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Ajuste fiscal

La crisis de la deuda

A diferencia de las tormentas naturales, después de este huracán no viene la calma.

El agrio debate que acaba de concluir en Washington en torno a la elevación de la capacidad de la deuda de Estados Unidos fue el resultado de una crisis totalmente artificial creada por un grupo de congresistas neófitos que optó por utilizar la coyuntura de la deuda para adelantar una dudosa agenda política.

Vea también: ¿Qué significa para usted el acuerdo sobre el presupuesto?

Y como si fuera poco, el controvertido acuerdo de última hora elevará aún más el desempleo y —muy lejos de impulsar— socava la futura estabilidad económica del país.

Antes de este año, elevar la capacidad de la deuda era una cuestión de rutina parlamentaria. Se sometía un simple párrafo a votación en ambas cámaras del Congreso y el presidente la firmaba. El presidente Ronald Reagan firmó este tipo de acuerdo 18 veces en sus dos términos en la Casa Blanca. El presidente George W. Bush la firmó siete veces, sin que nadie tuviera la peregrina idea de adjuntarle un arbitrario paquete de legislación presupuestaria y usar la potencial debacle económica del país como rehén para obtener su aprobación.

El resultado es un acuerdo que el presidente y su partido han tenido que aceptar so pena de permitir que Estados Unidos pierda su credibilidad financiera y su estatus de confiabilidad económica. Y la ironía es que, a pesar de haber resuelto el conflicto pocas horas antes de la fecha tope, una de las compañías que evalúa el estatus de solvencia financiera de empresas y países, la Standard & Poor’s, disminuyó el grado de Estados Unidos del máximo nivel de AAA a AA+. Uno de los factores que influyeron la decisión, según uno de sus principales oficiales, fue “la parálisis política en Washington” y la resultante incertidumbre sobre la posibilidad de “situar el perfil fiscal de Estados Unidos en un rumbo sostenible a largo plazo”.  

El presidente resultó ser el peor de los negociadores. Después de jurar que nunca accedería a ningún intento por aliviar el déficit sin balancearlo con ingresos —principalmente provenientes de la eliminación de licencias y subsidios que disfrutan las grandes corporaciones a pesar de estar disfrutando del más alto nivel de ganancias en su historia—, Obama claudicó ante la intransigencia republicana y aceptó una solución que sólo contiene reducciones.

En vez, Obama debió exigir desde el principio un acuerdo limpio sobre la elevación de la deuda sin vincularlo a cuestiones presupuestarias que no tienen lugar en ese procedimiento. Tampoco debió retirar de la mesa de negociaciones su opción (recomendada por muchos, incluido el ex presidente Bill Clinton) de recurrir a la 14ta. Enmienda de la Constitución que le da poder para garantizar, en última instancia, que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos … no será cuestionada”.

El aumento de la capacidad de la deuda quedó aprobado hasta después de 2012, pero a un precio tan escandalosamente alto que se ha tratado de dorar la píldora mediante la creación de una “supercomisión” bipartita —seis republicanos y seis demócratas— que se encargaría de negociar más recortes y también posibles ingresos antes del 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Así las cosas, el acuerdo establece reducciones por $917 mil millones en la próxima década, más $1,5 millones de millones que tendrá que decidir la supercomisión.

A salvo Medicare y el Seguro Social; pero ¿hasta cuándo?

La buena noticia es que, de inmediato, los programas Medicare, Medicaid y Seguro Social están fuera del alcance de las reducciones —uno de los aspectos claves de la postura de AARP frente a las negociaciones.

La frase clave es “de inmediato”. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que el debate de la supercomisión sobre las próximas reducciones de $1,5 millones de millones incluirá todo —Medicare y Medicaid, y también posibles ingresos—, y si el pleno del Congreso no aprueba lo que decida la supercomisión antes del 23 de diciembre, se activaría un “gatillo” que produciría un recorte automático de $1,2 millones de millones a través de todo el espectro del presupuesto, lo cual incluiría también Medicare y Medicaid.

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