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AARP presenta un cargo contra un programa de bienestar en el lugar de trabajo en Illinois

Trabajadores de la construcción enfrentan multas de seguro médico hasta de $2,400 al año.


spinner image Primer plano de una cinta métrica retráctil
GETTY IMAGES

Muchos trabajadores de la empresa de construcción Austin Industrial deben tomar una decisión difícil, según un nuevo cargo que AARP Foundation Litigation (AFL) ha presentado ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) contra Austin y su empresa matriz, Austin Industries. Si los empleados optan por participar en el programa de bienestar en el lugar de trabajo de la empresa, podrían verse obligados a revelar información confidencial sobre su salud. Pero si deciden no sumarse, deberán pagar hasta $2,400 en multas cada año.

Según la acusación presentada ante la EEOC, este programa de bienestar infringe la protección de 800 empleados de Austin Industrial contra la discriminación en base a discapacidades e información genética, y también podría infringir esas protecciones para los 6,000 empleados de Austin Industries en todo el país. Las dos leyes federales que protegen a los trabajadores contra este tipo de discriminación son la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de No Discriminación por Información Genética (GINA).

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“AARP Foundation ha luchado durante mucho tiempo en nombre de los trabajadores que quieren mantener su información médica y genética privada”, dice William Alvarado Rivera, vicepresidente sénior de Litigios. “La ley federal prohíbe que un empleador recopile información médica y genética de un empleado a menos que el empleado proporcione la información. Cuando el programa de bienestar de un empleador penaliza considerablemente a un empleado por no participar, no se puede denominar 'voluntario', y eso constituye una clara violación de la ley”.

El programa de bienestar de Austin exige que los empleados y sus cónyuges se sometan a exámenes biométricos y cumplan con estándares específicos de bienestar, como alcanzar ciertos requisitos de peso. Los empleados y cónyuges que no participen en el programa o no cumplan con sus requisitos deben pagar altos cargos adicionales por las primas de seguro de entre $1,200 y $2,400 al año.

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Para los trabajadores como Shawn Jones, a quien representa AFL, los recargos suponen una gran parte de sus ingresos anuales. En el otoño del 2021, Jones empezó a trabajar para una subsidiaria de Austin en Decatur, Illinois. Él y su cónyuge deben completar las pruebas biométricas del programa de bienestar antes de septiembre del 2022 o tendrán que empezar a pagar los cargos adicionales. Para Shawn y otros trabajadores como él, estos cargos equivalen a varios meses de pagos de servicios públicos o de gastos del supermercado, un impacto financiero que es difícil de sobrellevar, particularmente en tiempos de alta inflación.

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AFL ha logrado ayudar con éxito a los trabajadores a defenderse contra este tipo de políticas de bienestar en el lugar de trabajo, que penalizan a los empleados que no desean proporcionar datos confidenciales de salud a su empleador. En marzo del 2022, AFL logró un acuerdo de $1.29 millones para 5,400 trabajadores en Yale University que presentaron demandas contra el programa de bienestar de esa institución. En el 2016, AFL prevaleció en una demanda contra la EEOC, en la que se argumentó que las reglamentaciones que permiten a los empleadores imponer multas de hasta el 30% de las primas mensuales de seguro en sus programas de bienestar, resultaron en multas tan altas que hicieron que esos programas fueran “involuntarios”. La EEOC no ha emitido reglamentaciones posteriores, y algunos empleadores han seguido imponiendo multas y recargos por no participar en los programas de bienestar.

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