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¿Quién tiene la culpa de los 100,000 muertos por la COVID-19 en los hogares de ancianos?

La asignación de culpas está muy extendida después de un desastre sanitario, pero las causas se asentaron hace décadas.

Una cama y habitación de hospital vacía en un hogar de ancianos.

PHOTO BY ISADORA KOSOFSKY

In English | Para comprender quién o qué es responsable de las más de 100,000 muertes que causó el coronavirus entre los residentes y el personal de los centros de cuidados a largo plazo del país entre marzo y mediados de noviembre, es oportuno considerar una catástrofe devastadora que azotó en el 2005: el huracán Katrina.

Durante los días, semanas y meses después de que Nueva Orleans se viera abrumada por las inundaciones causadas por el huracán, los críticos señalaron que las causas de todo el dolor sufrido habían sido la lenta respuesta del Gobierno federal, las decisiones que tomaron el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado, una demora en la actuación del presidente de Estados Unidos, la avaricia y la influencia de las empresas privadas e incluso la terquedad de los residentes de la ciudad. Y muchas de las recriminaciones tuvieron cierto margen de verdad. Sin embargo, el tiempo demostró que lo sucedido se debió a dos causas simples pero fundamentales: las malas decisiones de infraestructura que se remontan a décadas atrás —en el caso de Nueva Orleans, un sistema de diques inadecuado y mal mantenido— y una tormenta de tal magnitud que tras, la brecha de 23 diques, no quedó mucho que pudiera hacerse para evitar que el 80% de la ciudad quedara bajo el agua.

Los expertos predicen un proceso similar para lo que ha estado sucediendo en los hogares de ancianos del país durante la pandemia de COVID-19. Sí, señalan, se puede y se debería culpar el modo en que los funcionarios electos, los reguladores, los propietarios y otras personas respondieron a la crisis. Sin embargo, la industria de los hogares de ancianos existe como es hoy debido a regulaciones y leyes federales de hace 85 años. La infraestructura que crearon estas leyes, sin importar su buena intención, no anticipó el futuro ni podría predecir una crisis de salud pública de esta magnitud, velocidad y mortandad.

Para comprender bien las causas subyacentes de la tragedia que han enfrentado los hogares de ancianos durante los últimos nueve meses, AARP conversó con docenas de expertos que incluyeron científicos, investigadores, historiadores, médicos, miembros del personal de hogares de ancianos y líderes de la industria. Las entrevistas revelaron errores graves y leves en cada nivel, desde el Gobierno federal hasta los estados, los departamentos de salud locales y los hogares de ancianos individuales. Esto es lo que nos dijeron.

EN FALTA

Leyes obsoletas

  • Las leyes de la década de 1950 dieron lugar a que la mayoría de los hogares de ancianos se convirtieran en entornos similares a hospitales.
  • Las leyes de la década de 1960 acabaron por hacer que los hogares de ancianos dependieran del financiamiento del Gobierno.
  • Las reglas de Medicaid obligan a muchos a alojarse en hogares de ancianos en contra de su voluntad.

“Míralo desde una perspectiva más amplia”, señala Eric Carlson, un abogado de Justice in Aging que en junio declaró ante el Congreso sobre el impacto del virus en los hogares de ancianos. “Si vives en un mundo en el que es posible que haya una pandemia, que es nuestro caso, parece una mala idea poner a 150 personas de más de 80 años juntas en lugares reducidos, de a dos por habitación, y hacerlas dormir a cuatro pies de distancia entre sí. Es prácticamente lo peor que puedes hacer”.

Sin embargo, eso es precisamente lo que las leyes federales que rigen los más de 15,000 hogares de ancianos del país nos han llevado a hacer. De hecho, la ley que creó el Seguro Social en 1935 plantó las semillas. Con la intención de mantener a las personas mayores fuera de hospicios públicos, la Ley del Seguro Social prohibió los pagos a los residentes de instituciones públicas, lo que ayudó a impulsar el surgimiento de los hogares de ancianos privados. 

Blane Brown ayuda a Sierra Cowboy a caminar.

FOTO POR PHOTO BY ISADORA KOSOFSKY

Los residentes de este centro de cuidados a largo plazo comparten una habitación similar a las que se encuentran en los hospitales.

La próxima ley que tuvo una gran influencia en los hogares de ancianos actuales llegó en 1954. La Ley Hill-Burton, que financió la construcción de hospitales, se amplió ese año para disponer préstamos y subsidios para construir hogares de ancianos que acordaron ofrecer atención de bajo costo. La ley instituyó el modelo médico de hogares de ancianos, según el cual los adultos mayores se alojan en instituciones que parecen hospitales más que, digamos, dormitorios de residencias universitarias o apartamentos. Es un modelo que continúa en la actualidad.

Sin embargo, la industria recibió más influencia de la creación de Medicare y Medicaid en 1965. Medicare, el programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más, se estableció para pagar consultas médicas, visitas hospitalarias y estadías breves en hogares de ancianos. Pero Medicaid, que cubre principalmente a las personas de bajos ingresos y se financia con fondos estatales y federales de contrapartida, se convirtió en el pagador de la atención a largo plazo en asilos de ancianos.

Antes del lanzamiento de Medicare y Medicaid, pocas familias luchaban por pagar la atención en hogares de ancianos, según Bruce Vladeck, un experto en normativa de hogares de ancianos que a mediados de la década de 1990 fuera el administrador de la agencia federal que dirigía Medicaid y Medicare. En ese entonces, la atención en los hogares de ancianos era relativamente económica, señala. Y pocas personas vivían lo suficiente como para necesitarla.

Sin embargo, al dramático crecimiento de la expectativa de vida en la segunda mitad del siglo XX se sumó el aumento del costo de la atención médica y los hogares de ancianos. Eso creó la dificultad económica que muchas personas de clase media enfrentan hoy en Estados Unidos. “El gran incremento de los precios de la atención médica del país no comenzó sino hasta principios de la década de 1960”, indica Vladeck.

Según los críticos, el derecho a recibir Medicaid es el principal causante de la industria de hogares de ancianos que tenemos hoy. Si bien numerosos estudios y encuestas demuestran que pocos adultos mayores preferirían vivir en hogares de ancianos, estos centros se han convertido en la única opción viable para quienes no pueden seguir viviendo en su hogar sin asistencia remunerada.

Según la ley de Medicaid, los estados deben pagar la atención en los hogares de ancianos para todo aquel que reúna los requisitos. Los estados no están obligados a pagar los servicios a domicilio y en la comunidad que ayudarían a los adultos mayores a permanecer en su hogar. Si un estado desea ofrecer esos servicios, puede solicitarle una exención al Gobierno federal. Incluso si se aprueba, muchas exenciones tienen límites de inscripción. Y en algunos casos, las listas de espera de quienes desean recibir atención en el hogar cubierta por Medicaid son tan largas que las personas mueren antes de recibirla.

Convertir los hogares de ancianos en la opción de facto para los adultos mayores del país que necesitan atención preparó el terreno para los estragos que causó la pandemia, según Patricia McGinnis, directora ejecutiva de California Advocates for Nursing Home Reform.

“Los hogares de ancianos no son buenos lugares para nadie excepto para recibir rehabilitación temporal”, indica McGinnis. “Me gustaría que esto fuera una llamada de atención a que el sistema no está funcionando”.

EN FALTA

Funcionarios gubernamentales

  • Las primeras decisiones sobre la pandemia restaron prioridad a los hogares de ancianos.
  • Meses de limitaciones en las pruebas de detección permitieron que el virus se propagara sin control.

Aún con el sistema defectuoso vigente, los expertos indican que se podrían haber salvado vidas si los funcionarios estatales y federales hubieran actuado con rapidez para dar prioridad a los hogares de ancianos en los primeros días del brote.

La mayoría concuerda en que el peor error de la respuesta del país a la pandemia en los hogares de ancianos fue no proporcionar acceso rápido y generalizado a las pruebas de detección para los residentes y el personal. Sin las pruebas, el personal de los hogares de ancianos se concentró en aislar a los residentes que tenían síntomas del virus, mientras los residentes y el personal sin síntomas continuaban transmitiendo el virus en los centros.

“Los hogares de ancianos quedaron a la deriva”, señala la Dra. Morgan Katz, experta en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins University, quien se especializa en el control de infecciones en los centros de cuidados a largo plazo.

El virus se detectó primero a fines de febrero en el Life Care Center de Kirkland, un hogar de ancianos en un suburbio de Seattle que tuvo 37 muertes en un período de cuatro semanas. El caso Kirkland tendría que haber sido una clara advertencia de que los hogares de ancianos corrían el riesgo de tener brotes.

El centro Life Care Center of Kirkland en Washington.

DAVID RYDER/GETTY IMAGES

El Life Care Center de Kirkland se convirtió en un punto de acceso para la propagación de COVID-19 en la primavera de 2020.

En respuesta, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS - enlace en inglés) ordenaron que los hogares de ancianos prohibieran las visitas y el personal no esencial y que limitaran las actividades grupales de los residentes. No obstante, no se hizo ninguna recomendación en cuanto a disponer pruebas de detección más rigurosas del virus.

No fue sino hasta mayo que la Dra. Deborah Birx, una alta funcionaria federal de salud que ayudó a guiar la respuesta a la pandemia, les pidió a los gobernadores que encontraran la manera de hacer pruebas a todos los residentes y trabajadores de hogares de ancianos en su estado.

Sin embargo, la implementación se dejó en manos de los estados y los gobernadores se apresuraron a adquirir pruebas de detección, que no abundaban. En abril, Maryland importó pruebas de Corea del sur, mientras que otros estados no encontraron pruebas en absoluto.

Para el verano, hubo más disponibilidad de pruebas con resultados rápidos, aunque muchos hogares de ancianos aún no habían comenzado a hacerles pruebas a los residentes ni al personal y algunos todavía tenían dificultades para conseguirlas.

En septiembre, los CMS finalmente requirieron que los hogares de ancianos hicieran pruebas a los residentes y el personal. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Aún en esta fecha avanzada, algunos hogares de ancianos todavía no tenían pruebas suficientes y en algunos casos no podían recibir los resultados de las pruebas de laboratorio en una semana.

A diferencia de muchos hogares de ancianos, Johns Hopkins, una de las principales instituciones médicas del país, tenía pruebas de detección de coronavirus y un laboratorio que entregara los resultados con rapidez. Después del brote de Kirkland, los administradores de Hopkins le encargaron a Katz que creara un plan de pruebas para apoyar a los hogares de ancianos de Baltimore. El plan no fue puramente altruista. Los administradores se preocuparon por que los residentes enfermos de los hogares de ancianos pronto llenarían las salas de emergencia de los hospitales. “Nadie quiere que todo un hogar de ancianos llegue al hospital a las 2 a.m. con COVID-19”, señala Katz.

Lo que Katz descubrió la dejó atónita. En los primeros hogares de ancianos en los que se hicieron pruebas, más del 38% de residentes recibieron un resultado positivo del virus y la mayoría no habían tenido síntomas, un hallazgo con peligrosas implicaciones en todo el país, según Katz.

El plan de Johns Hopkins fue un éxito en pequeña escala. Sin embargo, las pruebas de detección generalizadas que podrían haber mitigado la intensidad de la pandemia no se realizaron lo suficientemente temprano en la mayoría de los hogares de ancianos.

Sin pruebas generalizadas, los esfuerzos por frenar la propagación estaban destinados a fracasar, explica Katz.

Con frecuencia, los investigadores como Katz son reacios a sacar conclusiones firmes de su trabajo y prefieren dejar que la ciencia y los datos hablen por sí mismos. Sin embargo, Katz criticó con dureza la iniciativa federal de pruebas en hogares de ancianos. “Todo el proceso de pruebas del país ha sido una verdadera catástrofe”, indica Katz.

EN FALTA

La burocracia de la atención médica

  • Las agencias, los propietarios y los Gobiernos señalaron a otros para que se hicieran cargo.
  • La falta de inspecciones y los fondos gubernamentales sin restricciones dieron lugar a que no se rindieran cuentas.

A medida que el coronavirus asoló los hogares de ancianos de todo el país, muchas familias se preguntaron quién estaba a cargo de la situación. La respuesta frecuente fue “Nosotros no”.

Elaine Ryan, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales para Defensa de Derechos en los estados, señala que la falta de responsabilización durante la crisis se deriva principalmente de los Gobiernos federales y estatales y la industria de los hogares de ancianos que se asignaban responsabilidades mutuamente mientras el virus desolaba los centros de cuidados.

“Fue muy difícil determinar quién fue responsable de qué”, afirma Ryan. “Fue un tiempo de catástrofe nacional, y el Gobierno federal les asignó a los estados la obligación de ayudar, y los estados les asignaron la obligación a los hogares de ancianos”.

Ernie Tosh, un abogado de Texas que se especializa en el abuso de adultos mayores, asigna culpa a la falta de preparación federal y estatal antes de que llegara el virus. Cuando el virus apareció en China a fines del 2019, los CMS y los estados no se prepararon para un brote masivo en los hogares de ancianos del país, señala. “En vez de asegurarse de que los centros tuvieran equipo y planes adecuados para catástrofes, no hicieron nada”, sostiene Tosh.

Los primeros días del brote sorprendieron a los hogares de ancianos desprevenidos, sin mascarillas N95 y otro equipo necesario. Una normativa federal que asigna prioridad a los hospitales de atención crítica dejó a los estados en posición de tener que conseguir sus propios productos. Esto desató una guerra de ofertas y con frecuencia dejó a los hogares de ancianos con las manos vacías. Cuando el Gobierno federal tomó medidas para ayudar a los hogares de ancianos, a menudo lo hizo con una incompetencia asombrosa.

En la primavera, por ejemplo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comenzó a enviar las tan necesarias mascarillas, batas y otro equipo de protección personal a más de 15,000 hogares de ancianos. Sin embargo, muchos de los envíos, que fueron promocionados por el vicepresidente Mike Pence como apoyo federal esencial para los hogares de ancianos, contenían equipo inutilizable, incluso mascarillas quirúrgicas vencidas o defectuosas y batas sin aberturas para pasar los brazos. Ninguno de los envíos incluía lo que los hogares de ancianos más necesitaban: las mascarillas N95 para proteger a los trabajadores contra la inhalación del virus y la transmisión a los residentes.

Ryan lo llama “la comedia de la respuesta de salud pública”.

 Brendan Williams, presidente de la Asociación de Atención Médica de New Hampshire, usa una bata de aislamiento sin aberturas en las mangas para las manos, que fue recibida en un envío del gobierno federal.

AP PHOTO/CHARLES KRUPA

Brendan Williams, presidente de la Asociación de Atención Médica de New Hampshire, usa una bata de aislamiento sin aberturas en las mangas para las manos, que fue recibida en un envío del gobierno federal en julio.

En marzo, los CMS cometieron lo que muchos consideran otro error colosal al suspender la inspección estatal de rutina de los hogares de ancianos y restringir las visitas de los defensores del cuidado a largo plazo, que tienen a su cargo la defensa de los residentes. El propósito de las reglas era impedir que las visitas llevaran el virus a los centros. Pero el resultado fue que los hogares de ancianos operaron sin control.

Tras la decisión, Melanie McNeil, la defensora estatal de cuidados a largo plazo de Georgia, prohibió la visita del personal a los centros. A ella le preocupa lo que encontrará cuando los defensores puedan regresar. “En realidad no tenemos una idea clara de lo que está sucediendo”, señala McNeil.

Los críticos también sostienen que la abrumadora respuesta federal a la crisis en los hogares de ancianos ha sido arrojar dinero al problema, sin asegurar que el dinero de los contribuyentes se destine a proteger a los residentes. Para septiembre, los hogares de ancianos habían recibido más de $21,000 millones en fondos de asistencia federal, según los CMS.

Sin embargo, solo $2,500 millones se destinaron específicamente al control de infecciones, y el resto llegó casi sin condiciones. “Es una gran vergüenza que el Gobierno federal le diera ese dinero a los hogares de ancianos sin obligación de rendir cuentas”, señala Ryan.

Un armario lleno de perchas con bolsas de papel etiquetadas, una para cada mascarilla de cada enfermero.

ISADORA KOSOFSKY

Una línea de bolsas de papel contiene las máscaras individuales de las enfermeras en un centro de atención a largo plazo.

EN FALTA

La industria de los hogares de ancianos

  • Muchos centros no tenían suficiente personal ni fondos antes de la pandemia.
  • La estructura con fines de lucro parece haber reducido la calidad del cuidado en muchos centros.

Hasta los críticos más fervientes de la industria de hogares de ancianos concuerdan en que se encontró en una situación casi imposible, y que en muchos casos debió cargar la ira pública por la gran cantidad de muertes en los centros de cuidado.

Muchos envíos contenían equipo inutilizable, incluso mascarillas quirúrgicas vencidas o defectuosas batas sin aberturas para pasar los brazos.

No obstante, eso no absuelve a la industria de las malas decisiones que tomaron y que empeoraron en gran medida una situación que ya era mala, según esos expertos.

En respuesta a la solicitud de comentarios de AARP, Cristina Crawford, la representante de American Health Care Association (AHCA), indica que el hecho de que los servicios de salud pública en todos los niveles no asignaran prioridad a los hogares de ancianos tanto para las pruebas de detección como para el equipo de protección personal dejó a la industria desprovista de los medios necesarios para frenar la propagación del virus.

“Durante meses fue difícil lograr que alguien escuchara, lo que causó consecuencias devastadoras para nuestros residentes y nuestro personal”, afirma Crawford.

Protector facial que ha sido desinfectado, se seca sobre una mesa.

ISADORA KOSOFSKY

El protector facial de una enfermera se deja secar sobre una mesa en el Centro de Rehabilitación Transicional de Canyon en Albuquerque.

La industria de los hogares de ancianos ha sido enérgica en desplazar la culpa e intentar evitar las consecuencias económicas de las muertes en los centros. Este verano, Mark Parkinson, presidente de AHCA, anunció una campaña de $15 millones en los medios sociales para incentivar la opinión pública sobre los hogares de ancianos, que quedó seriamente dañada por la pandemia. La asociación también está haciendo presión para lograr inmunidad estatal y federal frente a la responsabilidad legal durante el brote, que se ha otorgado en más de veinte estados.

Sin embargo, los datos comienzan a mostrar vínculos entre la calidad de los hogares de ancianos y los casos de coronavirus. Por ejemplo, en investigaciones de University of California, San Francisco y del University of Rochester Medical Center se determinó que había más probabilidades de brotes en los centros que antes de la pandemia habían recibido calificaciones de calidad más bajas de los reguladores.

El 70% de los hogares de ancianos son negocios con fines de lucro, un factor que se ha vinculado a la propagación del coronavirus. Un informe de agosto que comisionó Connecticut concluyó que los hogares con fines de lucro del estado tenían cerca del 60% más casos y muertes por COVID-19 por cama habilitada que los centros sin fines de lucro. (La página 26 contiene una exploración completa de los negocios de los hogares de ancianos).

Los riesgos pueden ser aún mayores en los centros con fines de lucro que dirigen las empresas de capital privado, que adquieren hogares de ancianos, reducen costos y luego ganan dinero con su venta. Un estudio que llevó a cabo Americans for Financial Reform Education Fund concluyó que esos hogares de ancianos en Nueva Jersey tuvieron una cantidad desproporcionada de muertes por COVID-19.

Los niveles de dotación de personal también parecen ser un factor clave en la propagación del virus. En agosto, un estudio publicado en JAMA indicó que en ocho estados, los centros que tenían un mayor nivel de dotación de personal de enfermería tuvieron menos casos de COVID-19 que los que tenían menos personal.

Y en julio, un informe que publicó el National Bureau of Economic Research dio la voz de alarma sobre la práctica habitual de que el personal que brinda cuidados trabaje en varios centros. Los hogares de ancianos con índices más altos de personal compartido, según los investigadores, tuvieron índices más altos de infección. Concluyeron que limitar el personal de atención a un solo hogar de ancianos podría reducir las infecciones de COVID-19 en los centros en un 44%.

No fue una sorpresa para Lori Porter, cofundadora de la National Association of Health Care Assistants, que representa a muchos trabajadores de la salud de los hogares de ancianos. Con un salario promedio de $13 por hora, los trabajadores de la salud con frecuencia trabajan en varios hogares de ancianos para poder mantenerse, según Porter. Muchos miembros del personal no reciben seguro médico ni licencia remunerada por enfermedad, por lo que algunos trabajan incluso cuando tienen síntomas similares a los del coronavirus. “¿Qué pensaron que iba a suceder?” pregunta Porter.

Hay mucha responsabilidad por asignar. Pero Richard Mollot, el director ejecutivo de Long Term Care Community Coalition, señala que está indignado ante la actitud despiadada que asumió la industria para evadir la culpa.

“Después de meses de desolación para los residentes y sus familias, aún no he escuchado ni una sola disculpa, un solo proveedor que dijera “Hemos aprendido, y la próxima vez lo haremos mejor’”, dice Mollot. “En mi opinión, es imperdonable que no hayan reconocido plenamente las pérdidas y el costo para los residentes y las familias”.

Joe Eaton es escritor, profesor y experiodista de investigación en el Center for Public Integrity.

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