Skip to content

¡Bienvenido! AARP es tu guía para navegar la vida y planear tu futuro con Salud, Dinero y Amor. Conócenos mejor

 

La prioridad en las elecciones de noviembre es unir al país

Los ganadores de las elecciones tendrán que trabajar en la recuperación económica, sanitaria y social.

Botones de promoción electoral de color rojo, blanco y azul.

Getty Images

In English | Más que en cualquier otra elección en la historia del país, los votantes que acudan a las urnas en noviembre elegirán líderes que, debido a sus decisiones y acciones, afectarán directamente sus vidas. Según los expertos, esto es particularmente cierto si aún continuamos enfrentando el coronavirus y el costo económico que le ha causado al país.

“Estas elecciones afectan directamente a todos”, dice John J. Pitney, profesor de política de Claremont-McKenna College, en California. “El coronavirus afecta a cada una de las personas en el país. No creo que nadie se haya librado del impacto”. 

Los votantes mayores, que según los expertos son quienes corren más riesgo con la COVID-19, van a evaluar a los candidatos en gran medida sobre este problema y sus secuelas económicas, señala Robert Blendon, profesor de política de salud y análisis político en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard University. “Estas elecciones girarán en torno a determinar si Washington realmente hizo todo lo que podía hacer, y si con respecto a los temas que más me preocupan considero que hay que reemplazar al titular”, indica Blendon, quien ha analizado datos de encuestas públicas durante décadas. 

Las encuestas de opinión pública han demostrado continuamente que los adultos mayores quieren conocer la postura de los candidatos en cuanto a diversos problemas fundamentales, desde Medicare y el Seguro Social hasta el costo de los medicamentos recetados, la economía y el cuidado a largo plazo. Este es un panorama general de lo que está en juego y de la postura de AARP con respecto a estos temas.

La economía

Lo que está en juego: asegurar que los trabajadores mayores puedan recuperarse de la crisis económica que ha enfrentado la nación desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

La posición de AARP

  • El Congreso deberíá ampliar los beneficios de emergencia por desempleo, incluso crear otras categorías de requisitos y establecer sumas adicionales de beneficios, hasta que se acaben la pandemia y sus efectos económicos. 
  • Los legisladores federales y estatales deberían promulgar leyes que requieran beneficios remunerados de licencia por enfermedad para todos los trabajadores.
  • Los legisladores estatales y federales deberían ofrecer más apoyo (incluso créditos fiscales) a los cuidadores, muchos de los cuales están dedicando más tiempo al cuidado de familiares debido a la pandemia.
  • Se debería supervisar e imputar responsabilidad a los empleadores que discriminen a los trabajadores mayores cuando se reanude la contratación después de la pandemia.

El problema: en abril, el índice de desempleo de los trabajadores mayores alcanzó su nivel más alto desde que el Gobierno federal comenzó a llevar registros en 1948, según Richard Johnson, director del Program on Policy Institute en el Urban Institute. Según Johnson, a diferencia de otras recesiones, el índice de desempleo es ahora mayor para los trabajadores de 65 años o más que para los trabajadores de 25 a 54, y es casi tan alto para los trabajadores de 55 a 64 años como para los de 25 a 54 años.

Ahora que los empleadores han procedido a abrir la economía, los trabajadores mayores de 50 años deben encontrar un equilibrio entre cuidar su salud por el coronavirus y su necesidad y deseo de trabajar. El aumento de personas mayores que necesitan recibir cuidados en su hogar también dio lugar a un aumento de la cantidad de familiares que deben asumir más responsabilidades de cuidado, lo que significa que tal vez no puedan trabajar a su plena capacidad.

Los protagonistas

El presidente: quien sea presidente en el 2021 establecerá su programa económico y decidirá si firma o no la legislación que apruebe el Congreso.

El secretario del Tesoro: este importante miembro del gabinete no es elegido por votación sino que lo selecciona el presidente para que se haga cargo de las políticas económicas y fiscales de la administración; tiene jurisdicción sobre agencias financieras como el Servicio de Impuestos Internos.

El Congreso: los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes supervisarán las políticas económicas de la administración y tendrán el poder de aprobar leyes que pueden modificar la estructura fiscal de la nación, proporcionar cualquier nuevo pago de estímulo, decidir el otorgamiento de licencia federal remunerada por motivos familiares o mejorar los beneficios del seguro por desempleo.

Gobernadores y legislaturas estatales: estos legisladores pueden decidir la promulgación de leyes que regulan la licencia remunerada por motivos familiares y tienen el poder de establecer los niveles del seguro por desempleo. 

Lo que piensan los adultos mayores del país: según una encuesta que realizó AARP esta primavera, el 58% de las personas mayores de 50 años tuvieron que comunicarse con un acreedor para pedir ayuda con una factura que no podían pagar, y el 39% dijeron que su situación económica había empeorado desde que comenzó la pandemia de coronavirus en enero. La seguridad económica a largo plazo es invariablemente una de las preocupaciones principales de las personas mayores.

Medicare

Lo que está en juego: asegurar que Medicare pueda continuar brindando acceso a una atención médica asequible para las personas mayores del país, muchas de las cuales han aportado al programa durante todos los años que trabajaron.

La posición de AARP

  • Garantizar la cobertura de las personas mayores y las personas discapacitadas
  • Permitir que Medicare negocie el precio de los medicamentos recetados a fin de reducir los costos
  • Asegurar que los beneficios sean asequibles, incluso las primas y los costos compartidos
  • Asegurar que todos los beneficiarios de Medicare tengan acceso a suficientes proveedores competentes de atención médica
  • Sustentar Medicare para el futuro mediante la reducción del malgasto y el fraude

El problema: más de 62 millones de personas de 65 años o más o con discapacidades están inscritas en Medicare, y se anticipa que esa cifra aumentará a casi 80 millones para el 2030. Sin embargo, el aumento de costos y un precedente de pérdidas por fraude y malgasto son un problema cada vez mayor. Los administradores de Medicare calculan que dentro de seis años Medicare no podrá pagar beneficios completos de hospitalización. El resultado de las elecciones federales de noviembre podría determinar si se realizará una reestructuración de todo el sistema nacional de atención médica, si habrá una expansión de Medicare o si continuarán los sistemas actuales con modificaciones posiblemente menores. 

Los protagonistas 

El presidente: quien sea presidente en el 2021 nombrará a los líderes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que administran Medicare. También tendrá el poder de firmar o vetar legislación que modifique Medicare, desde la financiación del programa hasta cambios en su operación y en las personas autorizadas a inscribirse.

Senadores y representantes de Estados Unidos: los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes supervisan Medicare y promulgan legislación para efectuar cambios en la estructura del programa y su financiación. Los senadores también aprueban la selección presidencial del administrador de los CMS, el líder principal). Algunos legisladores han redactado proyectos de ley para crear un sistema de Medicare para todos, que probablemente expanda el programa para que incluya a personas más jóvenes, pero hasta ahora no se ha sometido a votación ninguna de esas propuestas.

Lo que piensan los votantes: si bien hay opiniones muy diversas sobre el modo de remediar el sistema de atención médica general en Estados Unidos, casi todos los votantes quieren que Medicare conserve su solidez y su uniformidad. Según una encuesta de opinión pública que llevó a cabo AARP, el 93% de los votantes de 50 años o más dicen que, para ganar, los candidatos deben explicar lo que harán para evitar recortes al programa.

Medicamentos recetados

Lo que está en juego: en qué medida el Gobierno federal y los Gobiernos estatales decidan combatir el aumento constante del precio de los medicamentos recetados en Estados Unidos.

La posición de AARP

La campaña "Basta con medicamentos costosos", de AARP, insta a los legisladores a proceder de acuerdo con estos principios:

  • Autorizar a Medicare para negociar los precios de los medicamentos recetados
  • Permitir la importación de medicamentos
  • Aumentar la transparencia en la fijación de precios
  • Acelerar la comercialización de medicamentos genéricos

El problema: durante muchos años, los precios de los medicamentos han aumentado en proporciones muy superiores a la inflación. En este momento, el costo promedio anual del suministro de solo un medicamento recetado para una persona que padece una enfermedad crónica es de casi $13,000. Esta cifra equivale a cerca del 80% del beneficio jubilatorio anual promedio del Seguro Social. Muchos adultos mayores deben elegir entre pagar el alquiler, poner comida en la mesa o pagar medicamentos para salvar su vida.

Los protagonistas

El presidente: quien sea elegido presidente tendrá que decidir si firma o no la legislación que apruebe el Congreso para reducir o regular los precios de los medicamentos. Su administración también podría aprobar normativas que regulen la importación de medicamentos de menor costo de otros países, entre otras medidas.

El Congreso: los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes tienen el poder de aprobar legislación para frenar el aumento de los precios. Los proyectos de ley que están considerando ambas cámaras abarcan desde medidas que permiten que Medicare negocie los precios hasta penalidades para las empresas farmacéuticas que aumentan precios por encima de la tasa de inflación.

Funcionarios estatales electos: los gobernadores y las legislaturas estatales tienen el poder de aprobar proyectos de ley sobre normas tales como la importación de medicamentos de otros países y la fijación de límites para los aumentos de precios de los medicamentos. Muchos estados ya han aprobado leyes para crear consejos de supervisión de precios de medicamentos, aumentar la transparencia en los precios e imponer límites al aumento de precios de determinados medicamentos, como la insulina.

Lo que piensan los votantes: más del 80% de las personas en el país no consideran que el Congreso esté haciendo lo suficiente para bajar los costos de los medicamentos recetados, según datos de una encuesta de Kaiser Family Foundation. De la misma manera, el 81% de los votantes de 50 años o más dicen que los candidatos que ignoren el costo creciente de los medicamentos recetados y otras cuestiones importantes para este grupo de electores corren el riesgo de perder su voto, según una encuesta que llevó a cabo AARP.

Seguro Social

Lo que está en juego: garantizar que las generaciones actuales y futuras reciban los beneficios de jubilación que han ganado y de los cuales dependen.

La posición de AARP

  • El Seguro Social se debe proteger no solo para los jubilados actuales sino también para las futuras generaciones de habitantes del país.
  • Toda reforma debe garantizar beneficios adecuados para quienes más dependen del Seguro Social y para quienes tendrían dificultad si debieran postergar su jubilación.
  • El Seguro Social proporciona beneficios que las personas ganan a través de toda una vida de trabajo, y el programa se debería financiar de modo de garantizar su suficiencia y solvencia a largo plazo.

El problema: alrededor de 45 millones de trabajadores jubilados y 3.1 millones de personas a cargo reciben beneficios del Seguro Social. En este momento, para una de cada cuatro de esas unidades familiares el Seguro Social constituye el 90% o más de sus ingresos.  El Seguro Social también cubre a más de 6 millones de sobrevivientes de trabajadores fallecidos y a 10 millones de empleados discapacitados y las personas a su cargo. Los beneficios mensuales promedio del Seguro Social son aproximadamente $1,500 para los trabajadores jubilados y $1,258 para quienes tienen discapacidades.

Según los cálculos más recientes de los administradores del Seguro Social, los fondos fiduciarios que ayudan a pagar el programa se agotarán en el 2035. Si no se modifica el sistema, en ese momento el programa todavía podría pagar el 79% de sus beneficios actuales.  

Sin embargo, ese informe se realizó antes de que se arraigara el coronavirus. Un informe que publicó en mayo la Facultad Wharton de University of Pennsylvania sugiere que los fondos fiduciarios se podrían agotar antes, ya que ingresa menos dinero al sistema debido a que millones de trabajadores han perdido su empleo.

Los protagonistas 

El presidente: en general, el presidente establece el programa para el Seguro Social, y no se puede aprobar ninguna ley sin la participación y la firma del presidente.

El Congreso: los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen el poder de aprobar legislación para ajustar los impuestos, los pagos, las edades, el control y otros factores del Seguro Social y son responsables de que el Seguro Social conserve su solidez económica. Los legisladores efectuaron cambios importantes en el programa en 1983.

Lo que piensan los votantes: según una encuesta de opinión pública que llevó a cabo AARP, el 91% de los votantes mayores de 50 años dicen que los políticos que no protegen su salud y su seguridad económica, en particular durante la pandemia, están alejados de la realidad.

En la misma encuesta, el 93% de los participantes dijeron que, para ganar, los candidatos deben hablar sobre los problemas relevantes para los electores mayores, incluida la forma en que evitarán los recortes al Seguro Social.

Cuidados a largo plazo

Lo que está en juego: cómo proteger a los residentes de los hogares de ancianos y otros centros de cuidados a largo plazo contra enfermedades, negligencia y aislamiento, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y cómo asegurar que las personas mayores puedan tener la opción de envejecer en su hogar y en su comunidad.

La posición de AARP

AARP les ha pedido al Congreso y a los legisladores estatales que tomen estas medidas:

  • Requerir una dotación de personal adecuada, pruebas frecuentes de detección de coronavirus y equipo de protección personal para los residentes y el personal de los centros de cuidados a largo plazo.
  • Asegurar la publicación diaria de los casos, muertes, altas y traslados relacionados con la COVID-19.
  • Permitir la opción de visitas virtuales para posibilitar la comunicación entre familias y residentes, incluso después de la reanudación de las visitas en persona. 
  • Rechazar propuestas que otorgan inmunidad general relacionada con la COVID-19 a los hogares de ancianos, centros de vivienda asistida y otros establecimientos de cuidados a largo plazo.
  • Posibilitar que los adultos mayores envejezcan en su hogar y en su comunidad y ofrecer mayor apoyo a los cuidadores familiares.

El problema: más de 50,000 residentes y miembros del personal de hogares de ancianos, centros de vivienda asistida y otros establecimientos de cuidados a largo plazo han fallecido a causa de la COVID-19; esta cifra representa el 40% de todas las muertes a causa del virus. 

Durante la pandemia, las familias no han podido visitar a sus seres queridos en los hogares de ancianos y ha habido una gran carencia de visitas virtuales. La dotación de personal en estos centros ha sido inadecuada, al igual que el equipo de protección personal para los trabajadores que cuidan a los residentes de hogares de ancianos en el país. 

Las personas mayores aún no tienen la posibilidad de elegir entre envejecer en una institución o en su hogar. Esto se debe a que si bien Medicaid debe pagar el cuidado institucional de los adultos mayores que perciben bajos ingresos, los estados no tienen la obligación de ofrecer cuidados en la comunidad o el hogar. 

Los protagonistas

El presidente: quien sea presidente en el 2021 tendrá el poder de establecer políticas en cuanto a la disposición de pautas federales de salud y seguridad para los centros y servicios de cuidados a largo plazo. También tendrá el poder de firmar o vetar toda legislación relacionada con los hogares de ancianos u otras leyes que apruebe el Congreso.

El Congreso: los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes decidirán si aprueban legislación para proteger a los residentes y mejorar la supervisión y las condiciones de los centros de cuidados a largo plazo del país, tanto durante la crisis de COVID-19 como en lo sucesivo. 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS): esta agencia supervisa la calidad y las operaciones de los hogares de ancianos que reciben fondos de Medicaid y Medicare, lo cual incluye prácticamente todos los hogares de ancianos. Sin embargo, esta supervisión no se extiende a los centros de vivienda asistida.

Gobernadores y legislaturas estatales: los estados inspeccionan los hogares de ancianos en nombre de los CMS para determinar si cumplen con las pautas federales en cuanto a calidad, salud, higiene, mantenimiento de registros y atención residencial general. Los estados también son responsables de regular los centros de vivienda asistida.

Lo que piensan los votantes: según una encuesta de opinión pública que AARP llevó a cabo en junio, el 78% de los votantes mayores de 50 años dicen que, para ganar, los candidatos deben abordar el modo en que protegerán a los residentes de los hogares de ancianos contra el coronavirus y las futuras pandemias.

La misma encuesta también reveló que el 68% de los participantes dijeron que quieren que AARP exija que los líderes tomen más medidas para proteger a los adultos mayores en los hogares de ancianos y en los centros de vivienda asistida.

¿Qué opinas?

0 | Add Yours

Deje su comentario en el campo de abajo.

Debe registrarse para comentar.