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Cuidado con los cazadores de pensiones

Jubilados afectados por altísimas tasas de interés.

Cazadores de pensiones

FOTO: ADAM VOORHES; DISEÑO DE ROBIN FINLAY

Una estrategia para ‘cazar furtivamente’ pensiones involucra a abogados, planificadores financieros y agentes de seguros tratando de persuadir a veteranos de guerra mayores de 65 años que cuentan con pensiones, para que inviertan en productos de seguros.

In English | Daryl Henry, retirado de la Marina, de Laurel, Maryland, estaba agobiado por sus cuentas. En el 2003 leyó un anuncio publicitario y acordó recibir un adelanto en efectivo a cambio de transferir casi la totalidad de los $1,083 de su pensión mensual, por ocho años.

Henry, que pasó 20 años en la Marina, acordó pagarle a una compañía asociada con Structured Investments Co., del sur de California, $1,070 mensuales a cambio de un anticipo. El costo para amortizar el anticipo de $42,131 era de $102,720.

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En el 2005, Henry fue designado principal demandante entre 16 jubilados en una querella contra Structured Investments. En el 2011, un juez de la Corte Suprema de California dictaminó que los adelantos de la compañía violaron una ley federal que prohíbe la transferencia o venta de pensiones militares. El juez ordenó que quienes aún estaban pagando podían dejar de hacerlo, y a los jubilados se les reembolsarían casi $3 millones.

La victoria fue dulce, pero breve. En semanas, Structured Investments se declaró en bancarrota. Ninguna de las víctimas ha recibido ninguna indemnización.

Robert Bramson, abogado de Walnut Creek, California, quien llevó adelante el juicio de Henry, sigue trabajando por sus clientes. Dice que ya ha gastado alrededor de $225,000 de su propio dinero en honorarios y gastos legales, en la esperanza de que obtendrán algo en el proceso de quiebra. “Mi negocio es ayudar a la gente de la que se están aprovechando”, expresó Bramson.

Henry es uno de un número desconocido de personas que han transferido sus pensiones a un creciente ejército de cazadores de pensiones que persiguen a veteranos y otros jubilados que tienen un flujo de ingresos estable. Los embaucadores los animan para que, en vez de hacerlo en cuotas mensuales, tomen sus futuros ingresos ahora mismo y en un pago único, a menudo a un costo exorbitante.

La buena noticia es que el Congreso y algunos estados están empezando a perseguir a quienes se dedican a estafar a personas que reciben pensiones. AARP apoya las iniciativas para exigir la habilitación formal de los prestamistas y garantizar que cumplan con las leyes federales y estatales de divulgación de información al público, los topes de las tasas de interés estatales para los préstamos pequeños y las leyes contra la usura.

AARP también ha instado a la agencia federal Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, Oficina de Protección Financiera del Consumidor) a promulgar regulaciones “para eliminar las injustas prácticas engañosas y abusivas en la industria de los servicios financieros alternativos”. Por ahora, no obstante, quienes cuenten con pensiones tienen que tener su propia primera línea de defensa. Esto es lo que tienes que saber para protegerte.

Cobra hoy tu pensión futura

Las empresas con nombres y sitios web con banderas que parecen despertar nuestro patriotismo galantean con militares jubilados, como así también con maestros, bomberos, oficiales de policía y otras personas que tienen pensiones. La irresistible estrategia es: “Convierte en efectivo hoy parte de tu pensión futura”. La pregunta es: ¿A qué costo? Las tasas de interés anuales para los préstamos sobre pensiones pueden llegar al 100%.

Los anticipos de pensión son una variedad del préstamo de día de pago: préstamos a corto plazo, generalmente por menos de $500, con tasas de interés exorbitantes. En cambio, los anticipos de pensión normalmente son por decenas de miles de dólares, y el plazo de amortización puede superar los tres años. Los contratos pueden ser confusos.

Las compañías que se dedican a otorgar anticipos de pensión vuelan bajo para evitar los radares de la justicia y los organismos reguladores, argumentando que no son bancos y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes relativas a la veracidad de la información de los préstamos y contra la usura. Si bien es ilegal que los pensionados militares y federales transfieran o vendan sus pensiones, las compañías eluden la ley haciendo que los jubilados depositen una parte considerable de sus pensiones en cuentas bancarias controladas por ellas. Las empresas afirman que las transacciones son anticipos, no préstamos, y que los pagos no constituyen interés.

Mark Corbett, vicepresidente de mercadeo de buyyourpension.com, expresó que el término “préstamo” sugiere que el dinero se puede devolver anticipadamente. El cliente de una compañía que acuerda transferirle una parte de su pensión por seis años, tiene un compromiso en firme por seis años.

“Nosotros compramos flujos de ingreso”, sostuvo. “Todo lo que hacemos es completamente legal y legítimo. Somos completamente transparentes”.

Corbett señaló que el negocio se está expandiendo y que recibe de 30 a 50 llamadas por día de personas que quieren efectivo a cambio de sus pensiones.

“Lo primero que hago es tratar de convencerlos de que no lo hagan”, contó. “Es dinero muy caro. Les digo: ‘No vendas tu pensión, salvo que tengas un plan verdaderamente bueno para el dinero’”.

Otra forma de ‘cazar furtivamente’ pensiones involucra a abogados, planificadores financieros y agentes de seguros tratando de persuadir a veteranos de guerra mayores de 65 años que cuentan con pensiones, para que inviertan en productos de seguros, de modo que puedan resultar elegibles para acceder a beneficios de ayuda y atención (Aid & Attendance) del Department of Veterans Affairs (VA, Departamento de Asuntos de Veteranos), que ayudan a pagar servicios de asistencia con las tareas de la vida cotidiana. Semejantes acciones dieron lugar a una severa advertencia de la Federal Trade Commission (FTC, Comisión Federal de Comercio) el año pasado.

“Lo que no revelan es que estas transacciones podrían significar que el veterano pierda su elegibilidad para acceder a los servicios de Medicaid o que pierda la posibilidad de usar su dinero por mucho tiempo. Para colmo de males, los asesores están cobrando honorarios que van de los cientos a los miles de dólares por sus servicios”, advirtió la FTC.

Beverly Walsh era una maestra de escuela jubilada de Lynnwood, Washington, que había prestado servicios en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. En el 2006, un agente de seguros especializado en finanzas para ancianos le vendió a Walsh, que entonces tenía 81 años, una anualidad de 10 años valuada en $215,000. En el 2009, ella compró una segunda anualidad valuada en $100,000. El agente también la persuadió para que estableciera un fideicomiso para que ella y su esposo, veterano del Ejército con mal de Alzheimer, pudieran resultar elegibles para Medicaid y el beneficio de ayuda y atención, además de recibir una pensión de veterano.

Jamás se presentó ninguna solicitud de pensión, Medicaid ni del beneficio de ayuda y atención, ni se tomaron medidas precautorias para el cuidado de Walsh ni el de su marido.

La sobrina de Walsh, Holly Beuthin, de Renton, Washington, pasó dos años aclarando los detalles y reclamando ante agencias estatales.

El agente de seguros “se ganó su confianza a lo largo de varios años y después la forzó a que tomara estas decisiones financieras que ella no estaba en capacidad de comprender”, dijo Beuthin, quien tuvo el placer de ver cómo el estado multó al agente por mala praxis financiera en el caso de su tía y le revocó su licencia.

Beuthin pudo recuperar todo el dinero de su tía, pero su tía no vivió lo suficiente para verlo. Beverly Walsh falleció el año pasado a los 88 años.

El Fiscal General de Washington, Bob Ferguson (demócrata), propone solo unas pocas leyes cada año. Este año, una de las cinco que propuso era para proteger a los veteranos de guerra de lo que él denomina “cazadores furtivos de pensiones”.

“Los fraudes relacionadas con la ayuda y atención conllevan estafadores que simulan ser ‘asesores’ de inversiones y se aprovechan de veteranos de guerra ancianos y vulnerables, o de sus cónyuges que los sobrevivieron, con el atractivo incentivo de un beneficio federal sin límites”, decía un resumen de la legislación preparado por su oficina.

En marzo, la legislatura de Washington aprobó la ley, respaldada por AARP, que prohíbe que los agentes de seguros brinden asistencia a veteranos de guerra en la obtención de beneficios que puedan implicar alguna ganancia económica para el agente. 

“Esperamos que esto tenga un efecto disuasivo”, dijo Ferguson, cuyo padre y tíos prestaron servicios durante la Segunda Guerra Mundial. “Vemos muchos delitos, pero pocos resultan más indignantes que aquellos que intentan estafar a nuestros veteranos de guerra”.

Lo que se está haciendo

El año pasado, en varios estados y en Capitol Hill, distintos funcionarios han empezado a centrar la atención en la “caza furtiva” de pensiones.

En Vermont, el senador estatal Kevin Mullin (republicano) trabajó con AARP Vermont en un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por ambas cámaras de la legislatura y que el gobernador Peter Shumlin (demócrata) sancionó en abril. La ley exige que los prestamistas contra pensiones cumplan las mismas normativas bancarias y de protección del consumidor que los demás prestamistas, incluido el requisito de que cuenten con la licencia o habilitación correspondiente.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo (demócrata) ordenó una investigación de compañías dedicadas al otorgamiento de anticipos de pensiones, y el Departamento de Servicios Financieros del estado dispuso la comparecencia de 10 compañías.

En Arkansas y Nuevo México, funcionarios de seguridad del estado emitieron órdenes de cese y suspensión contra compañías propiedad del grupo Voyager Financial Group, que ofrecía paquetes de pensiones militares en venta a inversores.

En el nivel federal, la Securities and Exchange Commission (SEC, Comisión de Bolsa y Valores), la Federal Trade Commission, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) y el Consumer Financial Protection Bureau han emitido advertencias sobre estafas relacionadas con pensiones y beneficios.

“Estos esquemas son, generalmente, un muy mal negocio para los jubilados”, dijo Richard Cordray, jefe del Consumer Financial Protection Bureau.

En Capitol Hill, el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado está investigando los préstamos contra pensiones.

En la Cámara de Representantes, el representante Matt Cartwright (demócrata por Pensilvania) presentó la “Annuity Safety and Security Under Reasonable Enforcement Act” (Ley de seguridad y protección de anualidades bajo razonable imposición), conocida como ASSURE por sus siglas en inglés, el año pasado, junto con el representante Gerry Connolly (demócrata por Virginia). Cartwright llama a las tasas de interés de los anticipos de pensiones, que van del 27 al 106%, un “asalto a la diligencia”. Su proyecto de ley limitaría la tasa de interés sobre este tipo de préstamos a la tasa preferencial más el 6%.

Thom Stoddert, de 63 años, veterano de la Guerra de Vietnam, de Olympia, Washington, y escritor para Veterans Voice, ha dedicado años a ayudar a los veteranos a evitar estafas. “Me topé con estas personas que simulan estar defendiendo a los veteranos de guerra, pero que solo están haciendo dinero”, dijo Stoddert. “No pasé noches durmiendo en el barro y con frío, ni pasé innumerables horas viendo morir a veteranos y soldados, para que aquellos que nunca sirvieron al país nos utilicen como fuente de alimentación para su codicia”.

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