Un informe del Seguro Social predice déficit del fondo fiduciario para el 2035

“No hay tiempo que perder”

El informe evalúa la salud fiscal del Seguro Social en los próximos 75 años, basándose en las tendencias económicas y actuariales que determinan cuánto recauda el programa en impuestos y otros ingresos, y cuánto paga en beneficios por jubilación, a sobrevivientes, a familiares y por incapacidad.

Durante décadas, después de que el Congreso aprobara una reforma bipartidista de la estructura financiera del Seguro Social en 1983, el programa acumuló reservas a medida que el crecimiento de los ingresos superaba los costos. Pero el equilibrio se ha alterado en los últimos años con una disminución de las tasas de natalidad y un número cada vez mayor de jubilados (y, a menudo, con una vida más larga), lo que significa que hay menos trabajadores contribuyendo al sistema por cada beneficiario. 

En el 2023, los ingresos del Seguro Social alcanzaron $1,351 billones y los gastos (incluidos los costos administrativos de funcionamiento del programa) fueron $1,392 billones, lo que reduciría su reserva de $2.83 billones a unos $2.79 billones. Según las nuevas proyecciones, esa reserva desaparecería para el 2035.

Eso no significa que se acabarían los pagos del Seguro Social, sino que se financiarían únicamente con los ingresos anuales del impuesto sobre la nómina. Los administradores estiman que cubrirían alrededor del 83% de los pagos de beneficios programados.

La modesta mejora en las perspectivas de los fondos fiduciarios no significa que “haya ningún movimiento real en la dirección correcta”, dice Emerson Sprick, director asociado del Programa de Política Económica del Centro de Política Bipartidista. “Los fideicomisarios han proyectado que el agotamiento de los fondos fiduciarios se producirá en un plazo de tres años [a mediados de la década de 2030] durante los últimos 13 años, y la escala del cambio necesario significa que no hay tiempo que perder”, afirma.

“Es fácil quedar atrapado en el 2033 o el 2034 y perderse el panorama general”, dice Linda Stone, becaria jubilada de la Academia Estadounidense de Actuarios.

“Realmente es una cuestión demográfica. Hay 11,000 baby boomers que cumplen 65 años al día. Hay un número limitado de personas que nacen cada año. Entonces, esa proporción de personas en la fuerza laboral o que podrían estar en la fuerza laboral en comparación con los beneficiarios, eso realmente no puede cambiar”, dice. “Tendrán que realizarse otras reformas para que el programa sea solvente”.

Recorte de los beneficios de jubilación

La fecha de agotamiento del 2035 y el pago del 83% reflejan un análisis combinado de los dos fondos fiduciarios del Seguro Social: el seguro para envejecientes y sobrevivientes (OASI), que paga los beneficios de jubilación y para sobrevivientes, y el seguro por incapacidad (DI), que cubre los beneficios por discapacidad. En realidad, los fondos funcionan por separado y están en muy distinto estado.

Según el nuevo informe, el fondo del OASI, mucho mayor, podría cubrir íntegramente los pagos previstos hasta el 2033 —la misma fecha que los administradores proyectaron el año pasado—, fecha a partir de la cual los beneficios de jubilación y de sobrevivientes serían un 21% más bajos. Según las estimaciones, el fondo de beneficios por discapacidad se mantendrá intacto y pagará íntegramente los beneficios programados al menos hasta el 2098, el período completo de 75 años que abarca el informe.

Para evitar cualquier déficit, el Congreso tendría que tomar medidas durante la próxima década para hacer frente a las finanzas del Seguro Social, por ejemplo, recortando los beneficios, aumentando los impuestos, asignando otros ingresos públicos al programa o combinando elementos de estos planteamientos.

Una nueva encuesta de AARP (en inglés), que evalúa la opinión de los adultos mayores del país sobre el Seguro Social y Medicare, revela que casi el 90% de los adultos mayores de 50 años teme que se recorten los beneficios y más del 90% desea que demócratas y republicanos colaboren para resolver los problemas financieros de los programas.

“El Congreso puede y debe tomar medidas para prolongar la salud financiera del fondo fiduciario en un futuro previsible, al igual que hizo en el pasado sobre una base bipartidista”, declaró en un comunicado Martin O'Malley, comisionado del Seguro Social. “Que el Congreso decida eliminar el déficit aumentando los ingresos, reduciendo los beneficios o alguna combinación es una cuestión de preferencia política, no de asequibilidad”.