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El fraude de identidad ha alcanzado proporciones epidémicas en Estados Unidos; les costó a las personas en el país aproximadamente $47,000 millones en el 2024, con alrededor de 18.2 millones de víctimas, según el informe patrocinado por AARP "Resolving the Shattered Identity Crisis" de Javelin Strategy & Research. La Comisión Federal de Comercio (FTC) recibió 1.13 millones de denuncias de robo de identidad en el 2024, en comparación con 650,000 en el 2019.
Los números de Seguro Social en particular son como oro para los delincuentes que esperan cometer fraude de identidad, lo que a menudo deja a las víctimas "enfrentando un proceso desalentador y frustrante para recuperar su identidad", señala Bill Sweeney, vicepresidente sénior de Asuntos Gubernamentales de AARP.

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Los largos tiempos de espera y el servicio inconsistente en la Administración del Seguro Social hacen que tratar de resolver los problemas causados por estos delitos sea aún más oneroso de lo necesario.
Es por eso que AARP ha enviado una carta a los senadores Chuck Grassley (republicano por Iowa) y Maggie Hassan (demócrata por Nuevo Hampshire) respaldando el proyecto de ley del Senado 2392 (en inglés), una legislación que requerirá que la Administración del Seguro Social (SSA) facilite a las víctimas recuperar sus vidas después de que sus números de Seguro Social sean robados y utilizados para fraude.
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La Improving Social Security’s Service to Victims of Identity Theft Act (Ley para mejorar el servicio del Seguro Social a las víctimas de robo de identidad) obligará a la SSA a proporcionar un único punto de contacto para ayudar a las víctimas, seguir el caso del individuo hasta su finalización y "coordinar con otras unidades especializadas para resolver los problemas del caso lo más rápido posible".
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