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Reforma de salud de nuevo al estrado

Cuestionan si el Congreso tenía la autoridad de exigir a los ciudadanos un seguro de salud para el 2014.

In English | En la continua batalla sobre la nueva ley que reforma el sistema de salud, los jueces del tribunal federal de apelaciones de Atlanta, escucharon el pasado 8 de junio los argumentos orales de una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la ley.

Vea también: La reforma del sistema de salud: ¿Qué significa para usted?

Un panel de tres jueces del 11.º Circuito de Tribunales de Apelaciones de EE. UU. escuchó los alegatos de los abogados de más de la mitad de los estados y del Gobierno federal, a razón de una hora por cada uno. En una disputa librada mayormente entre líneas partidistas, la mayoría de los estados involucrados en el cuestionamiento están vinculados al Partido Republicano, ya sea por contar con mayoría de electores republicanos o con fiscales generales de esa orientación política.

Se está debatiendo si el Congreso tenía o no autoridad para exigirles a casi todos los estadounidenses que contrataran un seguro de salud en el 2014, hecho denominado mandato u obligación individual. Los demandantes —Florida, con otros 25 estados, la NFIB (Federación Nacional de Negocios Independientes) y dos particulares— obtuvieron una victoria el 31 de enero, cuando el juez federal de primera instancia Roger Vinson, de Pensacola, Florida, dictaminó que la PPACA (Ley de Protección al Paciente y Cuidado a Bajo Precio) era íntegramente inconstitucional. El Congreso se excedió en sus atribuciones al imponer el mandato, alegó Vinson. “La ley, al igual que un reloj diseñado defectuosamente, se tiene que rediseñar y el relojero debe volver a construirlo”.

La presidencia Obama apeló, y el 11.º Circuito de Atlanta concedió una revisión expeditiva del caso. Si el tribunal de apelaciones se expide con rapidez, el caso podría llegar a la Corte Suprema para principios de octubre.

La reforma de salud pasa a los estrados judiciales

Martillo: Romilly Lockyer/Getty Images; Caduceo: Getty Images

El debate sobre la nueva ley de salud continúa en las cortes.

El mandato individual bajo fuego

Ambos lados han presentado numerosos expedientes y respuestas, y decenas de partes interesadas, aunque ajenas al litigio —incluidos AARP, miembros del Congreso, legisladores estatales, prestadores de cuidados médicos, y grupos empresariales y legales—, han presentado informes amicus curiae (amigos de la corte).

En el juicio, los estados alegaron que si el Congreso está autorizado a exigirle a una persona que contrate un seguro, entonces también podría ordenarle a la gente “que coma más verduras y menos postres, que haga 45 minutos de ejercicio por día, que duerma al menos ocho horas diarias y que beba un vaso de vino por día, pero nada de cerveza”.

A continuación: Decenas de cuestionamientos a la nueva ley de reforma del sistema de salud. >>

Los abogados del Gobierno federal se burlan de semejantes “disposiciones hipotéticas traídas de los pelos”. Ellos sostienen que el mandato individual de contratar seguros aliviana el peso que soportan actualmente los contribuyentes al pagar decenas de miles de millones de dólares por la atención médica de los que carecen de seguro.

También alegan que, al oponerse al mandato, los estados corren el riesgo de tener que dejar a los no asegurados “tirados en la calle tras un accidente automovilístico” y que “sería muchísimo más severo que la multa impositiva que promulgó el Congreso” para quienes no contraten un seguro de salud.

Más de una veintena de cláusulas de la ley entraron en vigencia el año pasado, incluidas las que contemplan la autorización para que los dependientes de hasta 26 años permanezcan cubiertos por el seguro de sus padres, los nuevos chequeos médicos para los beneficiarios de Medicare, reducir los costos de los medicamentos durante el período sin cobertura del plan de Medicare para medicamentos recetados conocido como “doughnut hole”, y un nuevo impuesto del 10 % sobre las tarifas de los servicios de bronceado en camas solares. Está previsto que otras 21 cláusulas entren en vigencia este año.

El fallo de Vinson, en la Florida, desconcertó a los estados, al punto que algunos funcionarios declararon suprimida la ley, en tanto otros dijeron que seguirían aplicándola. El 3 de marzo, el juez aclaró que la ley seguía vigente hasta que se resolviera la apelación.

Varios cuestionamientos

Incluso mientras los estados creaban grupos de trabajo para implementar las cláusulas más importantes —que prevén cómo establecer los intercambios de seguros, intensificar las regulaciones para las aseguradoras y ampliar Medicaid—, se han adoptado, en legislaturas estatales de todo el país, alrededor de 600 medidas para limitar, modificar u oponerse a la ley, según la NCSL (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales).

Se han presentado formalmente decenas de cuestionamientos legales en el sistema judicial federal. Los juzgados de primera instancia han anulado la ley o parte de ella en dos casos; la declararon inconstitucional y se desestimaron seis casos; desestimaron ocho casos por problemas procedimentales; y desestimaron, aunque le otorgaron a las partes el derecho de volver a presentar la demanda, en un caso, según la Kaiser Family Foundation, que está siguiendo 26 casos. Se encuentran pendientes de resolución nueve casos.

A continuación: Los argumentos de AARP para la nueva ley de reforma del sistema de salud. >>

Los alegatos orales se presentaron el 1.º de junio en el 6.º Circuito de Cincinnati, Ohio, en un caso del este de Michigan; en tanto el 3.º Circuito de Filadelfia, Pensilvania, acaba de desestimar un caso de Nueva Jersey.

Se han expuesto alegatos orales en los tribunales de apelaciones federales en dos casos, ambos en Richmond, Virginia. Los tres jueces elegidos al azar en Richmond resultaron haber sido nombrados por los demócratas, lo que podría dar una ventaja a los abogados del Gobierno federal. Los tres jueces del caso del 11.º Circuito son Joel Fredrick Dubina, nombrado por el presidente George H.W. Bush en 1990 y Juez Principal desde el 2009; Frank M. Hull y Stanley Marcus, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton en 1997, pese a que Marcus es republicano.

En documentos presentados en los tribunales de Atlanta, la presidencia de Obama alega que la multa por no contratar un seguro es un impuesto que recauda el IRS (Servicio de Impuestos Internos), y que el Congreso tiene autoridad para imponer impuestos. Los estados alegan que el mandato es “indefendible como ejercicio de la facultad de imponer impuestos del Congreso” porque “no es un impuesto, sino la exigencia de que un particular adopte un comportamiento particular”.

En su informe, AARP alega que la nueva ley de salud ayuda particularmente a las personas de entre 50 y 64 años que carecen de un seguro a través de su empleador y se les niega la cobertura debido a su edad o enfermedades preexistentes.

Stuart Cohen, vicepresidente superior de Defensa Jurídica de AARP, expresó: “Si la ley de reforma del sistema de salud se eliminara, nuestros socios y los estadounidenses mayores de 50 años perderían importantes mejoras que combaten enérgicamente el fraude en Medicare, ayudan a los adultos mayores con los altos costos de los medicamentos, tornan gratis los cuidados preventivos para más estadounidenses y les brindan a las personas nuevas alternativas para planificar sus necesidades de cuidados a largo plazo”.

“Cuando todos tengan cobertura de salud, podremos evitar que las compañías de seguro cobren tarifas elevadas simplemente por la edad o el sexo de una persona, se nieguen a brindarle cobertura debido a enfermedades preexistentes o dejen sin efecto una cobertura cuando alguien se enferme”, señaló.

Marsha Mercer es una redactora del norte de Virginia que cubre temas relacionados con políticas públicas.

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