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Corte Suprema revisará argumentos contra ley que reforma la salud

El fallo del tribunal podría dictarse el próximo verano.

In English | La Corte Suprema de EE. UU. acordó revisar los argumentos en contra de la ley del sistema de salud del presidente Obama, en un caso que sentará precedente y afectará a todos los estadounidenses.

Vea también: Guía sobre la reforma de salud >>

Se esperan los alegatos orales para el mes de marzo, y el fallo podría dictarse para fines de junio, en medio de las campañas presidencial y legislativa. Todos los candidatos presidenciales republicanos apoyan la revocación de la ley.

“Sabemos que la Affordable Care Act (Ley de cuidado de la salud asequible o de bajo precio) es constitucional y confiamos en que la Corte Suprema coincidirá”, señaló Dan Pfeiffer, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

Corte Suprema de los Estados Unidos - Actualización sobre la reforma de salud

Foto: John Corbitt, Getty Images

¿El Tribunal Supremo declará inconstitucional el mandato individual?

Los jueces resolverán los conflictos entre los tribunales federales que dictaron fallos contradictorios respecto de la constitucionalidad de la Affordable Care Act. Dos de los cuatro tribunales federales de apelaciones que fallaron sobre el contenido de la ley la han ratificado.

La Corte Suprema acordó escuchar las apelaciones sobre asuntos relacionados a la recusación multiestatal a la ley tratada por el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de EE. UU, en Atlanta, el único fallo que derogó el denominado “mandato individual”, la cláusula que exige a casi todos los estadounidenses contratar un seguro de salud para el año 2014 o pagar una multa impositiva.

Si la Corte invalida la ley, los adultos mayores corren el riesgo de que se eliminen las cláusulas que reducen los costos de los medicamentos recetados y proveen exámenes preventivos de detección gratuitos bajo Medicare. En lo que va del año, unos 2,2 millones de beneficiarios de Medicare han ahorrado $1.200 millones ($1.2 billion) en medicamentos recetados, y 22,6 millones de adultos mayores y personas discapacitadas recibieron al menos un beneficio preventivo gratuito bajo la ley, según los Centers for Medicare & Medicaid Services (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid), que también comunicaron que 500 centros de salud comunales de todo el país recibirán $42 millones a lo largo del 2014 para mejorar la atención que reciben los adultos mayores.

Entre las opciones que tiene la Corte Suprema: Declarar inconstitucional el mandato sin objetar el resto de la ley,  invalidar toda la ley,  o esperar y decidir después de que entre en vigencia la multa por no contratar un seguro de salud, en el 2014.

El principal problema jurídico es determinar si el Congreso se extralimitó o no en sus atribuciones para regular el comercio interestatal al aprobar el mandato individual. La Corte Suprema también considerará si una ley del siglo XIX que prohíbe que los tribunales dictaminen sobre impuestos antes de que los mismos hayan sido cobrados inhibe el presente pleito.

La ley extiende la cobertura de salud a alrededor de 32 millones de estadounidenses de varias maneras, incluida una ampliación de Medicaid con 16 millones de adultos mayores adicionales.

Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva de AARP, declaró hoy que la organización “apoyaba la Affordable Care Act porque pone servicios de salud asequibles y de calidad al alcance de millones de estadounidenses que antes no podían pagar la cobertura; provee un muy necesitado alivio a los crecientes costos de los medicamentos recetados al anular el período sin cobertura de Medicare conocido como "doughnut hole", y ofrece muchos otros beneficios para ayudar a mejorar la salud de todos los estadounidenses”.

A continuación: 30 demandas federales recusan la ley >>

Apenas seis minutos después de que Obama usara 22 bolígrafos para promulgarla, el 23 de marzo del 2010, a las 11:56 a. m., la resistida ley estaba en los tribunales. A las 12:02 p. m. de ese mismo día, Bill McCollum, entonces fiscal general de Florida, presentó una demanda federal en Pensacola, en representación de Florida, otros tantos estados, la National Federation of Independent Business (NFIB, Federación Nacional de Empresas Independientes) y dos particulares. Un total de 25 estados dirigidos por republicanos se sumaron a la demanda, llamada Florida v. Department of Health and Human Services (Florida contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos).

El 31 de enero, el juez federal cargo dictaminó que el mandato para la contratación de seguros era inconstitucional, y derogó la ley en su totalidad. El 12 de agosto, un panel de tres jueces del 11.º Circuito falló (2-1) que el mandato era inconstitucional, aunque dijo que se podía dejar sin efecto el mandato y mantener vigente el resto de la ley. El fallo fue contrario a un dictamen del 6.º Circuito que ratificó la ley.

El gobierno federal apeló ante la Corte Suprema.

La Corte contempló 5 1/2 horas para los alegatos orales, lo que parece ser un récord moderno, según el periodista Lyle Denniston, que ha cubierto la Corte desde mucho tiempo. Por lo general, el tribunal limita los alegatos orales a una hora por cada caso. La extensión del tiempo contemplado refleja la complejidad del caso y la importancia que los jueces le asignan a la división de poderes entre los estados y el gobierno nacional, escribió Denniston en SCOTUSblog.com.

Se han presentado alrededor de 30 demandas federales recusando la ley en todo el país, y la controversia sigue girando en torno a ella. El 8 de noviembre, en fallo dividido 2-1, los votantes de Ohio aprobaron una enmienda a la constitución estatal que rechaza cualquier ley que le exija a la gente contratar un seguro.

Ese mismo día, los simpatizantes de la ley se sintieron respaldados, cuando un juez conservador la ratificó. El juez Laurence H. Silberman, quien fuera designado por Reagan para desempeñarse en el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, desestimó las demandas que reclamaban que el Congreso se habría extralimitado en su autoridad.

Y así, la Corte Suprema tendrá la última palabra en la batalla en torno al alcance del gobierno, entre un presidente demócrata y sus opositores republicanos. Sea cual fuere la decisión de sus magistrados,  probablemente hará que la Corte, presidida por el juez John G. Roberts Jr.,  quede en la historia.

Marsha Mercer es una escritora independiente que cubre temas relacionados con políticas públicas.

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