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El cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos finalizó el 12 de noviembre después de que el Congreso aprobara y el presidente Donald Trump firmara una ley para financiar las agencias y programas federales al menos hasta el 30 de enero.
Pero incluso ante el estancamiento presupuestario, los beneficiarios del Seguro Social continuaron recibiendo sus pagos mensuales.
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Esto se debe a que, en el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.
Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias del cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.
La ley presupuestaria actualmente en vigor financia algunos programas federales hasta el año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre de 2026, pero la mayoría de las agencias federales, incluida la SSA, solo reciben financiación hasta el 30 de enero.
Plan de cierre
El plan de cierre, actualizado en septiembre de 2025, establece que la agencia “continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de los beneficios”. "Los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos del Seguro Social, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)", dijo un portavoz de la agencia.
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La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio de red de seguridad para personas con ingresos muy bajos que tienen una discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad o tienen 65 años o más. A diferencia de los beneficios de jubilación, de sobrevivientes y familiares del Seguro Social y del SSDI, el SSI se financia con los ingresos generales del gobierno, no con el impuesto sobre la nómina específico..
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