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Trabajadores demandan a la universidad de Yale por su programa de bienestar

Los empleados se ven obligados a elegir entre su privacidad o el pago de multas, dice AARP Foundation.

Vista exterior del Vanderbilt Hall en la Universidad de Yale

Sandra Baker / Alamy Stock Photo

In English | Aproximadamente 5,400 empleados de Yale University fueron obligados a compartir su información médica privada con su empleador o pagar una multa costosa, según una demanda colectiva que AARP Foundation presentó en nombre de los trabajadores.

La demanda sostiene que, al cobrarles a algunos empleados $1,300 al año ($25 por semana) si no participan en el programa de bienestar en el lugar de trabajo que tiene la universidad, Yale viola tanto la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) como la Ley de no Discriminación por Información Genética (GINA). Estas dos leyes prohíben que los empleadores obtengan información médica o genética de sus trabajadores a menos que los empleados compartan la información en forma voluntaria.

“Este es un asunto particularmente importante para los trabajadores mayores, quienes tienen más probabilidad de tener discapacidades y enfermedades como diabetes, trastornos del corazón o cáncer, que pueden revelarse a través de los cuestionarios y exámenes de bienestar”, dijo Lisa Marsh Ryerson, presidenta de AARP Foundation, "y son los trabajadores de bajos ingresos los más afectados. Permitir que los empleadores coaccionen económicamente a los trabajadores para que divulguen su información personal de salud es una violación clara a la privacidad médica y a las protecciones que otorgan los derechos civiles".


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Los riesgos que conllevan los programas de bienestar en el lugar de trabajo para las personas mayores —que a menudo sufren la discriminación por edad porque los empleadores piensan que su cobertura de salud será costosa— son problemas por los que AARP ha luchado durante años. En agosto del 2017, AARP demandó a la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) (Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo) para invalidar reglamentaciones federales sobre el bienestar que permitían que los empleadores penalizaran a los trabajadores que no participaran en los programas de bienestar de las empresas. AARP ganó esa demanda.

“Bajo la ley federal, la divulgación de información genética y médica y de resultados de laboratorio en los programas de bienestar en el lugar de trabajo debe ser voluntaria”, dijo William Alvarado Rivera, vicepresidente sénior de la división de Litigios de AARP Foundation. "Los trabajadores deben tener la libertad de escoger si desean divulgar su información personal de salud en el lugar de trabajo, tal como fue la intención del Congreso".

Según la demanda judicial —que AARP Foundation entabló conjuntamente con el bufete de abogados Garrison, Levin-Epstein, Fitzgerald & Pirrotti, una firma de Connecticut especializada en derechos civiles—, el programa de Yale, llamado Health Expectations (HEP), exige que ciertos empleados sindicalizados se sometan a una gran variedad de exámenes médicos. Los exámenes incluyen mamografías, colonoscopías y pruebas de detección de diabetes, entre otros, y los proveedores de servicios de salud de la universidad tienen acceso a los resultados. A los empleados que prefieren mantener la privacidad de su información médica o no participar en dichos exámenes se les cobra automáticamente $25 por semana.

Esta disposición obliga a los empleados a tomar decisiones incómodas y costosas. Por ejemplo, Christine Turecek, de 57 años, trabaja como cocinera en Yale, una institución que reportó activos netos totales de $32,000 millones en el 2018. Aun cuando ha tenido una mastectomía doble (extirpación de los senos) durante su lucha contra el cáncer, el programa Health Expectations exigía que se hiciera mamografías  —exámenes que ya no tenían ninguna utilidad— para evitar la multa. Turecek, una de los principales demandantes, dijo que tuvo que tener muchas conversaciones con el programa de bienestar sobre las mamografías, conversaciones que  —dice— fueron “demasiado invasivas” y agotadoras emocionalmente porque tuvo que recordar una y otra vez sus vivencias del cáncer, según describe la demanda.

Lisa Kwesell, otra demandante de 56 años, trabaja a tiempo parcial como ayudante de servicio en la universidad. Participa en el programa de bienestar porque no puede permitirse que su paga semanal neta de $408 se reduzca en $25 todas las semanas, según afirma la demanda. “[Yale] quiere que coma sano. No podría comprar buenas frutas y verduras ni buena carne si me cobran una multa de $25 por semana", explica en la demanda. “Otros $1,300 menos [al año] de salario me perjudicaría”.

"La penalidad semanal es un alto precio a pagar por la privacidad y la protección contra la discriminación", sostiene la demanda.

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