el proceso regular, ¿por qué algo tan importante como el Seguro Social tendría un proceso especial que corta el debate, que limita el tipo de enmiendas, que limita el tipo de temas de los que se puede hablar?”, dice. “Para nosotros, eso simplemente no tiene sentido”.

Un punto de acuerdo: el Congreso necesita actuar pronto

No hay duda de que las finanzas del Seguro Social (en inglés) necesitan atención. El superávit de los dos fondos fiduciarios del programa se agotará en el 2034 a menos que el Congreso actúe para reforzar el sistema, según el informe anual del 2026 (en inglés) de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social, que supervisa los fondos.

Los pagos del Seguro Social, que actualmente reciben más de 71 millones de personas, se financian principalmente con impuestos sobre la nómina que se cobran a la mayoría de los trabajadores en el país. Sin acción del Congreso para evitar el faltante de los fondos fiduciarios —aumentando los ingresos, reduciendo los desembolsos para pagos de beneficios o con una combinación de ambos— el dinero que entre al Seguro Social cubrirá solo alrededor del 83% de los pagos programados.

AARP está pidiendo al Congreso que aborde el déficit que se aproxima sin ningún recorte a los beneficios.

“Las personas en Estados Unidos han trabajado duro y han aportado al Seguro Social toda su vida, y merecen poder contar con él cuando se jubilen”, dijo la Dra. Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP, en una declaración del 9 de junio con motivo de la publicación del informe. “Ninguna familia debería sufrir recortes en los beneficios del Seguro Social que se ha ganado". 

Sweeney dice que, aunque el Congreso necesita abordar las finanzas del Seguro Social con sentido de urgencia, no hay razón para que los legisladores le pasen ese trabajo a otro organismo.

“Nuestros socios y el público esperan que el Congreso haga su trabajo y enfrente estos temas difíciles. Para eso los elegimos y les pagamos, no para subcontratarlo a algún otro comité o a algún grupo de personas que no fueron elegidas”, dice. “El tiempo que están dedicando a crear reglas especiales es tiempo que podrían dedicar a arreglar el Seguro Social”.

Más comisiones propuestas

AARP también se opone a otros dos proyectos de ley que crearían comisiones para abordar la solvencia a largo plazo del Seguro Social.

Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes, patrocinado por los representantes Tom Cole (republicano por Oklahoma) y Tom Suozzi (demócrata por Nueva York), encargaría a una comisión de 13 miembros que presente recomendaciones y legislación al Congreso sobre cómo reforzar las finanzas del Seguro Social. Al menos nueve miembros de la comisión tendrían que apoyar el plan para que avance, lo que, según sus patrocinadores, garantizaría un consenso bipartidista.

Según ese proyecto de ley, los legisladores luego presentarían el proyecto de ley de la comisión, y estaría sujeto a una votación acelerada de sí o no. Los miembros individuales del Congreso no podrían ofrecer enmiendas.

Otra propuesta, presentada en la Cámara de Representantes y en el Senado, crearía una comisión fiscal para reducir la deuda nacional y los déficits anuales, y reforzar los fondos fiduciarios dedicados no solo al Seguro Social sino también a Medicare y a las carreteras del país.

Con sus ingresos dedicados provenientes de los impuestos sobre la nómina, "el Seguro Social es un sistema autofinanciado que no aporta ni un centavo a la deuda nacional, y el Congreso no debería ponerlo en la mira de debates presupuestarios no relacionados", escribió LeaMond en cartas separadas del 21 de julio a los patrocinadores en la Cámara de Representantes y el Senado (enlaces en inglés) del proyecto de ley de la comisión fiscal. "En cambio, cualquier cambio al Seguro Social debería enfocarse en la seguridad financiera y de jubilación del pueblo".

La investigación de AARP muestra que grandes mayorías de adultos mayores de todo el espectro político en el país "se oponen firmemente a recortar el Seguro Social para reducir la deuda", agregó ella.