Vida Sana
Un cambio en la ley tributaria del 2017 presenta un problema adicional para las víctimas de estafas. Están obligadas a pagar impuestos federales sobre el dinero que perdieron.
Es una pesadilla, como Kate Kleinert sabe por experiencia. En agosto del 2020, la secretaria jubilada y viuda comenzó un romance en internet con un hombre que se hacía pasar por un cirujano de las Naciones Unidas en Irak. Mientras supuestamente viajaba para reunirse con ella en Pensilvania, le dijo que había sido arrestado y necesitaba $20,000 para pagar la fianza. La estafa acabo costándole $39,000. Más tarde, su contador de impuestos le dio una noticia devastadora: debía $5,000 en impuestos federales sobre las pérdidas.
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“Al principio no le creí”, señala Kleinert. “No espero que el Gobierno me devuelva el dinero que perdí a causa de la estafa. Pero no obtener un descuento fiscal, cuando existen cientos de descuentos tributarios frívolos para personas que apenas los necesitan, fue otro duro golpe”. (Kleinert ahora trabaja con AARP para luchar contra el fraude.)
“El delincuente les robó la mayor parte de sus ahorros de toda la vida y ahora el Gobierno exige que paguen el resto”, dice Christopher Anderle, director de la Clínica de Impuestos para Contribuyentes de Bajos Ingresos de Legal Action of Wisconsin (LAW). “El impuesto sobre la renta debería gravar a las personas que tienen la capacidad de pagar. Las víctimas de robo han perdido la capacidad de pagar. Por ese motivo antes podían deducir la pérdida”.
El informe de abril del 2024 “Scammed Then Taxed”, del Comité Especial del Senado sobre el Envejecimiento, ofreció más ejemplos de víctimas de estafas que tuvieron que además pagar impuestos. Entre ellas se encontraba Helen, una jubilada de California que perdió $277,000 — casi la totalidad de sus ahorros de toda la vida— a manos de ciberdelincuentes que se hicieron pasar por agentes de Microsoft. Ahora enfrenta una posible deuda impositiva de $60,000.
Por qué cambió la ley y sus consecuencias
¿Por qué se eliminó la deducción? “Nadie realmente lo sabe”, dice Anderle. “Por lo general, los comités dan explicaciones sobre las decisiones específicas. En este caso no sucedió así. Fue un proceso apresurado. No se ofreció ninguna justificación oficial de por qué las víctimas de robo debían experimentar un incremento impositivo tan dramático.
Mientras tanto, es probable que la ley afecte a un número cada vez mayor de personas a medida que las estafas se vuelven más sofisticadas y frecuentes. Las personas en el país perdieron más de $10,000 millones por fraude en el 2023, un aumento del 14% desde el 2022 y un asombroso incremento del 317% desde el 2019, según reportó la Comisión Federal de Comercio en febrero del 2024. Y aún así, las pérdidas pueden ser mayores de lo que indican las cifras oficiales, ya que muchas víctimas no reportan sus pérdidas ni obtienen asistencia tributaria, advierte Anderle.
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