¿Quién en el Gobierno está a cargo de luchar contra el fraude de inversiones?

¿Quién en el Gobierno está a cargo de luchar contra el fraude? Obviamente, existe la Securities and Exchange Commission (SEC, Comisión de Bolsa y Valores), la agencia federal que regula los mercados de valores. Y hay otros reguladores federales y agencias del orden público, incluidos el FBI y el Departamento del Tesoro.

Pero con demasiada frecuencia, los inversores estafados pasan por alto la entidad local encargada de vigilar: su regulador estatal de valores.

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Los reguladores estatales tienen amplios poderes y un enfoque fuertemente local, y hay una entidad en cada estado, generalmente un departamento de la Secretaría de Estado o parte de un departamento combinado de instituciones financieras. Algunas son divisiones en la oficina del fiscal general del estado; otras son oficinas independientes. Pero los reguladores mismos reconocen que los inversores a menudo no saben que existen. “Es cierto, tenemos un problema de identidad”, señala Christopher W. Gerold, jefe de la Oficina de Valores de Nueva Jersey. 

Es una pena, porque la oficina de un regulador estatal de valores puede ser el lugar más inteligente al que acudir si eres víctima de un fraude de inversiones. Algunos casos recientes presentados por las comisiones estatales de valores ilustran su alcance.

• En Maine, Robert Kenneth Lindell fue sentenciado a 10 años de prisión después de cometer fraude contra dos viudas por más de $3 millones.
• En Alabama, Judy Morehead fue sentenciada a cinco años de prisión por cometer fraude contra una mujer de 84 años con sus fondos de inversión.
• En Nueva Jersey, el corredor de inversiones Michael Alan Siegel se declaró culpable de engañar a una pareja mayor para que invirtiera $270,000 en un programa ficticio.

La cantidad de casos presentados por los reguladores estatales es impresionante. En el 2019, los reguladores estatales iniciaron 6,525 investigaciones formales y llevaron a cabo 2,755 ejecuciones, de las cuales 254 fueron casos penales. Esto dio lugar a que se ordenara la devolución de más de $630 millones a inversores y se impusieran $80 millones en multas y sanciones. Los enjuiciamientos penales resultaron en cientos de años de prisión para los delincuentes condenados.