Quien encabeza los esfuerzos de la OPM para revisar y mejorar el procedimiento de pagos a los jubilados es Chuck Grimes, el director de operaciones de la agencia. “Siempre es un problema cuando se paga a partir de información que indica que esas personas están vivas”, dice Grimes. “Cuando fallece un empleado federal, un sobreviviente o el beneficiario de una anualidad, los ciudadanos tienen que informárnoslo”.

La mayoría de los pagos indebidos citados en el informe son transferencias electrónicas de fondos a cuentas bancarias de beneficiarios de anualidades fallecidos, explica Grimes. Y agrega que la OPM ya implementó 10 de las 14 medidas de un plan correctivo elaborado al efecto, y recuperó $438 millones de los más de $601 millones remitidos a personas fallecidas.

La noticia de los pagos de la OPM a personas fallecidas no sorprendió al Senador Tom Coburn, republicano por el estado de Oklahoma, quien, en un informe del año 2010 sobre el malgasto gubernamental, declaró que el Gobierno federal había pagado más de $1.000 millones ($1 billion) a personas fallecidas desde el 2000.

“El Congreso ha fracasado, una y otra vez, al no facilitarles a las agencias las herramientas legales que necesitan para combatir este despilfarro, y nosotros no cumplimos cabalmente nuestra tarea solemne de supervisar las acciones del Gobierno”, escribió Coburn en su informe.

Blair S. Walker es escritor y trabaja en Miami.