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El proceso para presentar reclamaciones por discapacidad al Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (VA) es notoriamente complejo, y a menudo deja a los veteranos sin los beneficios y sin el apoyo que se han ganado y que les prometieron. Veteranos militares como Butler Obasogie, de 64 años, conocen muy bien esta lucha.
Obasogie prestó servicio en la Marina de Estados Unidos desde 1991 hasta 1993 durante la Guerra del Golfo, trabajando a bordo de un barco en el golfo Pérsico donde ayudó a suministrar municiones y otros materiales en apoyo de las operaciones de combate terrestres. Luego prestó servicio en el Ejército, desde 1996 hasta 1998. Actualmente, vive en Washington, D.C., en gran medida confinado en su hogar debido a graves problemas de salud que dice provienen de su servicio militar, incluyendo cáncer de próstata y dolor crónico que requiere que esté cerca de un baño en todo momento.

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"No salgo de la casa", dice. "No cuido de mi higiene yo mismo. Entonces, si recibo beneficios completos por discapacidad, tal vez pueda mejorar, cuidarme mejor y hacer algo".
A pesar de sus desafíos, Obasogie encuentra propósito en ayudar a sus hijos financieramente, especialmente ahora que recibe algunos beneficios por discapacidad. Pero el camino para obtener incluso esa compensación parcial fue largo y agotador. Durante más de dos décadas, presentó documentación, recopiló registros médicos y esperó, solo para que le dijeran, una y otra vez, que no era suficiente.
Cuando finalmente recibió una carta de aprobación, llegó con un costoso error: una fecha de entrada en vigor incorrecta, es decir, la fecha en la que debían comenzar los pagos de beneficios. Le costó más de un año de salario atrasado, dinero que necesitaba desesperadamente para visitar a sus familiares en el extranjero y sustentar a su familia.
Su experiencia no es única. En todo el país, los veteranos están siendo engañados o mal representados por una red de sistemas destinados a apoyarlos. Un informe de marzo del 2025 de un organismo de control gubernamental (en inglés) planteó la preocupación de que, si bien alrededor del 75% de los veteranos reciben ayuda acreditada de proveedores como las organizaciones de servicios para veteranos (VSO) y de abogados, la oficina de acreditación del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) se queda corta. Tiene dificultad para proteger a los veteranos de individuos no acreditados, cuenta con un sistema informático insuficiente y carece de automatización para tareas básicas. La falta de personal también ha llevado a retrasos y acumulaciones, encontró la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
El VA promociona su ritmo récord (en inglés) procesando reclamaciones de discapacidad: emitió más de 1 millón de decisiones antes del punto medio del año fiscal federal 2025 (el período más rápido en que ha alcanzado este hito), con una tasa de aprobación superior al 60%. Pero esas cifras no cuentan toda la historia. El 40% restante de esas reclamaciones fueron denegadas, y entre los casos aprobados, algunos veteranos recibieron pagos incorrectos.
Una revisión de abril del 2025 de las reclamaciones bajo la Ley PACT —en el 2022, la Ley PACT amplió la atención médica y los beneficios del VA para aquellos militares expuestos a las fosas de incineración, el agente naranja y otras sustancias tóxicas— encontró que a casi 1 de cada 4 veteranos se le asignó la fecha de entrada en vigor incorrecta. Esto resultó en pagos indebidos estimados de $6.8 millones, que podrían incluir sobrepagos, pagos insuficientes, pagos realizados a veteranos que no cumplían los requisitos y pagos realizados sin la documentación requerida, según el informe de la Oficina del Inspector General (OIG, en inglés) del VA.
Un sistema diseñado para ayudar pero que está fallando
Los problemas de salud de Obasogie surgieron de su servicio en la Marina durante la Guerra del Golfo. Pasó largos días suministrando municiones y manteniendo su barco. Durante aproximadamente 16 horas al día, siete días a la semana, él estaba de pie en una cubierta de hierro realizando sus deberes, sin darse cuenta de que el dolor crónico en sus pies, espalda y rodillas se debía a una condición no diagnosticada: pies planos.
Ese desgaste físico se vio agravado por el trauma emocional. Como inmigrante nigeriano, Obasogie dice que sufrió acoso persistente durante su tiempo a bordo del barco, lo que contribuyó a una depresión a largo plazo. Además, desarrolló más tarde cáncer de próstata, un trastorno que ahora el VA presume que es causado por la exposición a sustancias tóxicas durante el servicio militar en la Guerra del Golfo, lo cual Obasogie experimentó durante su despliegue.
A partir de 1994, Obasogie trabajó con varias organizaciones de servicios para veteranos, presentando múltiples reclamaciones por discapacidad, pero lo que recibió fueron denegaciones.
"Estoy sufriendo dolor en mi cuerpo. Nadie me ayudaba, nadie me asistía", dice de aquel tiempo.
Después de años de navegar por el sistema, Obasogie finalmente se comunicó con la Asesoría Legal para Adultos Mayores (LCE).

"Él estaba trabajando con muchas personas diferentes, y todos presentaron todas estas reclamaciones bajo diferentes teorías. Entonces, cuando me asiagnaron el caso, fue bastante difícil averiguar qué casos estaban pendientes, qué pruebas se habían presentado y qué reclamaciones adicionales necesitaban presentarse", dice Swapna Yeluri, una abogada sénior de la LCE que representa a Obasogie actualmente. La organización sin fines de lucro afiliada a AARP proporciona servicios legales y sociales gratuitos a los adultos mayores que viven en Washington, D.C.
El largo trayecto de Obasogie destaca un problema más amplio: el sistema fragmentado en el que los veteranos deben navegar para tramitar las reclamaciones ante el Departamento de Asuntos de Veteranos. El VA acredita oficialmente a representantes externos como abogados, agentes de reclamaciones y VSO para ayudar a los solicitantes. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) descubrió que para noviembre del 2024, el VA había acreditado aproximadamente a 13,700 personas, incluyendo 8,100 representantes de VSO, 5,000 abogados y 500 agentes de reclamaciones. Pero sin un control de calidad constante o seguimiento del rendimiento, los veteranos quedan vulnerables a una representación desigual. Algunos reciben ayuda competente, mientras que otros, como Obasogie, son reubicados entre defensores bien intencionados pero ineficaces, lo que a menudo les hace perder tiempo y beneficios críticos en el proceso.
El informe de la GAO dijo que "el VA no ha desarrollado completamente planes que detallen cómo implementará y supervisará estas iniciativas del programa, en comparación con las prácticas de planificación sólidas identificadas en trabajos anteriores de la GAO".
No fue hasta que Obasogie se conectó con la Asesoría Legal para Adultos Mayores que su caso finalmente comenzó a tomar forma. Su equipo pudo revisar documentación de hace décadas de reclamaciones fragmentadas e identificar piezas clave de evidencia faltante para construir una solicitud coherente y lo suficientemente fuerte como para asegurar sus beneficios de discapacidad.
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