In English | El período 2010-11 enfrenta una importantísima prueba sobre los poderes de las agencias estatales independientes que apuntan a proteger los derechos de las personas con discapacidades. En el caso de Virgina Office of Protection and Advocacy (VOPA, Oficina de Protección y Defensa de los Derechos de los Ciudadanos de Virginia) contra Reinhard, la Corte decidirá si VOPA y otras agencias de protección y defensa de derechos de los ciudadanos, conocidas como agencias P&A, pueden demandar en los tribunales federales a funcionarios estatales alegando violaciones a leyes federales, o si los estados poseen inmunidad frente a estos juicios.

El caso se originó en una disputa entre VOPA y funcionarios estatales, cuando solicitaron consultar los registros médicos de dos instituciones estatales. VOPA había solicitado estos registros como parte de una investigación sobre la muerte de residentes que se encontraban bajo custodia estatal. Los funcionarios estatales se rehusaron a dar a conocer estos informes, alegando que estaban protegidos por la ley de Virginia.

Qué está en juego. La mayoría de las agencias P&A estatales cuentan con programas especiales cuyo objetivo es ayudar a ciudadanos adultos mayores, lo que incluye a los beneficiarios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Cuál es la posición de AARP. AARP, del lado de VOPA, sostiene que “las organizaciones P&A son fundamentales para remediar y prevenir el abuso y el abandono de los adultos mayores y personas con discapacidades”.