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AARP insta al tribunal a declarar que las negociaciones de Medicare sobre los precios de los medicamentos son constitucionales

Una nueva ley les da a los adultos mayores en Estados Unidos alivio de los precios excesivos, dice el informe legal.


spinner image Un hombre sostiene un cartel durante una protesta contra las compañías farmacéuticas que intentan revertir una nueva ley que permite a Medicare negociar los precios de los medicamentos recetados en las afueras de la oficina de Jones Day en Manhattan.
Activistas se movilizan contra las compañías farmacéuticas que están presentando demandas para detener las negociaciones sobre el precio de los medicamentos de Medicare.
Erik McGregor/LightRocket via Getty Images

Millones de adultos mayores en el país podrán costear medicamentos recetados que necesitan para vivir bajo una ley histórica que por primera vez permite que Medicare negocie los precios de algunos medicamentos costosos. Esa disposición debe mantenerse, dicen AARP y AARP Foundation en un informe legal presentado el 18 de septiembre en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

Justo cuando el proceso de negociaciones para los primeros 10 medicamentos recetados está en marcha bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), AARP presentó un informe de amicus curiae en una demanda entablada contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) por el gigante farmacéutico Merck & Co. El fabricante de medicamentos está pidiendo a un juez federal que declare inconstitucional la histórica disposición de las negociaciones de Medicare. 

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La demanda es una de las crecientes objeciones legales presentadas hasta ahora por las compañías farmacéuticas y los grupos empresariales en un intento de descarrilar la parte de la IRA dedicada a la negociación de medicamentos.

El medicamento de Merck para la diabetes, Januvia, está entre los primeros 10 medicamentos programados para las negociaciones de precios. Según AARP, el precio de lista de Januvia ha aumentado un 275% desde que entró en el mercado en el 2006, y el medicamento ha representado $21,600 millones en gastos de la Parte D de Medicare entre el 2017 y mayo del 2023.

Además, PhRMA (la asociación comercial de la industria farmacéutica), la Cámara de Comercio de EE.UU., Bristol Myers Squibb Co., Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim y Novartis Pharmaceuticals están presentando demandas contra el programa de negociación. 

Este es el segundo informe legal en el que AARP y AARP Foundation piden a los tribunales federales que mantengan la disposición de la nueva ley por la que AARP y otros defensores han luchado durante mucho tiempo. AARP presentó un informe de amicus curiae en agosto en el que instó a un tribunal federal de Ohio a que negara una solicitud de la Cámara de Comercio de EE.UU para evitar que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) implementaran el proceso de negociación. El 29 de septiembre, el tribunal denegó la solicitud de la Cámara, lo que significa que el proceso de negociación de medicamentos recetados de Medicare puede continuar. Está previsto que las negociaciones comiencen en octubre y los precios negociados entrarán en vigor en el 2026.

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Las negociaciones sobre los medicamentos son la clave de la nueva ley

El último informe de AARP dice que el “programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare es la piedra angular de la ley porque aborda el problema central: los precios descontrolados de los medicamentos”. El informe también dice que “Merck busca proteger la capacidad de la industria farmacéutica de cobrar precios irrazonables y astronómicos a expensas de lo que las personas con enfermedades crónicas necesitan para sobrevivir. Sus esfuerzos amenazan la salud financiera de Medicare”.

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Hasta que se aprobó la nueva ley sobre medicamentos, a Medicare se le prohibía negociar los precios de los medicamentos recetados. Según el informe, Merck quiere que las compañías farmacéuticas “vuelvan a obtener una exención especial —que ningún otro grupo de proveedores de atención médica tiene— que permitiría que las compañías farmacéuticas cobren a Medicare y a sus beneficiarios el precio que deseen por sus productos”.

Cada año, Medicare gasta más de $130,000 millones en medicamentos recetados. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), sin afiliación política, estimó que el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare ahorrará a Medicare y a los contribuyentes en el país casi $98,500 millones en 10 años.

“Permitir que el HHS negocie los precios de los medicamentos de Medicare es imprescindible porque, sin eso, las compañías farmacéuticas continuarán fijando los precios a niveles exorbitantes”, dice el informe. “Esto, a su vez, terminará negándoles a las personas mayores el acceso a medicamentos esenciales, aumentando las primas y poniendo en peligro la sostenibilidad de Medicare”.

Las investigaciones demuestran que los beneficiarios de Medicare, en promedio, toman entre cuatro y cinco medicamentos al mes y alrededor del 80% tienen al menos dos enfermedades crónicas que requieren que tomen medicamentos recetados para sobrevivir.  “La gran mayoría de los beneficiarios de Medicare tienen enfermedades crónicas que requieren tratamiento de por vida”, dice el nuevo informe.

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 Retrasar la ley perjudicaría a los adultos mayores

“Según la ley, millones de personas mayores ya tienen que esperar hasta el 2026 para comenzar a beneficiarse de los precios negociados por Medicare”, indica el informe de AARP Foundation Litigation sobre el caso de Ohio. Aunque el proceso de negociación ha comenzado, cualquier precio negociado no entraría en vigor hasta el 2026. “Una orden judicial preliminar los obligaría a esperar aún más”, dice el informe. “Las personas mayores no pueden darse el lujo de esperar”.

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Según la ley federal, una de las razones por las que un juez podría dictar tal orden es si considera que sería de interés público. “Detener el programa de negociación de los precios de los medicamentos antes de que siquiera comience no es de interés público”, dice el informe. “Por el contrario, solo reforzaría el daño sustancial que la nueva ley tiene como objetivo prevenir”.

Retrasar la implementación de la ley tendría efectos de gran alcance que van más allá de cómo perjudicaría a los beneficiarios actuales de Medicare. “Tenemos que comenzar el proceso para que el programa de Medicare sea sostenible en el futuro”, dice Kelly Bagby, vicepresidenta de AARP Foundation Litigation.

La decisión del tribunal de Ohio sobre si se debe emitir un mandato judicial será el primer dictamen en respuesta a las objeciones legales a la nueva ley. Se le había pedido al juez de ese caso que se pronunciara antes del 1.º de octubre. Se han entablado demandas ante tribunales federales de distrito en Connecticut, Delaware, Ohio, Texas, Nueva Jersey, Illinois y el Distrito de Columbia. Si los jueces de estas jurisdicciones dictan resoluciones conflictivas, el asunto podría ser decidido por la Corte Suprema de EE.UU.

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