El Senado aprueba recortes perjudiciales a Medicaid y a la ayuda alimentaria en el proyecto de ley de presupuesto revisado 

El proyecto de ley también requeriría que los estados paguen mucho más por los beneficios del SNAP, que históricamente han sido financiados por completo por el Gobierno federal.  

Después de que una versión anterior del proyecto de ley fue rechazada por el parlamentario del Senado, la última revisión incluye una disposición que requeriría que los estados con tasas de error del 6% o más paguen del 5 al 15% de los costos de los beneficios del SNAP. Para algunos estados, eso podría costarles miles de millones de dólares además de los costos administrativos adicionales para administrar el programa.  

El proyecto de ley del Senado otorga a los estados más tiempo antes de calcular su participación en los costos, permitiéndoles utilizar las tasas de error del año fiscal 2025 o 2026 como base para su pago. Comenzarían a pagar bajo este nuevo modelo en 2028.

"Para manejar estos nuevos costos, los estados pueden verse obligados a restringir los requisitos, limitar los beneficios o retirarse completamente del programa, lo que dificultaría que las personas aptas accedan a la asistencia alimentaria", escribió LeaMond.  

El proyecto de ley también recorta la financiación del programa SNAP-Educación, que trabaja con estados y organizaciones locales para brindar educación nutricional en comunidades de bajos ingresos.

Financiamiento y requisitos de Medicaid en juego 

De manera similar, el Senado busca recortar los fondos para Medicaid, un programa regulado a nivel federal que proporciona seguro de salud a más de 17 millones de personas de bajos ingresos de 50 años o más en el país. 

El proyecto de ley impondría amplios nuevos requisitos de trabajo para los inscritos de 19 a 64 años, requiriéndoles trabajar o ser voluntarios al menos 80 horas al mes para cumplir los requisitos, con excepciones para discapacidades y otras circunstancias.  

Más de 9 millones de inscritos en Medicaid probablemente estarían sujetos a los requisitos de trabajo, según una investigación (en inglés) del Instituto de Política Pública de AARP. Aquellos que no cumplan con los nuevos estándares también podrían correr el riesgo de perder los créditos fiscales de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio que se destinan al pago de las primas de seguro.  

"Esto crea un gran cambio en la asequibilidad de cobertura para aquellos de 50 a 65 años —especialmente quienes se acercan a la jubilación o trabajan a tiempo parcial—, que pueden quedarse sin ninguna opción de cobertura en absoluto que puedan costear", escribió LeaMond.   

Los planes para retirar los fondos federales de Medicaid también dejarían a los estados con desventajas para compensar los costos aumentados. En la actualidad, los estados participan voluntariamente en Medicaid, y el Gobierno federal paga un porcentaje del costo.  

Una forma en que los estados pagan por Medicaid es a través de fondos generales e impuestos a los hospitales, hogares de ancianos y otros proveedores, pero la propuesta del Senado limitaría esta capacidad. También limitaría la cobertura retroactiva, aunque no tan severamente como lo haría la versión de la Cámara.

"Al limitar cómo los estados financian sus programas de Medicaid, el proyecto de ley amenaza el acceso a la atención médica, particularmente para las personas en áreas rurales y desatendidas y a través de proveedores de red de seguridad", escribió LeaMond.  

Además, el proyecto de ley de presupuesto bloquearía los intentos de agilizar el Programa de Ahorros de Medicare, (en inglés) que es utilizado por los beneficiarios de Medicaid-Medicare para pagar las primas, deducibles y copagos de la Parte A y la Parte B.  

El proyecto de ley del Senado también bloquearía nuevos estándares de personal en hogares de ancianos que reciben financiamiento a través de Medicaid y Medicare.  

El pasado mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos buscó aumentar los niveles mínimos de personal para los hogares de ancianos para garantizar una atención adecuada para los residentes, especialmente después de que la pandemia de COVID-19 pusiera una tensión extraordinaria en los trabajadores de salud de primera línea.  

"Se estima que estos estándares mínimos para los hogares de ancianos salvan casi 13,000 vidas cada año", escribió LeaMond en su carta. "Retrasar estas protecciones tan necesarias para las personas en los hogares de ancianos perpetuará las condiciones inseguras en muchas instalaciones en todo el país". 

AARP también expresó preocupaciones sobre el posible lenguaje que permite que ciertos medicamentos recetados que tratan a menos de 200,000 personas no se incluyan en la negociación de precios de Medicare.