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Primer aniversario de la reforma de salud

¿Podrán derogarse los nuevos beneficios establecidos?

In English | El 23 de marzo, la administración del presidente de Obama celebra el primer aniversario de la ley de reforma del sistema de salud, en medio de una espiral de cuestionamientos legales e intentos republicanos por revocarla, que han hecho que uno de cada cinco estadounidenses crea que la ley ya ha sido derogada.

Línea de vida

Elemental Studios/Alamy

Sin embargo, mientras retocan algunos detalles de la Affordable Care Act (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), los funcionarios del gobierno están presentando sus primeras disposiciones y preparando el terreno para las principales, que entrarán en vigencia a partir de 2014. “Tenemos una ley y continuaremos implementándola”, sostiene Kathleen Sebelius, Secretaria de Salud y Servicios Humanos.

Mientras tanto, quienes apoyan la ley citan los nuevos beneficios que ya están vigentes, que incluyen:

  • Prohibir que las compañías de seguro se nieguen a darles cobertura a niños con problemas de salud, que dejen sin efecto la cobertura de los asegurados que se enfermen gravemente o que pongan límites de por vida sobre los beneficios;
  • Permitir que los adultos jóvenes permanezcan cubiertos por las pólizas de sus padres, hasta los 26 años;
  • Brindar acceso a seguros de salud a personas que, de otro modo y debido a sus afecciones médicas, no serían asegurables;
  • Otorgarles créditos impositivos a las pequeñas empresas para ayudarlas a asegurar a sus empleados;
  • Proveer muchos exámenes y estudios gratuitos en Medicare;
  • Emitir cheques por $250 para todos los beneficiarios que alcancen el período sin cobertura de Medicare Parte D (o “doughnut hole”) durante 2010;
  • Reducir a la mitad los costos de los medicamentos para las personas que alcancen este año el período sin cobertura, el primer paso para eliminar por completo ese vacío en la cobertura;
  • Establecer límites anuales sobre los gastos de bolsillo para los beneficiarios de los planes de salud de Medicare Advantage.

 

Todavía no queda claro si estas medidas populares podrán sobrevivir en el caso de que la ley sea, finalmente, revocada. Respecto de los cuestionamientos legales, hasta ahora tres jueces federales han dictaminado que la piedra angular de la ley —la impopular exigencia de que todos deben tener seguro o pagar una multa— es constitucional, en tanto otros dos sostuvieron que no lo es. El tema será decidido, en última instancia, por la Corte Suprema.

En el Congreso, la decisión de la nueva Cámara de Representantes, bajo control del partido republicano —adoptada en enero— de derogar la ley en su totalidad, fue vista como un gesto simbólico que no tenía ninguna probabilidad de éxito, por lo menos mientras los demócratas continúen controlando el Senado y la Casa Blanca. No obstante, satisfizo la esencia conservadora de los republicanos.

Además, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública. Según una encuesta realizada en febrero por la fundación Kaiser Family Foundation, un grupo independiente que se dedicado a la investigación, casi la mitad de los estadounidenses cree que la ley ya no está vigente (el 22%) o no saben si está o no vigente (el 26%). Esta desconexión entre la realidad y lo que la gente cree no sorprende a los especialistas en opinión pública.

Después de que el presidente Bill Clinton fuera acusado por la Cámara de Representantes y absuelto por el Senado, hace 12 años, “pasó lo mismo: el 30% del pueblo creyó que lo habían destituido de su cargo —afirma Robert Blendon, profesor de Políticas de Salud y de Análisis Político de la Escuela de Salud Pública de Harvard—. Leen los titulares, pero no entienden el proceso [legislativo]”.

El dilema de los gobernadores republicanos>>

“Esto incluye el recorte de los fondos para su implementación, mantener maniatados a los funcionarios del gobierno responsables de dicha implementación, como Sebelius, al hacer que tengan que testificar todo el tiempo, y alentar a los gobernadores estatales a ‘remolonear’ —señala Norman Ornstein, experto en procedimientos legislativos del American Entreprise Institute, un grupo de trabajo de Washington D.C. Esto no es un acto de buena fe para intentar comprometerse con el cuidado de la salud. Es una guerra de guerrillas”.

<p>Al fracasar en su intento por derogar la ley, los líderes republicanos se comprometieron a bloquear o demorar su implementación.</p>

La mayoría de los gobernadores estatales republicanos se oponen a la ley, pero enfrentan un dilema. La ley les da a los estados el dinero necesario —cerca de $1 millón a cada uno— para establecer los intercambios de seguro, de modo que puedan comenzar a funcionar para el año 2014.

Estos intercambios —que constituyen otra piedra angular de la ley— están pensados para ayudar a que los trabajadores independientes, las personas que carecen de seguro o quienes se hayan quedado recientemente sin trabajo y estén buscando un nuevo empleo puedan contratar coberturas de salud a compañías de seguros privados a precios más bajos que los que obtendrían por su propia cuenta.

Pero si los estados fracasan y no pueden establecer sus propios intercambios, el gobierno federal, al amparo de esta ley, se hará cargo y los establecerá. “Los gobernadores están realmente entre la espada y la pared”, señala Ornstein.

A fines de febrero, en una reunión en la que participaron todos los gobernadores del país, el presidente Obama ofreció lo que algunos observadores llamaron un compromiso y otros, un desafío político.

El presidente dijo que estaba dispuesto a permitir que los gobernadores pudieran elegir que la ley no rigiera en su estado, bajo determinadas condiciones.

“Si un estado puede implementar un plan que cubra a tantas personas, y de un modo tan asequible y amplio como lo hace la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, sin aumentar el déficit, ese estado podrá implementar dicho plan —declaró—. Y trabajaremos junto con ese estado para lograrlo”, afirmó Obama.

Los líderes republicanos han sostenido, de manera consistente, que la ley aumentará el déficit. El representante Paul Ryen, al exponer las respuestas del partido republicano al discurso de Obama sobre el estado de la Unión, dijo que esta ley “aceleraba a nuestro país hacia la bancarrota”.

Los demócratas citan un cálculo oficial de la independiente Congressional Budget Office (CBO, Oficina de Presupuesto del Congreso), que debe estimar los costos y el ahorro probables de todas las legislaciones. La CBO indica que, en diez años, esta ley reducirá el déficit en $210.000 millones ($210 billion), mientras que su derogación lo incrementaría en la misma cantidad.

La opinión pública no ha cambiado >>

Durante el primer año de la vida de la ley, la opinión pública no ha cambiado de manera significativa, observándose que sigue habiendo más estadounidenses —especialmente republicanos— en contra de la ley que a favor. De todos modos, según una reciente encuesta de CBS News, el 55% se opone a la idea republicana de recortar la financiación, en comparación con el 35% que está a favor de los recortes.

<p><i>“Hay mucho escepticismo y no podemos responder porque, hasta el año&nbsp;2015, no sabremos cuáles serán las consecuencias más importantes”. — Robert Blendon.</i></p>

“Hay mucho escepticismo y no podemos responder porque, hasta el año 2015, no sabremos cuáles serán las consecuencias más importantes”, afirma Robert Blendon".

Hay confusión —sostiene Blendon, quien atribuye mayormente este hecho a que las principales cláusulas de la ley no entrarán en vigencia sino hasta dentro de varios años—. Medicare entró en vigencia un año después de que el proyecto fuera aprobado. De modo que, a uno podía gustarle o no Medicare, pero un año después estaba funcionando, se les pagaba a los médicos y millones de personas pudieron acceder a sus prestaciones: se hizo realidad”.

Pero quienes se oponen a la ley de reforma del sistema de salud “están preocupados por su impacto futuro —añade—. Hay mucho escepticismo y no podemos responder porque hasta el año 2015 no sabremos cuáles serán las consecuencias más importantes”.

Hasta entonces, dos hechos podrían decidir la suerte final de la ley: la elección general de 2012 y, aun antes, el fallo de la Corte Suprema acerca de la constitucionalidad de la ley.

Blendon predice que si la corte dictamina que la exigencia de que todos deben tener un seguro es inconstitucional, pero permite que el resto de la ley se aplique, los estadounidenses continuarán fuertemente divididos. Pero si hay una decisión clara —no una decisión dividida 5-4— que sostenga la constitucionalidad de la ley completa, “entonces, creo que la opinión se acercará al presidente”.

Patricia Barry es redactora principal del AARP Bulletin.

 

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