Comisionado interino del Seguro Social dice que los cambios de la agencia “darán prioridad al servicio al cliente”

Acceso a 'solo lectura' de datos de la Administración del Seguro Social

Más de 68 millones de personas en el país reciben el Seguro Social y 183 millones de trabajadores contribuyen a él. Miles de personas han expresado su preocupación sobre la seguridad de sus datos personales.

En su respuesta a las preguntas de AARP, Dudek reiteró declaraciones anteriores de que la SSA ha proporcionado al personal de DOGE "acceso solo a lectura" de sus sistemas de datos, que contienen información personal como registros fiscales y bancarios de decenas de millones de personas en el país. 

"Este acceso de ninguna manera permite la modificación o eliminación de los datos subyacentes", le dijo a AARP.  “Este acceso ha sido fundamental para ayudarnos a utilizar la automatización para agilizar sustancialmente la aplicación de los pagos en virtud de la Ley de Equidad del Seguro Social (Social Security Fairness Act)”.

Esta ley, aprobada por el Congreso en diciembre, aumenta los pagos para unos 3 millones de beneficiarios del programa a los que anteriormente se les retenía una parte de sus beneficios porque también recibían pensiones de su trabajo, normalmente para Gobiernos estatales y locales, en los que no aportaban al sistema del Seguro Social.  La SSA dice que comenzó a distribuir los beneficios atrasados adeudados bajo la ley a finales de febrero, y que al 4 de marzo ya había realizado pagos a alrededor de 1.1 millones de personas.

Congelación de las contrataciones

Dudek, anteriormente asesor principal de la Oficina de Integridad de Programas de la SSA, fue nombrado comisionado interino el 19 de febrero. (Frank Bisignano, director ejecutivo de la compañía de procesamiento de pagos Fiserv, y nominado por el presidente Trump para comisionado de la SSA, está a la espera de una audiencia de confirmación del Senado).

Dijo que continuaría interactuando con los "actores clave" para prevenir interrupciones "mientras trabajamos para proteger la integridad de los programas de la SSA".

En una declaración a principios de esta semana, la SSA dijo que había identificado alrededor de $800 millones en ahorros de costos, la mayoría de ellos a través de una congelación de contrataciones y reducciones de horas extras en la agencia y los Servicios de Determinación de Incapacidad a nivel estatal que procesan reclamaciones para beneficios por discapacidad.

AARP ha pedido durante mucho tiempo al Congreso que asigne al Seguro Social los recursos necesarios para hacer frente a la crisis en el servicio al cliente, incluyendo las largas esperas en las llamadas a la línea de ayuda gratuita de la SSA y los crecientes retrasos en las decisiones de discapacidad. El tiempo promedio de procesamiento para las reclamaciones de discapacidad se ha duplicado en los últimos cinco años, de cuatro meses a ocho meses, con esperas mucho más largas para los solicitantes que son inicialmente rechazados y buscan una audiencia de apelación.

"Al final del día, la financiación para el Seguro Social y la supervisión del programa es la responsabilidad del Congreso", dice Sweeney. "Es crucial que los senadores y miembros del Congreso escuchen a los socios de AARP y a otras personas preocupadas para exigir que el Seguro Social esté completamente financiado, sea receptivo y estable para las generaciones futuras".