Primeros cargos penales federales por fraude con tarjetas de vacunación contra la COVID

Una doctora homeopática de Napa, California, arrestada el miércoles, es la primera persona en enfrentar cargos penales federales en Estados Unidos por supuestamente falsificar tarjetas de vacunación contra la COVID-19, dijeron las autoridades.

Juli A. Mazi, de 41 años, está acusada de hacer gestiones para aparentar que sus clientes habían recibido dos dosis de la vacuna de Moderna, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ). De hecho, Mazi explotó el temor del público al afirmar fraudulentamente que las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la FDA contenían “ingredientes tóxicos”, afirma una declaración jurada presentada al tribunal.

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Promoción de píldoras en lugar de vacunas

La acusación contra Mazi alega que en lugar de administrar una de las tres vacunas autorizadas, vendía a sus clientes “píldoras para la homeoprofilaxis inmunitaria”. La homeoprofilaxis consiste en exponer a una persona a cantidades diluidas de una enfermedad, lo que supuestamente estimula el sistema inmunitario y le confiere inmunidad.

Mazi les dijo a sus clientes que las píldoras les proporcionarían “inmunidad de por vida a la COVID-19”, pero un experto de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) calificó la afirmación como “absolutamente falsa”, dice la declaración jurada.

Los NIH afirman en su sitio web que hay poca evidencia que apoye la homeopatía como un tratamiento eficaz para cualquier enfermedad específica.

En su propio sitio web, Mazi dice que tiene un doctorado en medicina naturopática y afirma que es equivalente a la capacitación de un doctor en medicina. Los funcionarios del DOJ se refieren a ella como médica homeopática con licencia de California.

El sitio web de Mazi ofrece tratamientos naturales, como medicina a base de hierbas, homeopatía, nutrición medicinal, terapia intravenosa y de inyección y asesoramiento sobre el estilo de vida.

Mazi, quien no respondió a las solicitudes de comentarios, se enfrenta a un cargo por fraude electrónico y un cargo por declaraciones falsas sobre asuntos relacionados con el cuidado de la salud. El caso está radicado en un tribunal federal en San Francisco.