In English | Antes pensábamos que los problemas presupuestarios sólo sucedían en otros estados. Los texanos miraban el enorme déficit fiscal de Illinois o la deuda masiva de California y se sentían seguros de que la economía de su estado, impulsada por la producción energética, los protegería de un destino similar. Ya no es así.

Texas encara un déficit de $18.000 millones en el presupuesto de dos años que comienza en septiembre del 2011. Es un déficit abrumador, dado que los ingresos del estado sólo ascienden a $87.000 millones en el presupuesto actual. El tamaño exacto del déficit es discutible, y no habrá un estimado de los ingresos hasta enero, cuando la contralora de Texas, Susan Combs, prepare su informe para la sesión bienal de la asamblea legislativa estatal.
Los expertos en presupuestos provenientes de todas las ideologías políticas están de acuerdo en cuanto a las causas de la deficiencia presupuestaria de Texas.

"En primer lugar, es la peor economía que hemos experimentado en 75 años", dice Dale Craymer, presidente de la Texas Taxpayers and Research Association (en inglés) (Asociación de contribuyentes e investigaciones de Texas), grupo empresarial de tendencia conservadora que aboga por un gobierno fiscalmente responsable. Las entradas por concepto de impuestos sobre las ventas, que representan dos tercios de los ingresos tributarios del estado, comenzaron a descender en febrero del 2009 y se han recuperado muy poco a partir de abril de este año.

Otro problema es la forma en que se ajustó el presupuesto hace dos años: con unos $8.000 millones del programa federal de estímulos y $5.000 millones del superávit del año anterior. "Ese es dinero que surgió una sóla vez y del que no dispondremos de nuevo", dijo Craymer. Además, Dick Lavine, analista fiscal sénior del Center for Public Policy Priorities (Centro para prioridades en las políticas públicas), dice que un impuesto a las empresas que se aprobó en el 2006 no ha producido suficientes ingresos como para compensar por el recorte de un tercio de los impuestos sobre la propiedad, que se suponía sustituyera. "Tendremos una insuficiencia en todos los presupuestos", dijo. Lavine, cuyo grupo no partidario aboga a favor de los texanos de bajos ingresos, dice que será imposible salvar la brecha con recortes exclusivamente. Por esa razón, muchos quieren recurrir al fondo de $9.000 millones que Texas mantiene para períodos de escasez. Se estableció al final de la década de los 1980 -con dinero derivado del petróleo y el gas- a fin de mantener al estado a flote durante tiempos difíciles. La última vez que se recurrió a él fue en el 2005. Para acceder al fondo se necesita el voto de dos tercios de los legisladores. AARP quiere que se enfoque el problema del déficit de manera equilibrada. "El uso de al menos parte del fondo es algo que tiene que estar sobre el tapete", afirma Amanda Fredriksen, directora sénior de defensa de derechos de AARP Texas.

El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, y líderes legislativos han pedido a las agencias estatales que recorten el 5% de sus presupuestos actuales e identifiquen un 10% más que pudieran ahorrar en los próximos dos años. Pero eximieron de recortes a las ayudas que reciben las escuelas locales, el cuidado de la salud infantil y el Medicaid, que paga por los hogares para el cuidado de adultos mayores de bajos ingresos, entre otras cosas. Los servicios de salud y sociales y la enseñanza representan 75% del presupuesto, así que será imposible recortar el presupuesto total sin afectar esos servicios.

Lavine y Craymer coinciden en que la legislatura tendrá que utilizar una combinación de recortes, el fondo de reserva, medidas de contabilidad que trasladen los costos al futuro, y nuevos ingresos. Ambos dijeron que la legislatura tendrá que considerar seriamente la legalización de los juegos de azar y aumentar el costo de las licencias, la entrada a los parques estatales y otros servicios. Lavine quiere que el estado vaya más lejos. "Somos una economía de servicios del siglo 21, pero nuestros impuestos sobre las ventas reflejan la economía de hace 50 años. No pagan impuestos los servicios de abogados, contadores, corredores de valores y bienes raíces, ingenieros o consultores gerenciales. Obviamente, ese es un sector enorme que nuestro impuesto sobre las ventas no está captando", dijo. El grupo empresarial de Craymer no apoya ningún impuesto nuevo. "Somos un estado conservador en materia fiscal. Reconocemos que subir los impuestos daña la economía", señala.

"Esta vez, hay mucho en juego" en la legislatura, expresó Fredriksen.
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