Vida Sana
Gloria Single tenía 82 años y sufría de demencia cuando el hogar de ancianos donde vivía con su esposo Bill, en Sacramento, la envió a un hospital después de que ella se alterara y supuestamente arrojara utensilios a otros residentes en el comedor. Unas horas más tarde, el hospital la examinó y le dio el alta, pero el hogar de ancianos no permitió que regresara, una táctica utilizada para el desalojo forzoso de residentes.
"Recuerdo que iba a visitarla y llorábamos juntos”, cuenta su hijo, Aubrey Jones, de 63 años, acerca de las visitas iniciales al hospital, en el 2017. Ella estaba desorientada, desesperada por volver a casa y preguntaba dónde estaba Bill. “Ese período en el hospital fue horrible”.
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Jones cuestionó el alta de Pioneer House —que forma parte del establecimiento de Cathedral Pioneer Church Homes II— durante una audiencia administrativa ante el Departamento de Servicios de Atención Médica de California y ganó, lo cual dio lugar a una orden que exigió que Pioneer House volviera a admitir a su madre. Pero el centro y su organización matriz, Retirement Housing Foundation, se negaron a cambiar su postura.
Los abogados que aceptaron el caso de Single dicen que el hogar de ancianos ignoró la orden de readmisión, y el estado no hizo nada para exigir que se hiciera cumplir. AARP Foundation, que ayuda a defender a personas vulnerables mayores de 50 años a través de la defensa jurídica, entabló una demanda contra Pioneer House y Retirement Housing Foundation (enlace en inglés) en nombre de Single. La semana pasada, un tribunal de California dictaminó que sus derechos habían sido violados. El dictamen podría ser un arma en la lucha contra los desalojos forzosos en California y en otros lugares.
Es difícil saber con qué frecuencia se produce el desalojo forzoso de residentes porque “es el delito perfecto”, dice Kelly Bagby, abogada de AARP Foundation. “Si no les dices a las personas que tienen derechos procesales, no presentarán una apelación y no habrá pruebas documentales”.
Pero los datos más recientes de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, un grupo líder de defensa, sugieren que las preocupaciones sobre los desalojos ilegales e injustificados están creciendo. “Aunque se desconoce el número exacto de este tipo de altas, las quejas sobre los desalojos iniciados por los hogares de ancianos son las más comunes que recibió el programa de defensoría en materia de cuidados a largo plazo durante los últimos nueve años”, dijo en un correo electrónico Robyn Grant, directora de políticas públicas y defensa del grupo.
El problema de los desalojos forzosos recibió atención nacional cuando The New York Times (enlace en inglés) investigó un aumento en los casos el año pasado, en plena pandemia de COVID-19. El reportaje del periódico incluyó historias de residentes vulnerables de hogares de ancianos que fueron abandonados en refugios para personas sin hogar o en moteles destartalados.
Por su parte, Single languideció en el hospital durante más de cuatro meses después de ser desalojada, hasta que su hijo finalmente encontró un centro que la admitió. Al carecer de la estimulación adecuada, Single perdió su capacidad para caminar, sus habilidades verbales y cognitivas decayeron y dejó de preguntar por su esposo, al que nunca volvió a ver.
"Hay que actuar con decencia"
El objetivo de la demanda de AARP Foundation y BraunHagey & Borden contra Pioneer House, Retirement Housing Foundation y los otros cinco centros de enfermería especializada de la organización en California es obligar a los centros a seguir las normas de proceso debido para dar de alta, y exigir que el estado asegure el cumplimiento de las leyes.
Las leyes de California requieren que los hogares de ancianos avisen con 30 días de anticipación y ofrezcan una audiencia de proceso debido antes de que un residente pueda ser dado de alta. Los centros deben documentar las razones de la expulsión de un residente y deben ayudarlos a encontrar otro lugar para vivir. También deben reservar la cama de los residentes que han sido hospitalizados temporalmente. Solo en circunstancias limitadas, como en el caso de que un centro se cierre, se puede desalojar a los residentes contra su voluntad sin que se proporcionen estas protecciones.
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