Vida Sana
Belinda Edwards necesita ayuda. Sus padres sufren de demencia, y ella es su única cuidadora. Su padre es veterano militar, y navegar la red de políticas del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) con la esperanza de asegurar beneficios adicionales para él es, en el mejor de los casos, difícil, especialmente porque debe presentar pruebas de que la enfermedad está asociada con el servicio militar.
“El tiempo es mi enemigo. No tengo suficiente tiempo para ser, en mi opinión, una buena hija. No tengo suficiente tiempo para ser buena empleada”, dijo. “No tengo suficiente tiempo para trabajar con organizaciones que se suponen están allí para ayudarte”.
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Su problema es el mismo que el de otras personas que cuidan de veteranos y están en la misma situación. A pesar de las pruebas de que los efectos del agente naranja, el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y las lesiones traumáticas del cerebro pueden hacer que los veteranos sean más propensos a sufrir de demencia, el camino para obtener beneficios de discapacidad por demencia tiene más obstáculos que el que debe recorrer un veterano con hipertensión.
Se estima que alrededor de 5.5 millones de cuidadores de militares están sujetos a las políticas del VA para obtener la atención más apropiada para las necesidades de sus seres queridos. Esa tarea puede ser particularmente difícil para los cuidadores de veteranos con trastornos cognitivos, y solo en el sistema del VA hay 167,954 veteranos con un diagnóstico de Alzheimer.
Los beneficios de la Ley PACT no aportaron alivio para todos
Ese problema fue uno de los factores que contribuyeron a la Ley PACT, que se promulgó en agosto del 2022. La ley amplía los beneficios de salud del VA e incluye trastornos presuntos adicionales para los veteranos que estuvieron expuestos a fosas de incineración, agente naranja y otras toxinas. A pesar de que se promocionó como la expansión más importante de beneficios y servicios para veteranos en más de 30 años, no es de ayuda para todos.
El padre de Edwards, Robert Edwards, de 80 años, es un veterano de la Fuerza Aérea de la era de Vietnam. Antes de la pandemia de COVID-19, ella lo llevaba al VA para chequeos de control. Pero desde entonces su trastorno ha empeorado, y se determinó que no tenía derecho a recibir atención adicional porque el VA no presume que la demencia es un trastorno derivado del servicio militar.
Edwards dice que lo que sería de mayor ayuda en su caso son los beneficios por discapacidad: pagos mensuales libres de impuestos que reciben los veteranos que tienen un trastorno resultante del servicio.
Para adquirir ese derecho, ella debe presentar pruebas de que el trastorno de su padre es resultado del tiempo que estuvo en el servicio militar. Ese puede ser un proceso largo y difícil que requiere reunir y presentar documentación, incluidos registros médicos y de servicio militar, y a veces realizar exámenes médicos adicionales. Pero incluso después de presentar toda esa información, no hay ninguna garantía de que el reclamo sea aprobado.
Sin embargo, hay lugar para cierto optimismo. Una porción de la Ley PACT le otorga al VA la autoridad para determinar si ciertos trastornos se presumen resultado del servicio militar. En su primer año, la Ley PACT expandió la cobertura a ciertos veteranos con sinusitis, asma y rinitis, y es probable que se agreguen más trastornos.
“Queremos establecer nuevas presunciones tan pronto como podamos”, dijo Denis McDonough, secretario del VA, en una conferencia de prensa en julio. “Nos estamos asegurando de usar ese proceso de forma agresiva ahora”.
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