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Penalidades más estrictas por infracciones en los hogares de ancianos

La iniciativa responde a las más de 184,000 muertes debido a la COVID-19 en los centros de cuidados a largo plazo, y a una demanda de AARP Foundation.


spinner image Mujer asistida por una enfermera en un hogar de ancianos
Clarissa Leahy/Getty Images

Una política federal que limitó drásticamente las penalidades financieras por las infracciones en los hogares de ancianos durante los últimos cuatro años se ha revertido, seis meses después de que AARP Foundation y un bufete de abogados con sede en Washington entablaran una demanda (enlace en inglés) para poner fin a la práctica.

La política, instituida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), había restringido las multas monetarias por ciertas violaciones en los hogares de ancianos a una cantidad máxima única de $22,320, incluso si la infracción había continuado durante meses. La adopción de tales multas "por caso” en julio del 2017 impidió que las agencias estatales que monitoreaban los hogares de ancianos recomendaran multas por día de hasta $22,320, en situaciones que involucraban incumplimiento en el pasado, independientemente de cuánto tiempo hubiera durado la infracción y cuán peligrosa era.

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El cambio se produce después de que la pandemia de coronavirus devastara los hogares de ancianos y otros centros de cuidados a largo plazo, y cobrara la vida de más de 184,000 residentes y miembros del personal. Casi un tercio de las más de 600,000 muertes ocurridas por COVID-19 en Estados Unidos se han producido en hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros centros de cuidados a largo plazo.

El caso de AARP Foundation contra los CMS, que regula más de 15,000 hogares de ancianos en EE.UU., afirmó que la agencia federal violó la ley federal, ignoró los procedimientos adecuados de reglamentación y puso en peligro la vida de los residentes de hogares de ancianos cuando restringió algunas multas monetarias a partir del 2017.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (enlace en inglés), el 82% de los hogares de ancianos encuestados entre el 2013 y el 2017 fueron citados por violaciones del protocolo de infección. Antes del cambio de política del 2017, las violaciones más graves podrían traer multas de hasta $20,965 al día, según AARP Foundation, que ayuda a defender a las personas vulnerables mayores de 50 años a través de su defensa legal.

Al modificar su política, los CMS permitieron que los hogares de ancianos trataran las multas por incumplimiento pasado como “un costo por hacer negocios”, en lugar de considerarlas como una motivación para cambiar o solucionar problemas rápidamente, dijo William Alvarado Rivera, vicepresidente sénior de Litigios de AARP Foundation.

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“Confiamos en que estas instalaciones cuidan a nuestros seres queridos. Esperamos que estén bien cuidados”, dijo Rivera. “Y a falta de una fuerte aplicación de la ley, estos centros realmente tienen mucho menos incentivo para hacer todo lo que deberían hacer para proteger a sus residentes”.

Aunque la revocación no ha sido publicada por los CMS, la revisión de sus políticas de sanciones monetarias civiles aparece en su sitio web (enlace en inglés). “Tras una mayor consideración, los CMS han determinado que la agencia debe retener la discreción en este momento para imponer una multa por día cuando sea apropiado para abordar circunstancias específicas de incumplimiento previo”, se lee en el resumen.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. indica en la página de orientación de su sitio web (enlace en inglés) que el documento de orientación anterior “ha sido revocado a partir del 19 de julio del 2021".

Los CMS no ofrecieron un comentario de inmediato cuando se les contactó el miércoles.

La American Health Care Association/National Center for Assisted Living, que representa a los proveedores de cuidados a largo plazo, dijo que el regreso a las penalidades más estrictas en los hogares de ancianos no es la respuesta. “Las penalidades diarias solo eliminan los recursos valiosos de una industria que ya no tiene fondos suficientes, especialmente durante un momento sin precedentes en el que los hogares de ancianos necesitan todo el apoyo para proteger a sus residentes”, dice el comunicado enviado por correo electrónico.

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Puede que se hayan salvado vidas

La necesidad de mantener los estándares de salud y seguridad en los centros de cuidados a largo plazo ha sido reconocida desde hace mucho tiempo, lo que ha ganado fuerza con la Ley de Reforma de los Hogares de Ancianos de 1987. La política de los CMS para limitar las multas socava la aplicación de la ley, dicen los abogados que presentaron la demanda, que se volvió sumamente problemática durante la pandemia del coronavirus.

"Al volver a imponer sanciones significativas por incumplimiento, los CMS están incentivando a los centros de cuidado a corregir problemas antes de que conduzcan a un desastre similar", dijo Henry Su, abogado adjunto en la denuncia.

AARP Foundation y Constantine Cannon LLP, el bufete con sede en Washington donde Su trabaja, presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia en enero, en nombre de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care y California Advocates for Nursing Home Reform. La demanda ocurrió dos años después de que AARP le escribiera a los CMS para tratar de detener los límites de las multas.

Patricia McGinnis, directora ejecutiva del grupo de defensa de derechos de California, agradece que la agencia federal revirtiera su curso, pero se pregunta cuántas vidas perdidas a causa del coronavirus podrían haberse salvado si los CMS hubieran seguido aplicando sus políticas de penalidad más estrictas.

“Miles de residentes de hogares de ancianos han muerto a causa de la COVID-19 en hogares de ancianos durante el último año en centros que han tenido años de deficiencias no corregidas en el control de infecciones porque los CMS no lograron garantizar una seguridad adecuada y una responsabilidad significativa”, dijo. “La revocación por parte de los CMS de su política de restringir las multas monetarias para los centros que infringen las leyes federales de salud y seguridad reducirá el riesgo de daño a los residentes vulnerables en todas partes”.  

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