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Florida

¿Es de esperar que suba el costo de los servicios públicos?

AARP y otros defensores de los consumidores dicen que hay que reformar la Public Service Commission (Comisión de Servicios Públicos).

In English | La promesa del Gobernador Rick Scott, de reducir el costo de la electricidad de algunos sectores comerciales, para mejorar el clima empresarial en la Florida, hace temer a los defensores de los consumidores que se incremente el costo para los hogares.

Scott, un republicano, ha sugerido una “tarifa de desarrollo económico” para las corporaciones que acepten reubicarse a la Florida o ampliar sus actividades en el estado. Este pago reducido por servicios públicos iría acompañado de la creación de empleos, pero las cuatro grandes empresas privadas de servicios públicos en la Florida no tendrían que absorber la pérdida de ingreso, sino que dicha reducción se contrarrestaría con un costo superior para el resto de los usuarios, especialmente los hogares, quienes llevarían la mayor carga.

“No es el momento oportuno para crear enemistad entre las empresas de la Florida y sus clientes”, dice Charles Milsted, subdirector estatal de AARP de la Florida. “Esta recesión ha sido demasiado difícil para los consumidores”.
Bill Newton, director ejecutivo de Florida Consumer Action Network (FCAN) señala que “lo que es bueno para las empresas, va a ser perjudicial para los consumidores. Lo único que podemos esperar es que sea contraproducente para los legisladores y abandonen el intento de incrementar las tarifas”.

Esta posible acción respecto a las tarifas surge después de un año en que la PSC (Comisión de Servicios Públicos) de la Florida fue sacudida por cambios de personal y acusaciones de servilismo hacia las empresas de teléfono y electricidad.

Los defensores de los consumidores, incluido AARP de la Florida, apoyan la promulgación de legislación que limitará la comunicación entre los servicios públicos estatales regulados por el estado y los propios reguladores y su personal. La medida se debe a que se han publicado informes sobre los comisionados y su personal intercambiando mensajes de texto con los grupos de presión de dichas empresas mientras la Comisión evaluaba un incremento considerable de tarifas por parte de la gigantesca compañía de electricidad Florida Power & Light (FPL), que da servicio a 4,5 millones de clientes en el sur de la Florida principalmente.

Newton afirmó que las empresas de servicios públicos tienen demasiada influencia sobre la PSC. “Se necesita un cambio radical. Creo que es la única forma para que la Comisión tenga en cuenta los intereses de los consumidores”.

Después de que la PSC rechazó el incremento en la tarifa de FPL, cuatro de los cinco comisionados perdieron la renovación de su puesto. Dos de ellos fueron rechazados por el Senado estatal y los otros dos no volvieron a ser designados como tales, lo que ocasionó recriminaciones de que la renovación de sus funciones fue de alguna forma obstaculizada por dicha compañía. El presidente y director ejecutivo de FPL, Armando J. Olivera, negó esa especulación diciendo que eran “rumores, insinuaciones y ataques sin fundamento”.

Pero la acusación ha minado la confianza de los consumidores en la PSC, dice Leslie Spencer, subdirectora estatal de AARP de la Florida.
“La PSC ha sido una telenovela”, dice Spencer. “Pensando como consumidor, si eso fuera todo lo que sé de la regulación de los servicios públicos, no me sentiría muy confiada”.

El senador de la Florida Mike Fasano, republicano por New Port Richey, está promoviendo una legislación para crear mayor separación entre los miembros de la comisión y las empresas de servicio público. La medida fue aprobada por el Senado el pasado año con una votación de 39 a 1, pero se estancó en la Cámara de Representantes. Puede que incluso se enfrente a mayor resistencia este año. Si bien el año pasado el Senado puso el proyecto de ley por la vía de aprobación rápida, el nuevo presidente del Senado, Mike Haridopolos (republicano por Merritt Island), dice que al reintroducirse tendrá que pasar por el proceso normal y someterse ante el comité. Los líderes de la Cámara han expresado poco interés en dicha medida. “Realmente no tengo idea de lo que pasará con esto [el proyecto de ley],” dijo Fasano, “pero se necesita”.

Nancy Argenziano, una ex senadora republicana que dejó repentinamente la PSC el otoño pasado cuando la comisión de nombramiento decidió no renovar su puesto, dice que este proyecto de ley de Fasano no tiene posibilidades. “La legislatura nunca va a aprobar normas de conducta para la PSC”, asegura Argenziano. “Las empresas de servicios públicos son unas de las mayores fuentes de financiamiento. Contribuyen donaciones a campañas políticas y dicen a la legislatura ‘Esto es lo que queremos que hagan’”.

Las compañías de electricidad de la Florida contribuyeron $3,7 millones en donaciones directas a los partidos y los candidatos en las elecciones del pasado año, según indica el National Institute on Money in State Politics (Instituto Nacional sobre el Dinero en la Política Estatal).

Otro acontecimiento podría también suponer mayor costo de energía para los consumidores. Los legisladores estatales están tratando de fomentar el uso de la energía solar, de biomasa y otros combustibles renovables, al dar a las empresas permiso para cobrar a los clientes el costo superior de estas formas ecológicas de producción energética. Las empresas defienden el plan. “Otros estados están avanzando mucho más rápidamente que la Florida en la energía solar, y eso que estamos en el Sunshine State (El estado del sol)”, dice Mark Bubriski, portavoz de FPL. “El paso a la energía renovable también puede atraer a empresas y crear empleos, cosa que es importante actualmente”.

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