Departamento de Justicia contra redes llamadas automatizadas

Redes internacionales de crimen organizado

Antoinette Bacon, fiscal general auxiliar adjunta y coordinadora de la National Elder Justice Initiative del Departamento de Justicia, dijo: "Cuando el teléfono timbra, los adultos mayores no deberían tener que preocuparse sobre si quien los llama es un amigo o un estafador. Hoy, estamos dando un paso más cerca de eliminar las organizaciones delictivas transnacionales que victimizan a nuestros adultos mayores".

Una de las acusaciones es contra Ecommerce National LLC, que opera bajo una variedad de nombres y es propiedad de Nicholas y Natasha Palumbo, de 38 y 33 años respectivamente, y residentes de Scottsdale, Arizona. Otra compañía acusada es Global Voicecom Inc., que también operaba bajo otros nombres y es manejada por su propietario, Jon Kahen, de 45 años y residente en Great Neck, Nueva York. Los abogados del Gobierno están solicitando ante el tribunal órdenes de restricción temporales como un primer paso para desactivar estas operaciones. Esto no representaría el fin de las llamadas automatizadas, pero sería un "enorme paso hacia adelante", dijo Hunt.

AARP (Adaptada de la gráfica del Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Estas medidas históricas se producen luego de que en el 2019, las personas en el país fueran víctimas del número sin precedente de 58,500 millones de llamadas automatizadas, de las cuales 25,900 millones, o el 44%, eran estafas, según estimaciones de la industria, provistas por YouMail, una empresa de Irvine, California, que ofrece servicios de bloqueo de llamadas automatizadas. De las llamadas automatizadas que no eran estafas, YouMail indicó que 13,000 millones fueron alertas y recordatorios; 11,400 millones, recordatorios financieros y 8,000 millones fueron llamadas de telemercadeo.

Al anunciar los procedimientos civiles, otros funcionarios federales que dialogaron con los reporteros sobre la investigación en curso incluían a Gail Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social, y Gary Barksdale, director del Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el brazo ejecutor de la ley del Servicio Postal.

A finales del 2019, el presidente firmó una ley, conocida como la ley TRACED, una medida cuyo objetivo es frenar las llamadas automatizadas. La ley reforzó el poder de la Comisión Federal de Comunicaciones y requirió que la comisión informe al Departamento de Justicia las violaciones repetidas de llamadas automatizadas. El procesamiento criminal es una herramienta solo si las autoridades encuentran que las llamadas automatizadas estaban destinadas a defraudar, causar daño u obtener algo de valor de manera ilícita. Las acciones anunciadas el martes son asuntos civiles, pero las autoridades no descartan someter cargos criminales también.