Los residentes de hogares de ancianos podrían perder su derecho a reclamos ante un tribunal

Normalmente los contratos que firman las personas con los hogares de ancianos contienen cláusulas que los obligan a resolver todos los conflictos a través de arbitraje obligatorio; es decir, a través de un mediador independiente, cuya decisión es final. Esto puede perjudicar a los consumidores. Ahora, el Gobierno federal planea darles a estos hogares de ancianos el poder de exigir que sus clientes acepten esas cláusulas, por lo que las personas estarían renunciando al derecho de presentar sus reclamaciones ante un tribunal.

La administración de Trump piensa permitir que se incluyan estas cláusulas de arbitraje obligatorio en todos los contratos de admisión a centros de cuidado a largo plazo que reciben fondos federales. Como los hogares de ancianos reciben fondos federales de Medicaid o Medicare por casi todos sus residentes, eso aplica a prácticamente todos estos centros.

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Los grupos de defensa del consumidor dicen que estas cláusulas que obligan a los residentes de los hogares de ancianos a presentar sus quejas ante un árbitro ponen a los adultos mayores en desventaja, y se aprovechan de ellos en momentos de gran vulnerabilidad, cuando están lidiando con una enfermedad grave o tratando de resolver situaciones relacionadas con el cuidado a largo plazo. Estos grupos han luchado contra este tipo de cláusula por años.

Al firmar estos contratos, los consumidores están renunciando al derecho de demandar al centro de ancianos ante los tribunales, sin importar el tipo de situación; ya sea abuso sexual, descuido, medicamentos mal administrados e incluso muerte por negligencia.

En vez de manejar las quejas a través de un juez o un jurado, estas se manejarían a través de un árbitro o mediador. El residente del hogar de ancianos tendría que aceptar lo que decida ese árbitro, y contaría con muy pocos derechos para apelar la decisión. También, el proceso de arbitraje sería privado y bajo un ambiente de secretismo. Esto protege a los posibles infractores, ya que evitaría que el público se enterara, lo que los obligaría a cambiar su manera de actuar. 

Los defensores de derechos, entre ellos AARP, creían que habían eliminado exitosamente las cláusulas de arbitraje obligatorio (en inglés) cuando la administración de Obama emitió una norma que prohibía que los centros de cuidados a largo plazo obligaran a los residentes a firmarlas antes de que surgiera un conflicto. Las reglas iban a entrar en vigor en noviembre del 2016, pero hubo un retraso luego de que la industria de hogares de ancianos las impugnó en un tribunal federal.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) revocaron la política de la administración de Obama y emitieron una propuesta que permitiría que estos hogares requieran la cláusula de arbitraje como condición para la admisión. Además, la nueva propuesta empeoraría todavía más una mala situación, según los defensores de derechos, al invalidar leyes estatales que protegen a los residentes de hogares de ancianos contra acuerdos de arbitraje injustos.