Cómo han ayudado los estados a reducir los costos de los medicamentos recetados

Establecer juntas de asequibilidad

Seis estados —Colorado, Maine, Maryland, Nuevo Hampshire, Oregón y Washington— han promulgado leyes que establecen juntas de asequibilidad de medicamentos recetados. Se les encarga evaluar el costo de los medicamentos recetados y hacer recomendaciones sobre qué hacer con respecto a los medicamentos que se consideran inasequibles. Las juntas a menudo se basan en las leyes estatales de transparencia de medicamentos y utilizan datos producidos por esas leyes para llevar a cabo sus evaluaciones.

La autoridad de cada junta es diferente (en inglés). Las juntas de Washington y Colorado son las únicas autorizadas a establecer límites superiores de pago para el estado, que son límites sobre lo que pagan los distribuidores, las farmacias, los hospitales, las aseguradoras y los consumidores por ciertos medicamentos. La junta de Maryland está buscando la aprobación legislativa para hacerlo. Aunque los estados no tienen la autoridad para establecer directamente precios más bajos de los medicamentos, pueden limitar lo que varias partes interesadas en el estado pueden pagar por ciertos medicamentos.

Las juntas de asequibilidad con autoridad para establecer esos límites de pago superiores son “la herramienta más prometedora que los estados tienen actualmente para reducir el gasto en medicamentos”, dice Jennifer Reck, directora de proyectos del Center for State Prescription Drug Pricing de la National Academy for Health Policy. Pero dice que lograr que más estados los adopten es “un esfuerzo a largo plazo”.

Límites de gastos de bolsillo

Aproximadamente 20 estados han promulgado leyes que limitan los costos de bolsillo de los consumidores para la insulina. Según una nueva investigación (en inglés) realizada por Yale University, casi un millón de diabéticos que necesitaron insulina diaria enfrentaron niveles de gasto “catastróficos” para el medicamento en el 2017 y el 2018. Eso significa que gastaron por lo menos el 40% de sus ingresos, después de pagar por alimentos y vivienda, en el medicamento esencial.

Los límites de precios de la insulina varían entre los estados; algunos limitan los copagos a $35 al mes o menos, mientras que otros tienen límites superiores a $100 al mes.  Algunos estados también han introducido límites para los gastos de bolsillo en otros medicamentos especializados, como los que se usan para tratar la artritis reumatoide, la hepatitis C, la esclerosis múltiple, el VIH y el SIDA.

Estos límites reducen los costos para los consumidores que tienen dificultades para pagar sus medicamentos, pero no abordan la carga del aumento en los costos de los medicamentos para el sistema estatal de atención médica en general, dice Reck. Aun así, dice que son una herramienta esencial para mejorar el acceso a los medicamentos a corto plazo: “Aprobar algunas medidas más rápidas y fáciles de implementar puede brindar alivio inmediato al consumidor, mientras que [los estados] trabajan en iniciativas más integrales, como límites de pago superiores a través de las juntas de asequibilidad de medicamentos recetados”.

Las versiones anteriores de la Ley de reducción de la inflación incluían una disposición para limitar los costos mensuales de la insulina a $35 para los pacientes de Medicare y los pacientes con seguro privado en todo el país. Solo los límites de Medicare se incluyeron en la ley final, así que muchos de quienes tienen planes de seguros privados seguirán dependiendo de los límites estatales para pagar la insulina.

Buscar la importación de medicamentos

Con estudios que demuestran que las personas en Estados Unidos a menudo pagan tres veces más por los medicamentos recetados que en otros países desarrollados, un número creciente de estados están aprobando leyes para permitir la importación de medicamentos a precios más bajos.

Hasta ahora, Colorado, Florida, Maine, Nuevo Hampshire, Nuevo México y Vermont aprobaron leyes que establecen programas para importar medicamentos de Canadá. Todos, excepto Nuevo Hampshire, han presentado planes de importación al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para la aprobación requerida. El gobernador de Florida Ron DeSantis, cuyo estado en el 2019 fue el primero en presentar su programa al HHS, ha dicho que la importación podría “ahorrarle potencialmente al estado entre $80 y $150 millones solo en el primer año”.

Los reguladores federales aún no han tomado una decisión sobre ninguno de los planes estatales. Las estrategias estatales de importación son “ciertamente prometedoras”, dice Bartholomew, pero “es demasiado pronto” para saber qué tipo de efecto tendrán en la reducción de los costos de los medicamentos. “Primero necesitamos la aprobación”, dice.

Limitar los administradores de beneficios farmacéuticos

Los PBM son intermediarios que negocian el suministro y los precios de los medicamentos con los fabricantes de fármacos y las farmacias para las compañías de seguros de salud, lo que les da cierta influencia para reducir los costos de los medicamentos recetados. Aunque las compañías aseguradoras contratan a los PBM para reducir los costos de los medicamentos, algunas de sus prácticas se han criticado —principalmente por farmacéuticos y compañías farmacéuticas— por tener el efecto opuesto.

Por ejemplo, se ha detectado el “precio diferencial”, donde los PBM reciben una tarifa de reembolso más alta de las aseguradoras por un medicamento en comparación con lo que los PBM realmente pagarían a las farmacias por ese medicamento, lo que permite que los PBM se queden con la diferencia. Además, algunos PBM incluían cláusulas de silencio en sus contratos con los farmacéuticos para evitar que compartieran opciones de menor costo con sus pacientes, como pagar de su bolsillo en vez de comprar a través de su plan de seguro.

En total, 47 estados han promulgado aproximadamente 130 leyes para limitar estos tipos de prácticas comerciales de los PBM desde el 2017. “La regulación de los PBM es un área en la que hemos observado actividad en la mayor cantidad de estados”, dice Reck, de la National Academy for State Health Policy.

Pero si bien estas leyes han ayudado a prevenir algunas prácticas problemáticas en la cadena de suministro de medicamentos, sus beneficios para reducir los costos para los consumidores han sido mínimos, dice Leigh Purvis, directora de Acceso y Costos de Atención Médica del Instituto de Política Pública de AARP: “No hemos visto ninguna evidencia de que los consumidores se hayan beneficiado directamente de esta ley. De hecho, los precios de los medicamentos continúan aumentando”. Casi 1,200 medicamentos ya han experimentado un aumento de precio en el 2022 (en inglés). Y los precios de lanzamiento de nuevos medicamentos de marca aumentaron casi un 11% al año desde el 2008 al 2021, según un estudio reciente publicado en JAMA Health Network.

“La realidad es que los PBM han sido un chivo expiatorio de las compañías farmacéuticas, las cuales han intentado, y logrado, desviar la atención de ellas hacia los PBM, diciendo que son los que causan aumentos de precio”, dice Purvis. “Pero lo cierto es que los fabricantes de medicamentos son los únicos que pueden establecer estos precios”.

Las oficinas estatales de AARP han sido una fuerza impulsora detrás de muchas de las iniciativas estatales para reducir los costos de los medicamentos recetados en los últimos años. E incluso con la histórica Ley de reducción de la inflación, los esfuerzos estatales para seguir reduciendo los costos continuarán, dice Bartholomew.

“Esta ley federal va a marcar una gran diferencia para el cuidado de la salud en Estados Unidos, pero no es una solución milagrosa”, dice. “Los esfuerzos estatales han sido enormes, y continuarán asegurándose de que todas las personas en el país —en todas partes del mercado del cuidado de la salud— puedan pagar sus medicamentos recetados”.