Gobernador de Florida firma una ley importante sobre importación de medicamentos recetados

"Esta ley no solo es importante debido a lo que logrará, sino también porque envía un mensaje poderoso a Washington y a otros Capitolios estatales en el país", comentó McRay. Luego de décadas de inacción, podemos lograr un movimiento bipartidista audaz que acabe con los precios altos de los medicamentos recetados. Esperamos entusiasmados la implementación de esta ley en los próximos meses y la acción adicional en el Congreso y en otros estados sobre este tema crítico".

La nueva ley de Colorado crea un programa de importación de medicamentos recetados bajo el cual el estado desarrollaría una lista de medicamentos de alto costo que son más económicos en Canadá. El estado, a través de una compañía privada, compraría los medicamentos a Canadá y los vendería a las farmacias participantes, las que a su vez los pondrían a disposición de los consumidores.

Vermont aprobó la ley el año pasado, pero todavía no ha solicitado la aprobación del Gobierno federal para comenzar el programa. La ley de Colorado establece que el estado debe solicitar la aprobación federal no más tarde de septiembre del 2020, y la ley aprobada por la legislatura de Florida requiere que se radique una solicitud ante el HHS a más tardar en julio del 2020. Una disposición en la ley de medicamentos recetados de Medicare Parte D del 2003 permite la importación de medicamentos, pero el HHS nunca aprobó este programa.

Bajo las leyes de los tres estados, los medicamentos importados tendrían que cumplir con los estándares de seguridad y efectividad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La National Academy of State Health Policy ha identificado una serie de medicamentos recetados costosos y ampliamente utilizados en los que los consumidores podrían ahorrar mucho dinero si pudieran comprarlos en Canadá. Por ejemplo, en el 2017, una cápsula de Lyrica, un tratamiento común para el daño en los nervios, costaba $6.04 en Estados Unidos y $0.63 en Canadá. Y el precio de una tableta de Xarelto, que se utiliza para prevenir y tratar los coágulos sanguíneos, era de $12.44 en Estados Unidos y $2.11 en Canadá. Los precios de los fármacos en Canadá son más bajos en parte porque el Gobierno ayuda a asegurar que no sean excesivos.

Los funcionarios estatales en Colorado señalan que los consumidores no ahorrarían la diferencia total en el costo debido a los gastos asociados con la importación del producto. Pero confían en que los consumidores ahorrarán una cantidad considerable de dinero bajo estos planes de importación. Las leyes de Colorado y Florida especifican que solo medicamentos que generen ahorros podrán ser importados.

Los defensores de esta ley, entre ellos AARP, ven la importación de medicamentos como un importante primer paso en una campaña nacional para reducir el alto costo de los medicamentos recetados.

"Esto demuestra que los funcionarios públicos en todo el país están dispuestos a comenzar a tomar decisiones sobre este asunto y están abordando el problema de manera proactiva", dijo John Hishta, vicepresidente sénior de Campañas, de AARP. "De muchas maneras, los estados están mostrándole el camino al Gobierno federal".

Las encuestas de opinión pública anteriores y posteriores a las elecciones del 2018 han mostrado continuamente que reducir el costo de los medicamentos recetados ha sido una prioridad para la gran mayoría de las personas en el país. Esta primavera, AARP lanzó su campaña Basta con medicamentos costosos, diseñada para inducir a los funcionarios estatales y federales a actuar sobre esta situación.

Los legisladores, dijo Hishta, "están reaccionando ante el enojo que perciben en sus electores por el alto precio que deben pagar por los medicamentos recetados. Estamos empezando a ver un dinamismo generalizado en todo el país. Cuando un gobernador o legislador actúa, otros ven que pueden tener éxito y siguen el ejemplo".

Los estados se ponen en acción

Hishta dijo que más de 20 estados están creando propuestas legislativas relacionadas con el alto precio de los medicamentos recetados. Por ejemplo, la Legislatura de Nueva York está considerando medidas que permitirían al estado importar medicamentos recetados, obligarían a los fabricantes de medicamentos a revelar cualquier acuerdo que tengan con los fabricantes de fármacos genéricos para retrasar la introducción al mercado de estos medicamentos y facultarían al fiscal general del estado para procesar legalmente a los fabricantes de medicamentos por manipulación de precios.

Ya varios estados han aprobado este año medidas para ayudar a reducir el precio que los consumidores pagan por medicamentos vitales. Por ejemplo, Minnesota, Montana, Nebraska y Wyoming aprobaron leyes que prohíben las llamadas "cláusulas de mordaza", las cuales impiden que los farmacéuticos informen a los pacientes que pagar en efectivo por una receta podría ser menos costoso que usar su seguro. El Congreso aprobó una ley similar el otoño pasado que entrará en vigor en el 2020, pero estas medidas estatales hacen efectivas estas prohibiciones de inmediato.

Nuevo México autorizó una ley que establece un consejo de compras para revisar y coordinar estrategias para la compra de medicamentos recetados de manera más económica en todas las agencias del estado. Una nueva ley de Maryland establece un consejo de asequibilidad de medicamentos y una medida de Misuri instituye un comité de transparencia de medicamentos recetados.

Y en California, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que ordena al estado a comenzar a negociar el precio de medicamentos para los 13 millones de beneficiarios de Medi-Cal, el programa de Medicaid más grande del país, antes del 2021. Su Administración también estudiará formas en que las agencias estatales podrían unirse para comprar medicamentos recetados al por mayor y permitir la participación de empresas privadas. Uno de los pilares de la campaña Basta con medicamentos costosos (Stop Rx Greed), de AARP, es permitir que el programa Medicare negocie los precios de los medicamentos directamente con los fabricantes, lo que ahorraría dinero a los beneficiarios de Medicare y a los contribuyentes.