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El Cuidado de la Salud a Bajo Precio ayuda a combatir el coronavirus, pero no es suficiente

Diez años después de aprobarse la ley, muchos más adultos mayores tienen cobertura de salud.


spinner image Una enfermera con uniforme protector examina a una persona en su auto
Una enfermera con equipo de protección personal (EPP) se prepara para hacer una prueba de coronavirus con un hisopo el 23 de marzo del 2020 en un sitio de pruebas desde el automóvil en Cummings Park en Stamford, Connecticut.
JOHN MOORE/GETTY IMAGES

Mientras nuestra nación atraviesa la pandemia de COVID-19, se celebra un importante aniversario en la atención médica: esta semana se cumple el décimo aniversario de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ley ACA). La histórica ley del 2010, que reformó el sistema de salud, generó profundos cambios en el sistema de atención médica de Estados Unidos.

Estos dos acontecimientos históricos, la ley ACA y nuestra respuesta a la pandemia, guardan un estrecho vínculo.

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Gracias a la ACA, la cantidad de habitantes con cobertura médica aumentó en más de 20 millones (en inglés), algo crucial en un momento en el que muchos de ellos, especialmente las personas mayores y quienes tienen problemas de salud, necesitan tener acceso a atención médica para salvar su vida. Si no fuera por la ampliación de la cobertura de atención médica y las protecciones que dispone la ley ACA, actualmente serían muchos más los adultos de 50 a 64 años sin cobertura médica que aún no pueden recibir Medicare.

O estarían preocupados por si su plan de salud cubriría los gastos relacionados con la COVID-19. Y desafortunadamente, a medida que aumenta el desempleo y las personas pierden el acceso a un seguro de salud por medio del trabajo, puede haber más personas que necesiten depender de la cobertura que dispone la ley ACA.

Las altas tasas de personas sin seguro, incluso en un estado en particular, pueden hacer más difícil controlar la propagación de un virus como el coronavirus, lo que trae consecuencias para todos nosotros.

Si bien la prioridad debe ser hacer frente a la crisis inminente, la pandemia de COVID-19 hace evidentes las áreas en las que nuestro sistema de cobertura de salud funciona, en parte debido a la ley ACA. También ha revelado cuáles son las áreas que necesitan mejoras importantes.

Ante esta crisis de salud pública sin precedentes, no solo debemos tomar medidas inmediatas para garantizar que los servicios de pruebas, tratamiento y recuperación sean asequibles y estén disponibles para responder a las necesidades urgentes, sino que también debemos emprender tareas a largo plazo a partir de las gestiones de la ley ACA para mejorar la cobertura y la asequibilidad para los adultos mayores.

Sin embargo, en los últimos años la ley se ha debilitado.

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Reformas clave de la ley ACA y brechas cada vez mayores

Las reformas que la ley ACA generó en el mercado del seguro médico individual fueron fundamentales para ampliar la cobertura del seguro de salud para los adultos mayores. Antes de esta ley, a muchos adultos mayores que no tenían acceso a cobertura por medio de su trabajo se les negaba una cobertura asequible debido a su edad, su salud o una enfermedad preexistente.

Por primera vez, la ley ACA les garantizó a las personas del país el acceso a la cobertura de seguro médico, limitó la variación de las primas según la edad (en inglés), dispuso protecciones para las personas que tenían enfermedades preexistentes y dispuso asistencia financiera para ayudar a quienes perciben ingresos bajos y moderados a pagar las primas y los gastos de bolsillo. Estas protecciones para el consumidor ahora aseguran que millones de adultos mayores no tengan que preocuparse por si tienen cobertura de seguro integral, en especial durante una emergencia de salud pública como el brote de coronavirus.

Según la ley ACA, los planes de seguro médico también deben cubrir diez beneficios médicos esenciales, que incluyen servicios preventivos y de diagnóstico (que deberían cubrir las pruebas de detección de COVID-19, en inglés), servicios de emergencia, hospitalizaciones y cobertura de medicamentos recetados. Estos beneficios son particularmente importantes para los adultos mayores, ya que al tener más probabilidades de padecer trastornos crónicos de salud, tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por la COVID-19 que pueden requerir hospitalización, medicamentos o ambos servicios.

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La ley ACA dispuso la cobertura de más personas, pero es necesario hacer más.

Las reformas de la ley ACA en el mercado del seguro médico individual y la ampliación del programa Medicaid dieron lugar a una reducción del 43% en la tasa de personas sin seguro entre los adultos de 50 a 64 años entre el 2013 y el 2016, los primeros años de la implementación de la ley. La inscripción de adultos mayores en el mercado del seguro de salud individual aumentó un 65% durante el mismo período.

Sin embargo, las primas aumentaron en el 2017 al concluir el programa federal de reaseguro de transición de la ley ACA. En el 2018, las primas aumentaron con la inestabilidad del mercado debido a factores tales como el debate federal para derogar la ley y el mandato individual (que se modificó en la última ley de reforma fiscal), la interrupción de los pagos federales de reducción de costos compartidos y una reducción considerable de las gestiones federales de inscripción y publicidad.

El resultado: la inscripción individual de personas mayores disminuyó del 10 al 9%, y la tasa de personas sin seguro aumentó del 8 al 8.6%. Esto significa que en el país hay menos personas mayores que tienen la tranquilidad de contar con una cobertura de seguro integral.

Las diferencias entre los estados en cuanto a la inscripción individual y la tasa de personas sin seguro entre los adultos de 50 a 64 años también podrían tener importantes consecuencias en la propagación y el impacto de la COVID-19. Por ejemplo, al 2018 la tasa de personas sin seguro era del 17% en Texas, pero solo del 3% en Washington, D.C., Rhode Island y Massachusetts.

Las altas tasas de personas sin seguro en ciertos estados, consecuencia de la economía y de decisiones estatales como la de ampliar o no Medicaid conforme a la ley ACA, pueden dar lugar a que las gestiones estatales para contener la propagación de la COVID-19 sean muy difíciles. Las personas que no tienen seguro tal vez eviten hacerse una prueba o recibir tratamiento debido al costo.

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Continuar la labor iniciada con la ley ACA para responder a la COVID-19

Podemos continuar la labor iniciada con la ley ACA para mejorar la cobertura de los adultos mayores. Los líderes electos de nuestra nación, los funcionarios estatales y las compañías de seguro deberían trabajar en conjunto para asegurar que todos puedan tener acceso oportuno a servicios asequibles de prueba, tratamiento y recuperación relacionados con la COVID-19 y que estén protegidos contra los altos gastos de bolsillo.

Por ejemplo, los servicios relacionados con la COVID-19 deberían estar disponibles para las personas que tienen cobertura individual sin costos compartidos y como servicios cubiertos antes de completar el pago del deducible. Los legisladores deberían eliminar los obstáculos como la autorización previa para recibir dichos servicios relacionados con la COVID-19 y prohibir las facturas médicas sorpresa.

Los legisladores también deben trabajar para mejorar el acceso a servicios asequibles similares relacionados con la COVID-19 para las personas que no tienen seguro y quienes tienen seguro insuficiente, por ejemplo con la extensión de los períodos especiales de inscripción, incluso para los que tienen planes a corto plazo que no cumplen con las protecciones de los consumidores que dispone la ley ACA. Estos planes podrían causar el aumento de los costos en el mercado individual y también ofrecer beneficios limitados que pueden no cubrir ciertos servicios esenciales, como el costo de las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 o su tratamiento.

La semana pasada, el Congreso tomó la primera medida para promulgar la “Families First Coronavirus Response Act” (Ley de familias primero en respuesta al coronavirus). Además, algunos estados ya han demostrado su liderazgo y han dispuesto que las compañías de seguro no exijan los costos compartidos para las pruebas y el tratamiento de la COVID-19. Algunos han vuelto a abrir sus mercados de seguro de salud para ampliar la cobertura y el tratamiento de las personas que no tienen seguro ante la pandemia de coronavirus. Aún queda mucho por hacer.

Nuestros líderes electos deben continuar ampliando el acceso a una cobertura integral y asequible que les brinde a todos los habitantes la protección adecuada contra el costo de la atención médica. Los estados que no han ampliado el programa Medicaid deberían hacerlo. Los legisladores deberían trabajar para reducir los costos de la atención médica por medio de gestiones tales como el reaseguro, la ampliación de la asistencia financiera para asegurar que la cobertura sea asequible y el aumento de fondos para las actividades de divulgación e inscripción.

La crisis del coronavirus presenta desafíos inminentes para todos. Sin embargo, la crisis también destaca un problema grave que permanecerá entre nosotros. Un sistema de atención médica en el que todos los habitantes estén cubiertos y puedan pagar los servicios de atención preventiva, tratamiento y recuperación puede amparar la seguridad de todos nosotros e incluso, en último caso, salvar vidas.  

Para obtener más datos e información sobre las tendencias y las características de los beneficiarios mayores en el mercado individual, consulta nuestras dos nuevas hojas informativas (en inglés) del Instituto de Política Pública de AARP. También hay otros datos a nivel estatal sobre los mercados para personas sin seguro o con seguro individual en AARP DataExplorer (en inglés), una herramienta interactiva de visualización de datos.

Jane Sung (en inglés) es asesora sénior de política estratégica del Instituto de Política Pública de AARP. Se especializa en el seguro médico privado, Medicare Advantage y el seguro complementario de Medicare.

Olivia Dean (en inglés) es analista sénior de investigación de políticas del Instituto de Política Pública de AARP. Se especializa en la salud pública, las desigualdades en la atención médica, la cobertura privada y las nuevas tendencias de salud.

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