In English — David Mollen comprobó por sí mismo el poder de la BPU (Junta de Servicios Públicos) (en inglés) para proteger a los consumidores. Mollen, de 69 años, de Union, todavía se fastidia por la lucha de varios meses que tuvo con AT&T hace unos años para que le solucionaran un problema persistente en el cableado telefónico de su hogar.

El problema terminó cuando llamó a la BPU.

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"En menos de 20 minutos me llamaron de AT&T, y luego solucionaron el problema. Para mí, esta es una clara prueba de la importancia de la BPU”.

Actualmente, Mollen se unió al grupo de personas que se oponen a la legislación (S 2664/A 3766) que eximiría a Verizon y a dos compañías telefónicas más pequeñas—Warwick Valley Telephone Co. (en inglés) y CenturyLink, que operan mayormente en la zona noroeste del estado de poca  población—de la regulación de la BPU. La BPU únicamente regula el servicio telefónico básico residencial y el servicio comercial de una sola línea.

Fin de la tarifa de servicio básico

La aprobación del proyecto de ley implicaría que los reguladores del estado ya no podrán controlar al gigante de las comunicaciones, que ahora debe presentar informes mensuales sobre varios aspectos como las reclamaciones por el servicio y la velocidad del tono de marcación.

La legislación también eliminaría el requisito de que las compañías reguladas ofrezcan una tarifa mínima para el servicio básico sin llamadas de larga distancia. Este servicio les cuesta a los consumidores $26,89 por mes, e incluye alrededor de $10 en impuestos y tasas federales y estatales.

"Esto representa la eliminación a gran escala de las protecciones a los consumidores contempladas por la ley actual", afirmó Doug Johnston, encargado de asuntos gubernamentales de AARP Nueva Jersey.

A principios de este año, Johnston ayudó a impulsar una campaña que generó alrededor de 18.000 llamadas a las oficinas de los legisladores para oponerse al proyecto de ley.

“Este proyecto de ley es radical”, dijo Stefanie A. Brand, directora de la Division of Rate Counsel (División de Asesoría Tarifaria), que defiende los derechos de los consumidores de servicios públicos del estado.