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¿Qué sucede con el Seguro Social en un cierre del Gobierno?

Los beneficios mensuales se seguirán pagando se llegue a un acuerdo presupuestario o no.


Compilacion de imagenes del Seguro Social, un abanido de billetes de 20 y la cúpula del Capitolio de Estados Unidos
BACKYARDPRODUCTION/GETTY IMAGES

El gobierno federal cerró parcialmente el 1.º de octubre debido a que el Congreso no cumplió con el plazo para acordar un presupuesto para el año fiscal 2026 o aprobar un proyecto de ley de gastos provisional para mantener en funcionamiento las agencias federales.

Pero incluso ante el estancamiento presupuestario, los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos mensuales.

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Esto se debe a que, en el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias del cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.

La ley presupuestaria que venció el 30 de septiembre, mantuvo los niveles de gasto de 2024 para la mayoría de las agencias federales. La amenaza de cierre se produce cuando la SSA está reduciendo su personal en un 12%, de aproximadamente 57,000 empleados a 50,000. La agencia tiene actualmente alrededor de 51,800 empleados, según su plan de contingencia de cierre.

Video: Cómo afectaría un cierre de gobierno los beneficios de Medicare y el Seguro Social  (en inglés).

Plan de cierre

El plan de cierre, actualizado el 24 de septiembre de 2025, establece que la agencia “continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de los beneficios”.  "Los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos del Seguro Social, el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y el SSI  (Seguridad de Ingreso Suplementario)", dijo un portavoz de la agencia.

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Los ingresos por impuestos sobre la nómina se seguirán recaudando y se destinarán a los fondos fiduciarios que aportan fondos para cubrir las prestaciones del Seguro Social. La SSA afirma tener la autoridad legal para procesar los pagos incluso si caducan las asignaciones del Congreso.

Bajo el plan de cierre, unos 45,600 empleados de la SSA van a mantener las funciones y los servicios esenciales, sin recibir sueldo, como pagar beneficios, procesar solicitudes de beneficios apelaciones, celebrar audiencias de discapacidad y emitir tarjetas de Seguro Social nuevas y de reemplazo. Alrededor de 6,200 personas están de licencia.

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Algunos servicios y actividades del Seguro Social se han suspendido, entre ellos las verificaciones de beneficios, el procesamiento de sobrepagos, mejoras en la tecnología de la información, relaciones públicas y capacitación.

Según la SSA, si un cierre dura más de cinco días, reevaluaría si es necesario realizar más reducciones de horas, pero retendría a los trabajadores "críticos para nuestras operaciones de servicio directo". El cierre más largo de la historia fue el anterior, que duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019.

“La buena noticia es que los pagos se seguirán realizando y todo debería transcurrir normal, por un tiempo,” dice Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP.

“Pero durante un cierre del gobierno, el personal de la SSA y de otras agencias gubernamentales no recibirá su salario. Eso puede mantenerse por un tiempo, pero eventualmente hay que pagarles para que puedan cuidar de sus propias familias,” añade. “Si un cierre se prolonga demasiado, podría haber consecuencias a largo plazo si se pierde a más personal altamente calificado y a especialistas.”

Las resoluciones provisionales ya son algo rutinario

El Congreso ha utilizado repetidamente resoluciones continuas provisionales en los últimos años para mantener al Gobierno en funcionamiento mientras la Cámara y el Senado luchaban por aprobar las leyes de presupuesto regulares. Por ejemplo, el presupuesto federal del 20245 se adoptó el 14 de marzo de ese mismo año, casi seis meses después de comenzar ese año fiscal.

El presupuesto autorizó a la SSA a gastar $14,300 millones —aproximadamente el 1% de sus ingresos— en servicio al cliente y operaciones. Aunque eso representó un aumento de $72 millones, o un 0.5% con respecto al año anterior.

El Center for Budget and Policy Priorities, un instituto de investigación en Washington D.C., estima que, ajustado por inflación, el presupuesto del servicio al cliente del Seguro Social se redujo en un 21.2% desde el 2010 hasta el 2025, mientras que el número de beneficiarios creció en un 26%.

La Casa Blanca ha solicitado un presupuesto de aproximadamente 14,800 millones de dólares, para el año fiscal 2026, para el servicio al cliente y las operaciones de la SSA, un aumento de casi 500 millones con respecto a 2025. La mayor parte del aumento está destinada al trabajo de integridad del programa, enfocado en evaluar la elegibilidad médica y financiera de los beneficiarios del SSDI y del SSI para seguir recibiendo beneficios.

El presupuesto anticipa una fuerza laboral de tiempo completo de la SSA de 50,278 para el año fiscal 2026.

Una encuesta de la AARP (en inglés), realizada en noviembre de 2024 a estadounidenses mayores de 50 años, reflejó un apoyo abrumador en todos los partidos a aumentar el gasto administrativo y de atención al cliente del Seguro Social. El 85% de los encuestados respaldaron un presupuesto más grande, incluido el 92% de los demócratas, el 80% de los republicanos y el 82% de los independientes.

AARP ha destacado durante mucho tiempo las fallas en el servicio al cliente del Seguro Social y ha instado al Congreso a proporcionar recursos adecuados para que la agencia mejore.

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