In English | El acuerdo sobre el déficit aprobado por el Congreso y formalizado por el presidente Obama no afectará, por ahora, los intereses de los adultos mayores de 50 años del país, en lo que respecta  a sus beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid. Sin embargo, es probable que muchos otros programas federales sean recortados.

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La maquinaria política del Congreso finalmente pudo evitar que la Nación cesara sus pagos por falta de presupuesto. El Senado aprobó este martes el plan bipartidista con 74 votos a favor y 26 en contra, apenas unas horas antes del plazo límite.

El lunes en la tarde, solo unas horas antes de que se agotara el plazo para extender el tope de la deuda —en medio de la dramática reaparición de la representante de Arizona, Gabrielle Giffords— la Cámara de Representantes ya había aprobado el acuerdo, por 269 votos a favor y 161 en contra.

Está por verse si el tardío acuerdo impactará la distribución de los cheques del Seguro Social programados para esta semana. El presidente Obama ya había advertido que, de no aprobarse un aumento en el límite de endeudamiento, no podía garantizar que el gobierno pudiese enviar los cheques el día 3 de agosto, los cuáles son la base del sustento para miles de adultos mayores.

El acuerdo pactado el domingo entre el presidente Obama y los líderes del Congreso —entre ellos el senador Republicano por Kentucky, Mitch McConnell— elevará el límite de la deuda, pero a cambio exigirá más de $2 millones de millones (trillions) en recortes en el gasto público. Esta cifra está muy por debajo de los $4 millones de millones que se contemplaban inicialmente.

“No es suficiente, sin duda”, dice J.D. Foster, de la Heritage Foundation. “Tenemos un enorme problema fiscal y este acuerdo no ofrece muchas soluciones”, remarca. 

El primer recorte de casi $1 millón de millones no impactará al Seguro Social ni al Medicare.

El presidente Barack Obama habla desde el Rose Garden en Washington, DC. — Foto: Brendan Smialowski / Getty Images

¿Cuáles son los recortes?

Pero el dinero tiene que venir de alguna parte. David Certner, director de política legislativa de AARP, dice que otros programas críticos para los adultos mayores podrían verse afectados, como los de nutrición, prestación de cuidados y búsqueda de trabajo. Muchos de estos programas —por ejemplo, los de viviendas para mayores y de ayuda para calefacción— tienen ya una lista de espera. Dado el creciente aumento de la población mayor y la precaria situación de la economía, seguirá aumentando la demanda de ayuda gubernamental; pero, en vista de los recortes en los fondos federales que demanda el nuevo plan, habrá menos dinero disponible.

“Este tipo de recortes tan profundos, probablemente, afectará a todos estos programas” dice Certner. “No sabemos, exactamente, cómo se distribuirán estas reducciones”.

Una segunda ronda de recortes se dará a conocer antes de fin de año. Una súper comisión especial legislativa de 12 miembros —provenientes en partes iguales del Senado y de la Cámara, y de Republicanos y Demócratas— tendrá a su cargo determinar rebajas adicionales de gastos que sumarán entre $1,2 y  $1,5 millones de millones.

Durante las negociaciones, los Republicanos se han opuesto a aumentar impuestos, mientras que los Demócratas han querido proteger los beneficios del Seguro Social y del Medicare. Estas propuestas podrían volverse a incluir en una segunda ronda de negociaciones —pero sólo si la comisión mixta encuentra la manera de conciliar estas profundas diferencias.

El presidente Obama dijo el domingo que el acuerdo no complació a nadie del todo, mucho menos a él: “A pesar de lo que argumentan los Republicanos, creo que debemos pedirle a los más ricos y a las grandes corporaciones que contribuyan con lo que les corresponde, y renuncien a los tratamientos especiales y a las exenciones en sus impuestos. A pesar de lo que argumentan algunos dentro de mi propio partido, creo que debemos hacer algunas modificaciones modestas a programas como el Medicare, para asegurar de que estén disponibles para futuras generaciones”.

Una vez que la súper comisión especial determine los recortes adicionales, el Congreso deberá votar en diciembre sobre el nuevo paquete de manera integral, sin poder enmendarlo. Si no se aprueba, automáticamente se registrarán recortes por unos $1,2 millones de millones, la mitad afectando al presupuesto de Defensa, y la otra mitad a otros programas.

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