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¿Qué sucede con el Seguro Social en un cierre del Gobierno?
Los beneficios mensuales se seguirán pagando se llegue a un acuerdo presupuestario o no.
El cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos finalizó el 12 de noviembre después de que el Congreso aprobara y el presidente Donald Trump firmara una ley para financiar las agencias y programas federales al menos hasta el 30 de enero.
Pero incluso ante el estancamiento presupuestario, los beneficiarios del Seguro Social continuaron recibiendo sus pagos mensuales.
Esto se debe a que, en el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.
Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias del cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.
La ley presupuestaria actualmente en vigor financia algunos programas federales hasta el año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre de 2026, pero la mayoría de las agencias federales, incluida la SSA, solo reciben financiación hasta el 30 de enero.
Plan de cierre
El plan de cierre, actualizado en septiembre de 2025, establece que la agencia “continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de los beneficios”. "Los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos del Seguro Social, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)", dijo un portavoz de la agencia.
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La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio de red de seguridad para personas con ingresos muy bajos que tienen una discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad o tienen 65 años o más. A diferencia de los beneficios de jubilación, de sobrevivientes y familiares del Seguro Social y del SSDI, el SSI se financia con los ingresos generales del gobierno, no con el impuesto sobre la nómina específico..
Durante el cierre, los ingresos por impuestos sobre la nómina se siguieron recaudando y se destinaron a los fondos fiduciarios que aportan fondos para cubrir las prestaciones del Seguro Social. La SSA afirma tener la autoridad legal para procesar los pagos incluso si caducan las asignaciones del Congreso.
La mayoría de los empleados de la SSA mantuvieron las funciones y los servicios esenciales, sin recibir sueldo, como pagar beneficios, procesar solicitudes de beneficios y apelaciones, celebrar audiencias de discapacidad y emitir tarjetas de Seguro Social nuevas y de reemplazo. Alrededor de 6,200 personas están de licencia.
Algunos servicios y actividades del Seguro Social se han suspendido, entre ellos las verificaciones de beneficios por teléfono o en persona (podrías obtener una carta de verificación de beneficios en línea si tienes una cuenta de My Social Security), el procesamiento de sobrepagos, mejoras en la tecnología de la información, relaciones públicas y capacitación.
“La buena noticia es que los pagos se seguirán realizando y todo debería transcurrir normal, por un tiempo,” dice Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP.
“Pero durante un cierre del gobierno, el personal de la SSA y de otras agencias gubernamentales no recibirá su salario. Eso puede mantenerse por un tiempo, pero eventualmente hay que pagarles para que puedan cuidar de sus propias familias,” añade. “Si un cierre se prolonga demasiado, podría haber consecuencias a largo plazo si se pierde a más personal altamente calificado y a especialistas.”
Las resoluciones provisionales ya son algo rutinario
En los últimos años, el Congreso ha recurrido repetidamente a proyectos de ley de financiación a corto plazo, conocidos como resoluciones de continuidad, como medidas provisionales para mantener el gobierno funcionando mientras la Cámara de Representantes y el Senado se esforzaban por aprobar los presupuestos ordinarios. Según la nueva ley presupuestaria, las operaciones de la SSA seguirán financiándose con los niveles del año fiscal 2025 hasta al menos el 30 de enero.
Ese presupuesto autorizó a la SSA a gastar 14,300 millones de dólares —aproximadamente el 1% de sus ingresos— en servicio al cliente y operaciones para 2025, un aumento del 0.5% con respecto al año fiscal anterior.
El Center for Budget and Policy Priorities, un instituto de investigación en Washington D.C., estima que, ajustado por inflación, el presupuesto del servicio al cliente del Seguro Social se redujo en un 21.2% desde el 2010 hasta el 2025, mientras que el número de beneficiarios creció en un 26%.
La Casa Blanca ha solicitado un presupuesto de aproximadamente 14,800 millones de dólares, para el año fiscal 2026, para el servicio al cliente y las operaciones de la SSA. La mayor parte del aumento está destinada al trabajo de integridad del programa, enfocado en evaluar la elegibilidad médica y financiera de los beneficiarios del SSDI y del SSI para seguir recibiendo beneficios.
Una encuesta de la AARP (en inglés), realizada en noviembre de 2024 a estadounidenses mayores de 50 años, reflejó un apoyo abrumador en todos los partidos a aumentar el gasto administrativo y de atención al cliente del Seguro Social. El 85% de los encuestados respaldaron un presupuesto más grande, incluido el 92% de los demócratas, el 80% de los republicanos y el 82% de los independientes.
AARP ha destacado durante mucho tiempo las fallas en el servicio al cliente del Seguro Social y ha instado al Congreso a proporcionar recursos adecuados para que la agencia mejore.
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