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Hogares de ancianos procuran obtener inmunidad frente a la crisis de COVID-19

Casi 20 estados han adoptado medidas que otorgan inmunidad, y hay presión para que sean más. Los defensores están alarmados.

Dos empleados de emergencias se llevan a un paciente de coronavirus de un hogar de ancianos

DAVID DEGNER/GETTY IMAGES

Un equipo de servicios médicos de emergencia recoge a un paciente con sospecha de COVID-19 en un hogar de ancianos de Massachusetts.

In English | A medida que la cantidad de muertes por coronavirus en los centros de cuidados a largo plazo de Estados Unidos aumenta a casi 30,000, la industria de hogares de ancianos está procurando enérgicamente obtener protección legal contra los residentes y sus seres queridos perjudicados.

En muchos casos, la industria está obteniendo lo que quiere.

Según un recuento de AARP, en por lo menos 19 estados se han promulgado leyes o se han expedido decretos ejecutivos que explícitamente otorgan o parecen otorgar inmunidad legal a los hogares de ancianos y a sus empleados durante la pandemia. Si bien las órdenes que disponen la inmunidad no protegen contra la negligencia grave ni la mala conducta intencional, en general se aplican a las acciones o inacciones que supuestamente causaron perjuicios, lesiones o muertes durante la crisis.

Los hogares de ancianos sostienen que dichas medidas son necesarias durante una crisis de salud pública sin precedentes, y argumentan que muchos de los factores que podrían perjudicar a los residentes están fuera de su control. “Cada día los hogares de ancianos obtienen más información sobre la transmisión del nuevo coronavirus, y la evolución y los síntomas de la enfermedad de COVID-19”, señaló en un comunicado Katie Smith Sloan, presidenta y directora ejecutiva de LeadingAge, que representa a hogares de ancianos sin fines de lucro.

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“Las regulaciones del criterio de atención evolucionan y cambian con rapidez”, indicó. “El acceso de los proveedores al equipo de protección personal y a las pruebas que necesitan es limitado, y con frecuencia es insuficiente”.

Sin embargo, muchos organismos fiscalizadores de hogares de ancianos sostienen que las órdenes protegen a la industria de asumir responsabilidad por sus actos durante la crisis. “Todos queremos proteger a los trabajadores de primera línea”, señala la abogada Debbie Gough, quien ha demandado a hogares de ancianos en Nueva York y Nueva Jersey, “pero estos proyectos de ley de inmunidad van más allá de eso. También protegen a los delincuentes”.

Ahora que los hogares de ancianos están cerrados al público y prohíben la entrada de casi todos los visitantes conforme a las órdenes federales, la responsabilidad jurídica es más importante que nunca, según los defensores.

“No hay visitas, ni familias, ni defensores de cuidados a largo plazo, ni muchos inspectores”, indica Toby Edelman, un abogado del Center for Medicare Advocacy, al referirse a los tipos de personas que en general pueden ingresar a los centros de atención a largo plazo. “Si a eso le agregamos el problema de la inmunidad, no es una buena combinación para los residentes. Los pone en una situación muy vulnerable”.

La industria de hogares de ancianos ahora está presionando para lograr una ambiciosa orden de inmunidad federal que proteja contra demandas a todos los 15,600 hogares de ancianos de la nación, el 70% de los cuales tienen fines de lucro. La industria también está presionando a los estados que tienen altos índices de mortalidad por COVID-19 en sus centros de cuidados a largo plazo, como California y Pensilvania, para que se sumen a la lucha por la inmunidad.

Mientras tanto, los defensores de los residentes de hogares de ancianos están pidiendo que los estados que disponen órdenes de inmunidad las rescindan, y que otros estados se resistan a adoptar dichas iniciativas. Y están trabajando en contra de la protección que brindaría la inmunidad federal.

AARP está colaborando con sus oficinas estatales por toda la nación en la lucha. “Los gobernadores de todo el país recibirán noticias nuestras en las próximas semanas”, señala Elaine Ryan, vicepresidenta de Defensa de Derechos y Estrategias Estatales de AARP. “Estas medidas son realmente escandalosas y constituyen una erosión de los derechos de los residentes”.

Protecciones actuales de los hogares de ancianos

Muchos de los hogares de ancianos que tuvieron brotes devastadores de COVID-19, como el Andover Subacute and Rehab Center I y II de Nueva Jersey y el Gateway Care and Rehabilitation Facility de California, recibieron sanciones de inspectores de salud por no poner en práctica medidas eficaces de control de infecciones antes de la pandemia.

Estos centros no son excepciones: el 63% de los hogares de ancianos recibieron sanciones por una o más deficiencias en el control de infecciones durante los dos períodos más recientes de inspección, según un análisis que realizó Kaiser Health News (en inglés) de los registros federales.

Gough procura que se rindan cuentas por “aquellos que antes de esto ya tenían malos antecedentes y permitieron que su establecimiento recibiera un golpe más fuerte de lo necesario porque no hicieron lo que sabían que debían hacer”.

La inmunidad hará que esa tarea sea difícil. Eso es particularmente cierto en Nueva York, donde la orden de inmunidad exime a los hogares de ancianos de la responsabilidad de mantener ciertos registros durante la pandemia. Gough señala que sin esos registros los demandantes tendrán dificultades para fundamentar incluso los casos de negligencia grave.

Hasta ahora, se han aprobado medidas de inmunidad para los hogares de ancianos de Alabama, Arizona, Connecticut, Georgia, Hawái, Illinois, Kansas, Massachusetts, Míchigan, Misisipi, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin. Se ha presentado legislación en Minnesota, Misuri y Ohio.

Las medidas difieren levemente de un estado a otro, pero la mayoría protegen a los centros solo contra las demandas civiles y solo durante el período de emergencia por la COVID-19.

La American Health Care Association, que lidera la gestión nacional de cabildeo para lograr la inmunidad de los hogares de ancianos, no respondió a una solicitud de comentarios.

En Florida, donde se han producido el 20% de las muertes por COVID-19 en los centros de cuidados a largo plazo del país, la industria está presionando cada vez más (en inglés) para que se apruebe la inmunidad. Mariano Garcia, un abogado que se ocupa de las demandas por negligencia contra los hogares de ancianos del estado, sostiene que allí las leyes ya ofrecen protección contra las demandas triviales.

“El simple hecho de pensar que tienes fundamentos para entablar una demanda no significa que puedas ir directamente al juzgado y hacerlo”, señala. “Ya debemos someternos a numerosos procesos de investigación judicial, por lo que no hay necesidad de disponer más protección”.

“[Ellos] están intentando sacar provecho de una situación muy lamentable para promover un plan que han estado impulsando durante mucho tiempo”, explica Garcia, “que es protegerse contra la responsabilidad que se deriva de su incapacidad para dotar de personal, capacitar y supervisar a sus empleados de forma adecuada”.


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Un impulso para obtener inmunidad federal

La semana pasada, la Comisión Judicial del Senado celebró una audiencia sobre responsabilidad civil general durante la pandemia, a raíz de lo cual AARP le envió una carta al Congreso (en inglés) para oponerse a una ley federal de inmunidad para los centros de cuidados a largo plazo.

“No hay duda de que existen factores que están fuera del control de un hogar de ancianos, pero también hay factores que no lo están”, señala Bill Sweeney, vicepresidente sénior de Asuntos Gubernamentales de AARP. “Hay situaciones en las que los hogares de ancianos tomaron atajos o no hicieron lo que debían haber hecho para proteger la seguridad y la salud del personal y los residentes”.

Según Sweeney, “En esos casos las familias y los residentes merecen tener algún recurso”.

La Comisión Judicial parecía centrarse en si las normas nacionales de responsabilidad son necesarias para promover la reapertura de las empresas.

“Me parece que uno de los objetivos principales de esta audiencia es establecer criterios para las empresas... de modo que las personas puedan entender lo que se espera de ellas”, señaló el presidente de la Comisión, Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur. “Y si hacen lo que se espera, no necesitan preocuparse por que se entablen demandas en contra de ellas”.

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