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Vota: temas críticos como Medicare y el Seguro Social están en juego

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La crisis de la deuda

A diferencia de las tormentas naturales, después de este huracán no viene la calma.

El agrio debate que acaba de concluir en Washington en torno a la elevación de la capacidad de la deuda de Estados Unidos fue el resultado de una crisis totalmente artificial creada por un grupo de congresistas neófitos que optó por utilizar la coyuntura de la deuda para adelantar una dudosa agenda política.

Vea también: ¿Qué significa para usted el acuerdo sobre el presupuesto?

Y como si fuera poco, el controvertido acuerdo de última hora elevará aún más el desempleo y —muy lejos de impulsar— socava la futura estabilidad económica del país.

Antes de este año, elevar la capacidad de la deuda era una cuestión de rutina parlamentaria. Se sometía un simple párrafo a votación en ambas cámaras del Congreso y el presidente la firmaba. El presidente Ronald Reagan firmó este tipo de acuerdo 18 veces en sus dos términos en la Casa Blanca. El presidente George W. Bush la firmó siete veces, sin que nadie tuviera la peregrina idea de adjuntarle un arbitrario paquete de legislación presupuestaria y usar la potencial debacle económica del país como rehén para obtener su aprobación.

El resultado es un acuerdo que el presidente y su partido han tenido que aceptar so pena de permitir que Estados Unidos pierda su credibilidad financiera y su estatus de confiabilidad económica. Y la ironía es que, a pesar de haber resuelto el conflicto pocas horas antes de la fecha tope, una de las compañías que evalúa el estatus de solvencia financiera de empresas y países, la Standard & Poor’s, disminuyó el grado de Estados Unidos del máximo nivel de AAA a AA+. Uno de los factores que influyeron la decisión, según uno de sus principales oficiales, fue “la parálisis política en Washington” y la resultante incertidumbre sobre la posibilidad de “situar el perfil fiscal de Estados Unidos en un rumbo sostenible a largo plazo”.  

El presidente resultó ser el peor de los negociadores. Después de jurar que nunca accedería a ningún intento por aliviar el déficit sin balancearlo con ingresos —principalmente provenientes de la eliminación de licencias y subsidios que disfrutan las grandes corporaciones a pesar de estar disfrutando del más alto nivel de ganancias en su historia—, Obama claudicó ante la intransigencia republicana y aceptó una solución que sólo contiene reducciones.

En vez, Obama debió exigir desde el principio un acuerdo limpio sobre la elevación de la deuda sin vincularlo a cuestiones presupuestarias que no tienen lugar en ese procedimiento. Tampoco debió retirar de la mesa de negociaciones su opción (recomendada por muchos, incluido el ex presidente Bill Clinton) de recurrir a la 14ta. Enmienda de la Constitución que le da poder para garantizar, en última instancia, que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos … no será cuestionada”.

El aumento de la capacidad de la deuda quedó aprobado hasta después de 2012, pero a un precio tan escandalosamente alto que se ha tratado de dorar la píldora mediante la creación de una “supercomisión” bipartita —seis republicanos y seis demócratas— que se encargaría de negociar más recortes y también posibles ingresos antes del 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Así las cosas, el acuerdo establece reducciones por $917 mil millones en la próxima década, más $1,5 millones de millones que tendrá que decidir la supercomisión.

A salvo Medicare y el Seguro Social; pero ¿hasta cuándo?

La buena noticia es que, de inmediato, los programas Medicare, Medicaid y Seguro Social están fuera del alcance de las reducciones —uno de los aspectos claves de la postura de AARP frente a las negociaciones.

La frase clave es “de inmediato”. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que el debate de la supercomisión sobre las próximas reducciones de $1,5 millones de millones incluirá todo —Medicare y Medicaid, y también posibles ingresos—, y si el pleno del Congreso no aprueba lo que decida la supercomisión antes del 23 de diciembre, se activaría un “gatillo” que produciría un recorte automático de $1,2 millones de millones a través de todo el espectro del presupuesto, lo cual incluiría también Medicare y Medicaid.

Existe mucho escepticismo respecto a que la supercomisión logre algún acuerdo y la mayoría de los analistas teme que el asunto terminará activando el lamentable “gatillo”, que no hará feliz a nadie. El temor, muy justificado a la luz de los últimos acontecimientos, es que esas doce personas traerán a la mesa, además de sus propuestas, todo el peso de sus ideologías. Ya entre los republicanos se está discutiendo la necesidad de asegurarse de no nombrar a nadie dispuesto a aceptar ingresos de ningún tipo en las negociaciones.

Así que estamos en las mismas. ¿Es que alguien creyó realmente que si los republicanos neófitos del Tea Party —tanto como los líderes de ese partido— no aceptaron eliminar subsidios o licencias para generar  ingresos al presupuesto bajo la espada de Damocles de un colapso total de la economía, acaso lo van a aceptar en condiciones normales en una supercomisión bipartita? Por favor.

Un futuro económico precario


La trágica consecuencia es que el país se encamina hacia una quiebra mucho mayor, pues en todo este cuadro se perdió de vista la necesidad de reducir el desempleo. Y no hay un economista serio que sea capaz de alegar que estas reducciones masivas crean empleos. Todo lo contrario: producen despidos en masa, con lo cual el desempleo se elevará aún más. Toda recuperación económica requiere inversiones, lo cual es exactamente lo opuesto a frenar el gasto público.

El desempleo aumentará, el déficit nunca se resolverá sin aumentar los ingresos al tesoro público, y la peor noticia para nuestros lectores: Medicare y el Seguro Social serán a la larga, víctimas del despiadado machete del Tea Party. Con lo cual el intento de balancear el déficit descansaría únicamente en las espaldas de nuestros ancianos y menos privilegiados de la población, sin que haya un sacrificio semejante de parte de las gruesas arcas de las grandes corporaciones y de los más ricos y privilegiados de nuestra sociedad.

Ciertamente, después de esta tempestad que ha durado seis meses nadie debe esperar que venga la calma.

El contenido de esta columna refleja estrictamente la opinión del columnista y no la postura de AARP. AARP es una organización no partidista, sin fines de lucro que ayuda a las personas mayores de 50 años de edad a ser independientes y a ejercer control de sus vidas de manera asequible y que les beneficie a ellos y a la sociedad. AARP no respalda a ningún candidato a cargos públicos ni dona a campañas políticas ni a ningún candidato.

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