Sólo una dosis excesiva de ingenuidad habría podido conceder un ápice de credibilidad a una supercomisión creada en el Congreso como una válvula de escape a una crisis artificial.

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La atrofiada criatura parida por la célebre crisis creada en el verano en torno a la elevación de la capacidad de la deuda nacional nunca tuvo el menor chance de lograr algún nivel de éxito. Doce congresistas — seis demócratas y seis republicanos — reunidos para irse a las greñas en un intento por llegar a acuerdos sobre posiciones absurdas estaban llamados al fracaso desde antes de celebrar su primera reunión.

Vayamos atrás brevemente para revisitar el inicio de esta aberración. Elevar la capacidad de la deuda nacional después de incurrir en los gastos que ésta debía pagar era tradicionalmente un acto rutinario del Congreso. Sin embargo, en una conducta típica de oponerse a todo lo que saliera de la Casa Blanca, los republicanos pusieron condiciones al voto de elevación de la deuda, y en otra conducta típica del presidente de concederlo todo sin obtener nada a cambio, esas leoninas condiciones fueron aceptadas.

¿Cuáles eran estas condiciones? Ni un centavo de ingreso al erario público podría formar parte de la solución al déficit presupuestario. Sólo recortes, incluyendo los programas de Seguro Social y Medicare. En otras palabras, balancear el déficit sobre las espaldas de los ancianos mientras el 1 por ciento más rico de la población continuaba recibiendo exenciones fiscales, subsidios, e impuestos inferiores a los que pagaban sus recepcionistas y secretarias. Ciertamente una rara interpretación de la justicia económica en un país que alcanzó sus mejores épocas cuando supo crear una vasta clase media que tipificó al estadounidense promedio.

Cuando el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, nombró a sus delegados a la famosa supercomisión, su primera advertencia fue: ni un centavo de ingresos es aceptable en esta negociación. Los demócratas, por otra parte — comenzando por el presidente — sí se mostraron listos a exhibir su débil espina dorsal y, no sólo estaban dispuestos a aceptar, sino que promovieron recortes a nuestros servicios sociales.

Curiosamente, las reglas del juego de la supercomisión eran tan leoninas como sus premisas. Si esa amorfa entidad no lograba acuerdo antes de la meta fijada para noviembre, entonces se dispararía lo que en el capitolio se conoce como un “gatillo” que automáticamente recortaría, parejamente, $1,2 miles de millones del presupuesto a lo largo de todo el espectro numérico de la contabilidad nacional.

Y aquí entramos en otra desastrosa prescripción parlamentaria. La acción automática de ese gatillo no podría tocar la otra parte de la balanza monetaria: los ingresos al tesoro público. De manera que el próximo paso de este desastroso acuerdo del verano es aplicar una despiadada cuchilla sobre todo el presupuesto, incluyendo gastos de defensa y, por supuesto, los programas sociales de Seguro Social y Medicare.

¿Alguien se sorprende de que un buen número de analistas serios hayan declarado este Congreso como el peor en la historia de Estados Unidos?

Pero no nos adelantemos. La buena noticia es que nada va a suceder de inmediato. Esta cuchilla no se activará hasta el próximo otoño, y muchas cosas están llamadas a ocurrir antes de esa fecha, incluyendo nada menos que una elección general para elegir (o reelegir) a un presidente y elegir (o reelegir) a cientos de miembros del Congreso.

Esta eventualidad podría también afectar todo el debate sobre los recortes de impuestos que implementó George W. Bush, los cuales benefician principalmente al segmento más rico y poderoso de la sociedad, pero cuya expiración está marcada para el último día del año 2012.

Todo esto para decir que toda esta pantomima de la supercomisión y del inmisericorde gatillo nada tiene que ver con la realidad, cuya dinámica se espera que cambie, en uno u otro sentido, en los comicios de noviembre de 2012.

En otras palabras, sin novedad en el frente…