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A principios del 2005, poco después de su reelección, el presidente George W. Bush volcó su atención en su propuesta de "arreglar" el Seguro Social, que permitiría a los trabajadores desviar los fondos de los impuestos sobre la nómina que financian el programa a "cuentas personales de jubilación".
En su discurso sobre el estado de la Unión de ese año, Bush dijo que su plan salvaría el Seguro Social para las generaciones futuras, alentando a los trabajadores a invertir en el mercado de valores ese dinero destinado al pago de impuestos.

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AARP se opuso. El grupo de defensa de derechos de los adultos mayores más grande de la nación se unió a otros críticos que dijeron que la propuesta básicamente desmantelaría el principal programa de seguridad jubilatoria y sometería a la población mayor a la volatilidad de Wall Street en sus años dorados.
"Todo el concepto del Seguro Social estaba en juego", dice Eric Kingson, profesor emérito de la Universidad de Syracuse que ha estudiado y abogado por el Seguro Social durante décadas.
AARP estaba lista para la lucha, armada con datos de encuestas, argumentos detallados y una avalancha de anuncios de televisión y radio. Otra arma potente: sus socios, que se estimaba que en ese momento ascendían a alrededor de 36 millones, quienes inundaron las líneas telefónicas de sus congresistas para expresar su oposición.
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"Dedicaremos prácticamente todos nuestros esfuerzos a ello", dijo William D. Novelli, director ejecutivo de AARP por aquel entonces.
Esa lucha es quizás el ejemplo más destacado del poder del activismo de AARP en defensa del Seguro Social. Pero desde su fundación hace 67 años, AARP ha instado a los legisladores en Washington a abordar docenas de problemas relacionados con el programa, desde la aprobación en 1972 de los ajustes automáticos anuales por costo de vida (COLA) hasta la lucha de este año para preservar los servicios que el Seguro Social ofrece por teléfono a los beneficiarios.
"Es el tema más importante que nos ocupa, porque es la garantía de la seguridad financiera de las personas", dice Bill Sweeney, vicepresidente sénior de Asuntos Gubernamentales de AARP. Cuando los legisladores trabajan para abordar los costos de vivienda, transporte o atención médica, Sweeney les recuerda que el Seguro Social "engloba todos esos problemas" en uno solo.

Una batalla inesperada por el ajuste por costo de vida
Existe un apoyo arrollador por el Seguro Social hoy en día: el 96% de las personas en el país dicen que es un programa importante y el 74% lo califican como uno de los más importantes, según una encuesta de AARP publicada en julio.
Pero el programa fue "muy vulnerable" a ataques después de que el presidente Franklin D. Roosevelt lo promulgara en agosto de 1935, dice Daniel Beland, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McGill en Montreal y autor de Social Security: History and Politics from the New Deal to the Privatization Debate.
Eso es principalmente porque en los primeros años del programa, el Gobierno estaba recaudando impuestos sobre la nómina de decenas de millones de trabajadores, pero pocas personas habían empezado a recibir beneficios, explica Beland. Sin embargo, para la década de 1950, había un consenso bipartidista a favor del Seguro Social, a medida que crecía el alcance del programa entre los adultos mayores en el país y se expandía para cubrir a los cónyuges de los jubilados, a los sobrevivientes y a las personas con discapacidades.
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