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Sesión de la Corte Suprema: lo que está en juego para los adultos mayores

Estos casos podrían impactar en empleo, derecho al voto y precios de los medicamentos.

Corte suprema

Entérate de los casos que tendrán el mayor impacto en los adultos mayores durante el próximo período de sesiones de la Corte Suprema. — LightRocket vía Getty Images

In English | La Corte Suprema decidirá varios casos durante este período que podrían afectar a las personas de 50 años o más. Entre los asuntos que analizará este tribunal y que son importantes para los adultos mayores están: los derechos de los votantes, los fraudes de inversiones y otros.

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La Corte Suprema decidirá varios casos durante este período que podrían afectar a las personas de 50 años o más. Entre los asuntos que analizará este tribunal y que son importantes para los adultos mayores están: los derechos de los votantes, los fraudes de inversiones y otros.

“La Corte Suprema desempeña un papel cada vez más vital en forjar las leyes y las políticas que afectan a los adultos mayores”, dijo William Alvarado Rivera, vicepresidente sénior de litigios de AARP Foundation. “Como vivimos por más tiempo y de manera más saludable, es fundamental que aboguemos por los socios de AARP y por otras personas en casos como estos que pueden afectar negativamente nuestra capacidad para trabajar, ahorrar, votar o de otro modo escoger cómo vivir en la vejez”.

Aquí damos un vistazo general de los casos y asuntos claves y de lo que está en juego, según el resumen anual preliminar sobre la Corte Suprema de EE.UU. (en inglés) de AARP Foundation. 

Proteger contra el fraude a los inversionistas de más edad

Con el caso Cyan, Inc. v. Beaver County Employees Retirement Fund, podría ser más difícil proteger la seguridad económica de los adultos mayores y de otros inversionistas. La pregunta que está considerando la Corte Suprema es si los tribunales estatales tienen jurisdicción para atender las demandas colectivas sobre fraude que entablan los accionistas usando la ley federal “Securities Act”.

Los accionistas de Cyan, un fabricante de productos para sistemas de comunicación en red, entablaron una demanda en un tribunal estatal de California luego de que sus acciones bajaran demasiado. Esto incluía a dos fondos de pensión que invirtieron en la compañía antes de su oferta pública inicial en mayo del 2013. Los demandantes alegaron que la declaración de registro de la compañía para la oferta pública inicial inducía a error. (Las acciones de la compañía se ofrecieron al público a $11, pero valían mucho menos cuando el fabricante de equipo de telecomunicaciones Ciena compró Cyan a $4.77 por acción en el 2015). Cyan sostiene que los tribunales estatales no tienen jurisdicción sobre estas demandas.

Los gerentes de fondos de jubilación y de pensión confían en las afirmaciones que se incluyen en los prospectos de emisión de las compañías para tomar decisiones sobre las inversiones. Tener acceso tanto a tribunales estatales como a tribunales federales es importante para proteger totalmente a los inversionistas, según la abogada Julie Nepveu.

Promover un precio económico de los medicamentos con prescripción médica

El proceso de revisión de las patentes afecta directamente al precio de los medicamentos con prescripción y la velocidad con la que los nuevos medicamentos llegan al mercado. El caso Oil States Energy Service v. Greene’s Energy Group podría eliminar un proceso de revisión administrativa que creó el Congreso para agilizar la revisión de las patentes cuestionables. Esto a la larga obligaría a todos los que disputan una patente a pasar más tiempo y gastar más dinero en los tribunales, según Barbara Jones, una abogada de AARP.

Oil States entabló una demanda de infracción contra Greene’s en el 2012, por una herramienta patentada para yacimientos de petróleo que se usa en la fracturación hidráulica. Greene’s a continuación disputó la patente subyacente ante la Patent Trial and Appeal Board, una junta federal. Esta junta invalidó la patente de Oil States, y un tribunal de apelaciones ratificó esa sentencia judicial. El caso que se encuentra ante la Corte Suprema disputa esa sentencia y todo el proceso administrativo que siguió la Patent Trial and Appeal Board.

Proteger los derechos de los votantes y luchar contra el fraude electoral

En Ohio, el no votar durante dos años puede causar que el nombre de una persona se elimine del registro electoral. Esto hace que esos individuos ya no tengan derecho a votar. Si los nombres de los adultos mayores se eliminan del registro electoral, tendrán problemas para volver a registrarse para votar, según Dan Kohrman, un abogado de AARP Foundation. El A. Philip Randolph Institute, el veterano jubilado Larry Harmon y la Northeast Ohio Coalition for the Homeless entablaron una demanda exitosa para detener esta acción de eliminar los nombres de las personas que no votaban, basado en la suposición de que no votar significa que un votante se mudó. En el 2016, un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo en que esa práctica infringe las leyes federales. El secretario de estado de Ohio, Jon Husted, convenció a la Corte Suprema para que analice el asunto en el caso Husted v. A. Philip Randolph Institute.

Ayudar a los trabajadores mayores a luchar

El derecho de los trabajadores mayores de unirse para desafiar las prácticas ilegales de empleadores, tales como la discriminación laboral basada en la edad o las discapacidades, se encuentra en juego en el caso National Labor Relations Board v. Murphy Oil USA, Inc. Para muchos empleados, las demandas colectivas son la única manera económica de luchar contra las prácticas laborales ilegales, según los abogados de AARP Foundation.

En este caso se analizarán tres casos separados de tribunales inferiores y se verá si los contratos que impiden que los empleados entablen demandas relacionadas con el trabajo colectivamente están prohibidos bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, National Labor Relations Act). Tres tribunales de apelaciones estuvieron en desacuerdo sobre si un empleador infringe la NLRA al requerir que los empleados acepten que el arbitraje de los desacuerdos se haga solo de manera individual, renunciando a todos los derechos de entablar demandas colectivas.

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