Por qué se están retrasando tanto las reclamaciones de los beneficios por incapacidad del Seguro Social

A diferencia de los pagos de los beneficios del Seguro Social, que se codifican en las leyes, los gastos operativos de la SSA están sujetos al proceso anual del presupuesto federal. El Congreso aprobó $14,100 millones para la agencia para el año fiscal federal del 2023, el cual concluyó el 30 de septiembre. Esto supuso un aumento de $785 millones en comparación con el año anterior, aunque la cifra estuvo $645 millones por debajo de la cantidad solicitada por la agencia.

Los presupuestos limitados y las bajas de personal han tenido “efectos desastrosos en el servicio de atención al cliente”, según indicó la American Federation of Government Employees (AFGE), un sindicato que representa a más de 42,000 trabajadores federales de la SSA, en una declaración en enero en la que instaba al Congreso a aprobar un aumento en la financiación a largo plazo.

AARP ha presionado durante mucho tiempo para obtener mejoras en la atención al cliente de la SSA, reuniéndose con los principales líderes de la agencia y pidiendo al Congreso (en inglés) que financie adecuadamente las operaciones del Seguro Social y se cerciore de que esos fondos se utilicen para mejorar la atención. Desde fines del 2022, los socios de AARP han enviado casi 1.2 millones de mensajes a los miembros del Congreso instándolos a dedicar más fondos al servicio de atención al cliente de la SSA. 

“Los tiempos de espera absurdamente largos para las decisiones pueden ser devastadores para las familias de todo el país”, afirma Tom Nicholls, director de Asuntos Gubernamentales de AARP que centra su atención en el Seguro Social. “Está mal, es frustrante y es algo que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Las personas en Estados Unidos han aportado al Seguro Social durante toda su vida laboral. Ellos han hecho su parte, ahora le toca al Congreso hacer la suya y solucionar esto ya”.

Las autoridades de la SSA dicen que las asignaciones durante la última década solo han sido suficientes para cubrir los costos fijos crecientes como el alquiler del espacio de oficinas, los costos de franqueo y los ajustes por costo de vida a la paga de los trabajadores federales, dejando poco o nada para aliviar los problemas crecientes del servicio al cliente. Pero también resaltan un problema estructural más profundo en la manera en que se gestionan las solicitudes de los beneficios por incapacidad.

Las oficinas estatales de beneficios por incapacidad enfrentan dificultades

Cuando alguien solicita el SSDI o la SSI, la determinación de si reúnen los requisitos por razones médicas se realiza a nivel estatal por la Agencia de Determinación de Incapacidad (DDS, Disability Determination Services). Las oficinas de la DDS, que reciben financiamiento federal pero son administradas a nivel estatal, toman la decisión inicial sobre una reclamación por incapacidad y también se encargan de la posible reconsideración. Estas oficinas también enfrentan una escasez de personal.

La fuerza laboral de la DDS disminuyó un 16% en todo el país del 2010 al 2021, según datos del Center for Budget and Policy Priorities. Las bajas de personal superaron el 20% durante ese período en 13 estados y en Puerto Rico.

Esas pérdidas están teniendo un grave efecto. “Se está tardando más de un año (14 o 15 meses) desde el momento en que presentas la solicitud al Seguro Social y es enviada a la DDS, hasta que recibes la determinación”, dice Heard.

No se trata solo de la pérdida de empleados. El elevado índice de bajas está causando una escasez de personal experto en las agencias estatales, “y muchas de las bajas afectan a los especialistas de evaluación de incapacidad”, señala Mark Hinkle, portavoz de la SSA.

Los evaluadores sopesan la evidencia médica para determinar si un solicitante satisface la definición de incapacidad del Seguro Social. “Aunque las oficinas de la DDS continúan contratando personal, la fase completa de desarrollo y capacitación de un nuevo especialista en evaluación de incapacidad puede tomar de dos a tres años”, explica Hinkle.

Los cambios en el proceso de evaluación de reclamaciones han contribuido también al aumento en los tiempos de espera, dice. Una ley aprobada por el Congreso en el 2015 requirió que cada reclamación por discapacidad fuera revisada por un asesor médico o psicológico (en el pasado, algunos casos podían ser gestionados solo por los evaluadores de la DDS). La llegada de los expedientes médicos electrónicos aceleró la recopilación de información pero al mismo tiempo aumento significativamente la cantidad de pruebas a considerar para cada solicitud.

Y la modernización constante del sistema nacional de procesamiento de casos ha “generado una curva de aprendizaje en las oficinas de la DDS”, señala Hinkle.

“La DDS ha causado grandes demoras en el proceso, tanto en la etapa de solicitud inicial como en la fase de reconsideración”, señala Rich Couture, negociador principal de la AFGE.

Si bien los centros de la DDS se financian con fondos federales y toman decisiones sobre beneficios federales, sus trabajadores son empleados estatales. Las decisiones salariales y sobre dotación de personal son determinadas por los estados, y las oficinas de la DDS pueden verse afectadas por la congelación de la contratación y las suspensiones.

Por lo tanto, cuando las oficinas de la DDS enfrentan problemas, los efectos se observan en todo el sistema de reclamaciones por incapacidad del Seguro Social. Y están “plagados de problemas”, señala Kathleen Romig, directora de Política del Seguro Social y de Discapacidad del Center for Budget and Policy Priorities.

“Las oficinas de la agencia son un desastre total”, advierte. “La crisis de contratación en la DDS es peor que en la SSA. Nadie quiere trabajar allí, los empleados están muy insatisfechos y no pagan mucho”.

Aumentan los retrasos

Con las crecientes demoras en las decisiones sobre las solicitudes por incapacidad, la cantidad de casos de reclamaciones pendientes de la SSA se ha disparado. En el 2019, justo antes del comienzo de la pandemia, alrededor de 600,000 solicitantes esperaban la determinación inicial sobre sus solicitudes de beneficios; en el 2023, por primera vez, el número de casos pendientes superó un millón.

Uno de los solicitantes afectados fue Mike, de 49 años, analista de sistemas de seguridad y veterano del Ejército del área de Dallas-Fort Worth.

Mike (que al igual que José, consintió hablar con la condición de que omitiéramos su apellido) fue diagnosticado en el 2021 con dos tipos de cáncer. Al tener que dejar de trabajar, solicitó el SSDI en marzo del 2022, y recibió ayuda legal desde el comienzo.

“Investigué un poco y descubrí que es mucho más fácil pagar a un abogado para hacerlo bien”, dice.

Mike recibió lo que en la actualidad se considera una decisión relativamente rápida, después de cuatro meses, pero fue una denegación. Solicitó una reconsideración en agosto del 2022, pero la SSA informó a sus abogados que el caso no fue asignado a un evaluador hasta después de siete meses, en marzo del 2023. Fue otorgado beneficios en agosto, 17 meses después de su reclamación inicial.

Hinkle dice que la SSA está tomando medidas para eliminar las demoras. La agencia ha transferido alrededor de 300 empleados federales a oficinas de la DDS en todo el país para ayudar a procesar las solicitudes. Ha aumentado la financiación de salarios en las oficinas estatales, está brindando una mayor capacitación y orientación a los nuevos empleados y ha reducido el tiempo que tarda en completar verificaciones de antecedentes para acelerar el proceso de contratación de personal.

Aun así, no hay soluciones rápidas. La reducción en los tiempos de espera para las determinaciones sobre los beneficios del SSDI o la SSI depende de muchos factores, como una “financiación adecuada y continua por parte del Congreso”, explica Hinkle.

Aunque el año fiscal federal 2024 comenzó el 1.º de octubre, la Administración del Seguro Social, como otras agencias federales, recibe financiamiento basado en los niveles aprobados para el año fiscal 2023 bajo las resoluciones continuas aprobadas por el Congreso a mediados de noviembre y mediados de enero para prevenir el cierre del Gobierno. La nueva fecha límite establecida por el Congreso para adoptar el presupuesto de la SSA para el año fiscal 2024 es el 8 de marzo.

La porción del presupuesto del presidente Joe Biden dedicada a la SSA, que se presentó en marzo, busca aumentar la financiación para la agencia en un 10%, a $15,500 millones. Las oficinas de la DDS recibirían $2,900 millones según el plan, un aumento de más de $350 millones por encima del presupuesto actual.

El gasto propuesto “brinda los recursos necesarios para mantener los niveles de personal de la SSA y la DDS, financiar la cantidad adecuada de horas extra y apoyar los costos de procesamiento de casos adicionales que nos permitirán aumentar el número de casos de incapacidad que podemos completar”, explica Hinkle. “Recibir una cantidad inferior a la solicitada en el presupuesto del presidente afectaría negativamente nuestra capacidad de procesamiento y aumentaría los tiempos de espera”.

La AFGE sostiene que se necesitará más para mejorar la situación. El sindicato ha pedido al Congreso que apruebe $20,000 millones adicionales en fondos suplementarios para la SSA, repartidos a lo largo de 10 años, incluidos $2,500 millones para recuperar los niveles de personal del 2010 y $3,200 millones para mejorar los beneficios de los empleados para promover la contratación y la retención.

Sin embargo, por el momento, “el sistema va a seguir igual”, dice Mike. “Si no tienes paciencia, te va a parecer una espera insufrible”.

Después de dos denegaciones, José resucitó exitosamente su reclamo de discapacidad con la ayuda de un grupo de asistencia legal.

Gabriela Hasbun

¿Puede la ayuda legal acelerar tu reclamo por discapacidad?

Tener un abogado o un defensor profesional experto en discapacidad que se encargue de tu caso puede ser un paso importante para obtener los beneficios por discapacidad del Seguro Social y hacerlo más rápido, según la National Bureau of Economic Research.

En un estudio de 2022 (en inglés), la organización de investigación sin fines de lucro descubrió que la representación legal al principio del proceso aumenta la probabilidad de obtener una decisión positiva sobre un reclamo de beneficio inicial en un 23%.

Esto “conduce a concesiones tempranas por discapacidad a personas que de otro modo recibirían beneficios sólo en apelación”, afirma el informe. “Al garantizar adjudicaciones más tempranas y desalentar las apelaciones sin fundamento, la representación reduce el tiempo total de procesamiento del caso en casi un año”.

“Lo que encontramos es que realmente proporcionan un gran beneficio para muchos solicitantes”, dice Nicole Maestas, directora del Centro de Investigación sobre Jubilación y Discapacidad del grupo de investigación y coautora del estudio. “Ayudan a los solicitantes a preparar esas solicitudes de manera que puedan ser aprobadas”.

En la mayoría de los casos, no pagarás tarifas iniciales por ayuda legal con un reclamo por discapacidad. A los abogados se les paga sólo si ganas el caso, y los honorarios provienen de los “pagos atrasados”: beneficios atrasados que habrías recibido si el Seguro Social hubiera aprobado tu solicitud en una etapa anterior.

La tarifa está limitada por el Seguro Social al 25% del monto atrasado o $7,200, lo que sea menor. Si no hay pagos atrasados (algo que John Heard, un abogado de discapacidad de San Antonio desde hace mucho tiempo, dice que sucede “con bastante frecuencia”), no hay honorarios, incluso si el cliente recibe beneficios en el futuro.

“Si alguien puede encontrar un servicio de asistencia jurídica que pueda brindar ayuda, sería un buen primer paso”, dice Richard Johnson, director del Programa de Política de Jubilación de la organización sin fines de lucro Urban Institute. “Las solicitudes son complicadas y hay reglas que la gente no entiende”.

Cuando José, el trabajador de una fábrica del Área de la Bahía, fue marginado por múltiples problemas de salud física y mental, él mismo solicitó el SSDI por teléfono. Su reclamo inicial, presentado en 2016, fue denegado, al igual que su posterior solicitud de reconsideración. A finales de 2019, se puso en contacto con una organización de asistencia jurídica para que lo ayudara con el siguiente paso: una audiencia de apelación.

En agosto de 2021, un mes después de la audiencia, un juez de derecho administrativo aprobó la solicitud de José y le otorgó beneficios que se remontaban al 20 de junio de 2016, fecha en la que el juez determinó que José quedó incapaz de trabajar debido a sus discapacidades.

“Estoy muy agradecido de haber ido y pedido ayuda”, dice José. “Gracias a ellos, tengo discapacidad y no tengo que recibir asistencia social”.