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California

Se cuestionan los beneficios de los medidores inteligentes

AARP sostiene que es necesario proteger más al consumidor.

In English | Cuando los jubilados Michael y Rita Sabo, de Escondido, compraron un auto eléctrico, decidieron intentar reducir el consumo de energía en su hogar en tres kilovatios por día, para compensar la energía requerida para recargar el auto.

Todas las noches, se conectan a internet para verificar su consumo eléctrico. Esta revisión diaria los llevó a adoptar diversas medidas para ahorrar energía, como:
   • esperar hasta tener una carga completa para usar el lavarropas;
   • secar la ropa al aire libre en vez de usar la secadora; y
   • limpiar el horno manualmente en vez de usar el sistema de limpieza automático.

Su nuevo estilo de vida les ha permitido ahorrar más que la energía necesaria para cubrir la recarga nocturna de su automóvil.

El matrimonio Sabo está muy complacido con la nueva transparencia relacionada con el consumo energético, y ahora les enseña a sus vecinos cómo reducir los costos de energía. Sin embargo, para AARP y otros grupos de defensa de los derechos del consumidor, hay un lado potencialmente negativo: los mayores costos para compensar la instalación de los medidores y los precios más altos de la electricidad durante las horas de más demanda, cuando muchos jubilados y personas que no pueden salir de sus hogares dependen de la electricidad.

La California Public Utilities Commission (en inglés), (CPUC, Comisión de Servicios Públicos de California) sostiene que la tarifación según la hora del día será opcional; sin embargo, los grupos de defensa de los derechos del consumidor temen que se torne obligatoria.

“Lo que nos inquieta es que se fuerce a los consumidores a ingresar en un esquema de precios basados en la hora del día, en el cual las personas mayores y los discapacitados tengan que pagar más, simplemente por no tener la opción de trasladar su consumo de energía fuera de las horas de más demanda”, aclara Casey Young, subdirectora estatal de AARP California para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

“Lucharemos para asegurarle al consumidor que no se lo incorpore, ni obligatoriamente ni por defecto, a estos esquemas de precios”. Mindy Spatt, vocera de The Utility Reform Network (en inglés), (TURN, Red de Reforma de los Servicios Públicos), quien ha criticado duramente el sistema de medidores inteligentes instalados en California, sostuvo: “la tarifación según la hora del día significará que algunos consumidores se beneficiarán, pero otros recibirán facturas más abultadas, y no creemos que esto sea justo”.

Los medidores inteligentes, que permiten a las compañías proveedoras de servicios públicos hacer un seguimiento del consumo de energía de hogares y edificios comerciales mediante el uso de señales de radio similares a las de los teléfonos celulares, están reemplazando, gradualmente, a los medidores de electricidad convencionales, y a los trabajadores que los leían.

Para el 2012, las tres compañías de servicios públicos más grandes de California —Pacific Gas and Electric, Southern California Edison y San Diego Gas & Electric — prevén tener instalados casi 17 millones de medidores inteligentes de electricidad y gas natural, servicio que cubrirá a casi la totalidad de sus clientes.

Los grupos de defensa de los derechos del consumidor también están preocupados por la posibilidad de que los medidores les faciliten a las compañías de servicios públicos cortar el suministro de energía por demoras en los pagos. En el pasado, alguien de la compañía iba a la casa del cliente antes de desconectar el medidor.

“Las compañías de servicios públicos solían sentirse orgullosas por estar presentes en los vecindarios. Eran otro par de ojos para localizar a residentes que necesitaran ayuda”, señaló la consultora independiente Barbara Alexander, quien ayudó a preparar un informe sobre los medidores para AARP, Consumers Union (Unión de Consumidores), Public Citizen (en inglés), la National Association of State Utility Consumer Advocates (Asociación Nacional de Defensores de los Derechos del Consumidor de Servicios Públicos), (en inglés), y el National Consumer Law Center (Centro Nacional de Asesoramiento Jurídico para el Consumidor), (en inglés).

Spatt, de la The Utility Reform Network, dijo que las compañías de servicios públicos deberían asumir el costo de la instalación de los nuevos medidores, en vez de trasladarlo al consumidor. “En el estado, la cifra se aproxima a los $5.000 millones. Estos medidores no van a traducirse, necesariamente, en beneficios que pueda compensar al consumidor”.

Los representantes del rubro sostienen que el consumidor se beneficiará más adelante, ya que la concienciación del consumidor y la tarifación por horarios de mayor demanda de energía reducirán las necesidades futuras de nuevas plantas de energía.

Alexander insta a los reguladores y legisladores estatales a establecer protecciones adicionales para el consumidor, para mantenerse al día con la tecnología. La privacidad es un problema, sostuvo, porque las compañías de servicios públicos tienen acceso a una gran cantidad de información acerca de cómo vivimos. Saben cuándo uno está en su casa y qué aparatos está utilizando. “Muchas empresas adorarían poder acceder a este tipo de información”.

La oposición a los medidores inteligentes en California ha llevado a pleitos y a la acción legislativa. Algunas comunidades han pedido prohibición temporal de la instalación de los medidores, pero los reguladores han denegado estas peticiones.

Según Terrie Prosper, vocera de la CPUC, cerca de 8.000 consumidores se han quejado a la comisión respecto de posibles sobrecargas y de los efectos de las ondas de radio de los medidores en la salud.

La CPUC recomienda que los clientes que tengan inquietudes con respecto a los medidores inteligentes llamen primero a las compañías proveedoras de los servicios correspondientes. Y si siguen insatisfechos, pueden llamar al 1-800-649-7570 y presentar una queja, o hacerlo vía internet, en el sitio. Las quejas relativas a las ondas de radio deberán dirigirse a la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones), (en inglés) al 1-888-225-5322, y no a la CPUC.

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