WASHINGTON, D.C.— Una serie de casos anecdóticos es lo único con lo que cuenta el gobierno, por el momento, al hablar de fraudes a la ley de inmigración, cometidos por notarios y consultores no acreditados.
Una nueva iniciativa lanzada hoy pretende modificar este problema, además de ampliar las investigaciones, conocimiento y acusaciones para combatir las estafas.
Los casos son conocidos, sobre todo debido a los miles de dólares que familias o individuos entregan con la esperanza de arreglar su situación migratoria, que terminan en nada.
“Existen muchas estafas. Personas que se presentan como abogados de inmigración y llenan documentos, cometiendo errores que pueden perjudicar el proceso”, aseguró Nury Márquez, directora del Comité Hispano de Virginia.
“Necesitamos que la gente se acerque, haga preguntas y se informe. Solo podemos actuar respecto a lo que conocemos”, explicó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Alejandro Mayorkas en entrevista con La Opinión.
Desde enero de 2010, USCIS ha liderado asociaciones con grupos comunitarios, locales y estatales, además de otras agencias federales, para desarrollar una nueva iniciativa que combata la práctica no autorizada de la ley de inmigración (UPIL).
Esta se basa en varios frentes. El primero es el aumento del control, investigación y acciones judiciales contra los estafadores. Para esto se firmó un memorándum de entendimiento con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para que USCIS tenga acceso a la red de vigilancia al consumidor (Consumer Sentinel Network) y puedan complementar la información disponible.
“Los investigadores en todas las agencias involucradas pueden ir a la base de datos, leer las quejas e identificar testigos para construir casos. Antes de este sistema, los reportes eran archivados en diferentes lugares en el país y las agencias federales de control no podían acceder a ellos. Eso hacía más difícil procesar a los notarios”, explicó Brad Winter, abogado de FTC.
Un segundo aspecto es la educación del público, para que sepa identificar las potenciales estafas, a través de una campaña que resalta el mensaje de “la ayuda equivocada puede perjudicarle”.
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