¿Qué sucede con el Seguro Social en un cierre del Gobierno?

El Senado aprobó el 14 de marzo una ley de gastos que mantiene al gobierno en funcionamiento hasta el 30 de septiembre, fecha límite del año fiscal federal 2025. La medida, denominada Resolución Continua (RC) y adoptada por la Cámara de Representantes tres días antes, mantiene los niveles de gasto del 2024 para la mayoría de las agencias federales.

Pero incluso si el gobierno federal hubiera cerrado, o lo hiciera en el futuro, los beneficiarios del Seguro Social continuarían recibiendo sus pagos mensuales.

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En el lenguaje federal, los beneficios del Seguro Social son "gastos obligatorios". Tienen una fuente de financiamiento dedicada y permanente (principalmente, los impuestos de nómina que la mayoría de nosotros pagamos sobre nuestros ingresos laborales) y no se ven afectados por el proceso de asignación federal.

Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) no es inmune a las consecuencias de un posible cierre. Su presupuesto administrativo es discrecional, es decir, está sujeto a la aprobación anual del Congreso. Los legisladores determinan cuánto de los ingresos del Seguro Social puede destinarse a gastos operativos, como procesar solicitudes de beneficios, alquiler de espacio para oficinas locales y pagar los salarios de los empleados.

La SSA está operando actualmente bajo una resolución continua que mantiene los niveles de financiación del año fiscal 2024. La agencia detuvo las contrataciones y, el mes pasado, anunció planes para reducir su fuerza laboral de aproximadamente 57,000 empleados a 50,000, un recorte del 12.3%.

Plan de cierre

En caso de un cierre del Gobierno, que ocurrió más recientemente durante el invierno del 2018-19, la SSA tiene un detallado plan de contingencia (en inglés) que explica cómo funcionaría. Este plan, actualizado en septiembre del 2024, dice que la agencia "continuará con las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago preciso y oportuno de beneficios".

Los ingresos del impuesto sobre la nómina seguirán entrando a los fondos fiduciarios que suministran dinero para cubrir los beneficios de jubilación, los beneficios para sobrevivientes, los beneficios familiares y el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), y la SSA dice que tiene autoridad legal para procesar pagos incluso si las asignaciones del Congreso se agotan. 

La SSA también administra la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio de red de seguridad para personas con ingresos muy bajos que tienen una discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad o tienen 65 años o más. Si bien la SSI se paga con los ingresos generales del Gobierno, la SSA dice que tiene suficiente dinero previamente asignado para continuar haciendo pagos de SSI durante los próximos tres meses, más tiempo que cualquier cierre anterior.

Bajo el plan de cierre, la SSA dice que sería capaz de mantener aproximadamente un 86% de su personal a bordo y mantener funciones y servicios esenciales, como pagar beneficios, procesar solicitudes de beneficios y apelaciones, celebrar audiencias de discapacidad y emitir tarjetas de Seguro Social nuevas y de reemplazo.

Algunos servicios y actividades del Seguro Social se suspenderían inmediatamente después de un cierre, entre ellos las verificaciones de beneficios, el procesamiento de sobrepagos, mejoras en la tecnología de la información, relaciones públicas y capacitación. Según la SSA, si un cierre dura más de cinco días, reevaluaría si es necesario realizar más reducciones de horas, pero retendría a los trabajadores "críticos para nuestras operaciones de servicio directo".