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Lo que significa el fin de las declaraciones de emergencia por la COVID para los adultos mayores

Muchas personas podrían ver cambios en los cargos y la cobertura a partir de ahora.

Tratamientos contra el coronavirus.
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES

Las emergencias nacionales y de salud pública por la COVID-19 que entraron en vigor a principios del 2020 terminarán el 11 de mayo, anunció la Casa Blanca el 31 de enero. Esto marcará un final simbólico a una pandemia que ha cobrado la vida de más de 1.1 millones de personas en el país.  

Nunca hay un momento perfecto para poner fin a una emergencia como esta, dice el Dr. Joshua Sharfstein, vicedecano de Prácticas de Salud Pública y Participación Comunitaria de la Facultad Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins. Pero, dijo, “Creo que esto refleja el hecho de que la COVID está mucho más controlada que hace un par de años”.

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Desde el 2020, se han aprobado vacunas que pueden ayudar a evitar que las personas se enfermen gravemente de una infección por coronavirus, y ahora hay tratamientos que pueden ayudar a evitar las complicaciones de la COVID. También tenemos un mayor acceso a pruebas rápidas y convenientes, y a mascarillas de alta calidad para disminuir la propagación.

Pero el final de las declaraciones de emergencia debido a la pandemia dará lugar a una ola de cambios que afectarán cuántas personas tienen acceso a estas herramientas.

“Uno de los cambios más inmediatos que las personas notarán es que tal vez se les exija pagar por cosas o enfrentar costos compartidos por servicios que han estado recibiendo gratis bajo el estado de emergencia de salud pública”, dice Juliette Cubanski, subdirectora del programa de políticas de Medicare en KFF, también conocida como Kaiser Family Foundation. Y cuánto termines pagando dependerá del tipo de seguro que tengas, agrega.

Pagar por las vacunas

Medicare y Medicaid cubrirán completamente las vacunas contra la COVID-19 para sus beneficiarios, y la mayoría de las personas con seguro privado también estarán cubiertas, detalla un nuevo informe (en inglés) de la KFF. Pero las personas sin seguro de salud tendrán que pagar por las vacunas una vez que se agote el suministro federal, explica Cubanski. No está claro cuánto tiempo tomará llegar a ese punto, pero podría suceder dentro del próximo año o dos, dice Anna D. Sinaiko, profesora adjunta de Economía y Política de la Salud en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Pfizer sugirió recientemente que el precio de su vacuna de dos dosis contra la COVID podría variar de $110 a $130 por dosis, mientras que Moderna ha dicho que cada una de sus vacunas de dos dosis podría costar hasta $100 en el mercado comercial. Todavía se desconoce la frecuencia con la que los adultos necesitarán la vacuna. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha propuesto un programa anual de refuerzo para la mayoría de los adultos, pero las personas con mayor riesgo pueden necesitar inyecciones más frecuentes.

Los consumidores deberán pagar por las pruebas

Las pruebas de COVID en el hogar han sido gratuitas para muchas personas en el país durante aproximadamente un año. Los beneficiarios suscritos a la Parte B de Medicare, que cubre las visitas al médico y otros servicios ambulatorios, han calificado para recibir hasta ocho al mes sin costo; los planes de salud privados también las han estado cubriendo. Pero cuando terminen las declaraciones de emergencia, ya no será así.

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Cubanski dice que es muy probable que las personas con Medicare Original tengan que pagar de su bolsillo por las pruebas en el hogar, aunque las pruebas solicitadas en el consultorio del médico aún estarán completamente cubiertas. Las personas con planes Medicare Advantage o seguro privado también pueden tener que comenzar a pagar por algunas o todas estas pruebas de venta libre, agrega Cubanski. Y para las personas con Medicaid, la cobertura para las pruebas en el hogar variará según el estado, aunque las pruebas solicitadas por un médico seguirán estando cubiertas, según la KFF.

En la actualidad, las personas en el país todavía pueden pedir cuatro pruebas caseras gratuitas de COVID por hogar al Gobierno federal. El consejo de Sinaiko: encarga varias para tenerlas a la mano mientras puedas.

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Puede que tengas que pagar por los tratamientos

Los tratamientos antivirales orales como Paxlovid y un medicamento similar llamado Lagevrio (molnupiravir) han ayudado a evitar la hospitalización para muchos adultos con COVID-19. Y desde que estuvieron disponibles a fines del 2021, han sido gratis para las personas en el país.

Estos antivirales orales todavía estarán cubiertos para los beneficiarios de Medicare con un plan de medicamentos recetados de la Parte D o planes Medicare Advantage que cubran los medicamentos recetados, al menos hasta que se agote el suministro federal. A partir de ese momento, podría requerirse el pago de costos compartidos, según tu plan, advierte KFF.

Cuando se trata de Medicaid, KFF señala que una vez que el período de cobertura establecido por el Plan de Rescate de Estados Unidos termine el próximo año, los tratamientos que tengan la aprobación de la FDA estarán cubiertos, pero podría requerirse el pago de costos compartidos. Y la cobertura variará según el estado para los tratamientos que estén bajo autorización de uso de emergencia.

¿Qué pasa con las autorizaciones de uso de emergencia?

La FDA confirmó el 30 de enero que el fin de la emergencia de salud pública no afectará la capacidad de la agencia para autorizar dispositivos (incluidas pruebas), tratamientos o vacunas para uso de emergencia. “Las autorizaciones de uso de emergencia (EUA) existentes para los productos seguirán vigentes y la agencia podrá continuar emitiendo nuevas autorizaciones de uso de emergencia en el futuro cuando se cumplan los criterios de emisión”, dijo la FDA en un tuit.

La cobertura para los tratamientos de COVID bajo los seguros privados probablemente variará según el plan. Para las personas sin seguro, los tratamientos ya no serán gratuitos una vez que se agote el suministro federal. Un tratamiento de cinco días de Paxlovid actualmente le cuesta al Gobierno alrededor de $530.

“Las personas de ingresos más bajos y sin seguro van a sufrir los mayores cambios como resultado del final de la emergencia de salud pública y enfrentarán costos considerables para el tratamiento si no tienen cobertura”, dice Sinaiko.

Cambios en otras flexibilidades

Además de las vacunas, las pruebas y los tratamientos, las declaraciones de emergencia han otorgado una serie de flexibilidades dentro del sistema de atención médica que van a terminar. Por ejemplo: el requisito de hospitalización de tres días que los pacientes de Medicare tenían que cumplir antes de cubrirse el cuidado continuo en un centro de enfermería especializada. Esa regla, que se suspendió durante la pandemia, volverá a entrar en vigor cuando terminen las declaraciones de emergencia.

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Y durante toda la pandemia, los planes Medicare Advantage han tenido que cobrar los precios dentro de la red por la atención que se brinda en centros fuera de la red. Esta flexibilidad también caducará cuando terminen las declaraciones de emergencia, señala Sinaiko.

Un cambio más grande en el horizonte tiene que ver con la cobertura de Medicaid. Las personas que recibieron Medicaid durante estos últimos años pronto podrían dejar de reunir los requisitos para este beneficio cuando la disposición de inscripción continua termine el 31 de marzo. (Este beneficio, que prohibía que los estados dieran de baja a las personas de Medicaid durante la pandemia, anteriormente estaba vinculado a la emergencia de salud pública, pero ahora terminará con anterioridad a ella). De hecho, KFF estima que entre 5 y 14 millones de personas podrían perder su seguro de salud.

Es importante que las personas con Medicaid presten atención a su plan, dice Salama Freed, profesora adjunta del Departamento de Política y Administración de Salud de la Facultad de Salud Pública del Milken Institute de la Universidad de George Washington. Y si se cancela su inscripción, deben tener otra opción y prepararse para cualquier costo adicional.  

“No quiero que nadie se sorprenda al perder su cobertura de seguro y se vea en apuros para encontrar una alternativa”, dice Freed. “Solo quiero que las personas estén preparadas para que esto no las tome por sorpresa”.

Algunas personas que sean dadas de baja de Medicaid pueden reunir los requisitos para Medicare, y Sharfstein dice que será importante que los estados identifiquen a estas personas y las ayuden a inscribirse en nuevos planes de cobertura. Para las personas que todavía no reúnen los requisitos para Medicare, habrá un período de inscripción especial para los planes en Cuidadodesalud.gov/es/.

Un cambio introducido por la pandemia que se está prolongando, al menos por ahora, es la telesalud ampliada. Más de 28 millones de beneficiarios de Medicare acudieron a citas médicas virtuales durante el primer año de la pandemia, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y una nueva legislación extiende los beneficios de telesalud para los beneficiarios de Medicare hasta el 2024. De manera similar, la mayoría de los estados han adoptado las expansiones de telesalud para Medicaid, informa KFF.

El final de las emergencias no significa el final de la COVID-19

Algo que no terminará cuando finalicen las declaraciones de emergencia es la COVID-19, señala Sharfstein. Los casos, las muertes y las hospitalizaciones han disminuido mucho desde el brote de ómicron del invierno pasado. Aun así, más de 3,700 personas en el país mueren cada semana a causa de la COVID-19, según datos federales.

Las personas deberían “seguir prestando atención al virus”, advierte Sharfstein. Mantente al día con tus vacunas, aconseja, presta atención a los síntomas y hazte una prueba si vas a estar cerca de personas vulnerables. “Al virus no le importa si hay una declaración de emergencia de salud pública o no”, dice Sharfstein.

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