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Corte Suprema da su fallo a favor de empleada federal en caso de discriminación por edad

Según la decisión, el Gobierno debe cumplir con "un estándar más alto que los empleadores estatales y privados".


spinner image Estatua de una mujer sosteniendo la balanza de la justicia
Getty Images

| Un fallo de la Corte Suprema el 6 de abril del 2020 podría hacer más fácil que los trabajadores federales de 40 años o más ganen demandas sobre discriminación por edad. La decisión 8 a 1 es una victoria para los adultos mayores que han visto sus protecciones legales contra la discriminación por edad evaporarse durante los últimos 10 años. Sin embargo, quizás los empleados federales aún tengan que cumplir con un estándar estricto para recibir algunos tipos de ayuda, como los pagos retroactivos.

Desde un fallo de la Corte Suprema del 2009, los trabajadores mayores que presenten demandas por discriminación han tenido que probar que su edad fue la causa "de no ser por", un término legal que significa que la edad fue la única razón de la decisión del empleador, no solo uno de varios factores de motivación. Anteriormente, los tribunales habían sostenido que la Age Discrimination in Employment Act (ADEA, Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo) solo requería que los empleados demostraran que su edad influyó de alguna manera en las consideraciones del empleador.

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El fallo de la Corte Suprema de esta semana indica que la sección de la ADEA que cubre a los trabajadores federales deja claro que este grupo está protegido de cualquier nivel de discriminación por edad en el lugar de empleo.

"No es inusual que el Congreso quiera que el Gobierno federal mantenga un estándar más alto que los empleadores estatales y privados", escribió el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría.

El caso, Babb contra Wilkie, podría afectar a una parte considerable de los trabajadores mayores del país. El Gobierno federal es el mayor empleador en Estados Unidos, con aproximadamente 3 millones de empleados en todo el país, según datos de la Office of Personnel Management (OPM, Oficina de Administración de Personal). Casi el 70% de los empleados a tiempo completo del Gobierno son mayores de 40 años, lo que significa que están cubiertos por la ley federal ADEA.

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La demanda, que involucra a una farmacéutica clínica en un centro médico del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) en Bay Pines, Florida, comenzó cuando a la empleada se le negaron varias promociones, supuestamente debido a su edad. Noris Babb le pidió a la Corte Suprema que revocara un fallo del tribunal de apelaciones que negó su reclamo. Babb sostuvo que en el 2010, el VA negó su solicitud de promoción a favor de trabajadores más jóvenes. Si bien sus abogados argumentaron que solo necesitaba demostrar que la edad era una consideración (es decir, "factor de motivación") en la decisión del VA de no considerarla, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11.º Circuito dictaminó que Babb debía cumplir con el estándar "de no ser por".

En un escrito de amicus curiae presentado en la Corte Suprema, AARP Foundation indicó que el Gobierno federal debe cumplir con su obligación legal de proteger a sus empleados mayores y solicitantes de empleo contra la discriminación por edad. El informe de AARP Foundation argumentó que el estándar del factor de motivación encaja mejor con el lenguaje de la ADEA que prohíbe el sesgo de edad en los lugares de trabajo federales. El escrito dice que el fallo del 11.º Circuito desafió la meta del Congreso de proteger a los empleados federales mayores cuando modificó la ADEA en 1974 para cubrirlos.

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"Lamentablemente, Estados Unidos al parecer eleva sus estrechos intereses como empleador por encima de su deber de procurar que las leyes se ejecuten fielmente, al negarse a defender el llamado [de la ley] al Gobierno para garantizar que cree lugares de trabajo donde 'todas las acciones de personal [están] libres de cualquier discriminación'", dice el informe.

Nota del editor: este artículo se publicó inicialmente el 24 de septiembre, 2019. Ha sido actualizado con información acerca del fallo de la Corte Suprema en los casos de Babb v. Wilkie y Rotkiske v. Klemm.

Corte Suprema 

Otros casos considerados por el tribunal en otoño del 2019, que podrían afectar a adultos de 50 años o más, son:

Derechos civiles de los trabajadores LGBT (Altitude Express Inc. contra Zarda)

Argumentos orales: 8 de octubre

Lo que está en juego: este caso se une a tres demandas separadas de adultos mayores de la comunidad LGBT que dicen que perdieron su trabajo debido a su orientación sexual o identidad de género. Aproximadamente 2.7 millones de adultos de 50 años o más en Estados Unidos se identifican como LGBT, y este grupo demográfico se ve desproporcionadamente afectado por la discriminación en el lugar de trabajo, según investigaciones. AARP se unió a un escrito de amicus curiae para esta demanda.

Asequibilidad de medicamentos recetados (Dex Media Inc. contra Click-to-Call Technologies, LP)

Argumentos orales: Aún no se han programado.

Lo que está en juego: este caso gira en torno a las patentes y un proceso llamado revisión inter partes (IPR), que ofrece una vía para cuestionar si una patente debería haberse otorgado sin tener que pasar por un largo litigio. Aunque el caso que el tribunal tendrá en audiencia este otoño involucra la tecnología de comunicaciones, se sabe que las compañías farmacéuticas presentan múltiples patentes para cada medicamento, lo que les otorga un monopolio más prolongado sobre el nombre de ese medicamento y retrasa el momento en el que los fabricantes de genéricos pueden comercializar alternativas más asequibles.

Prácticas desleales de cobro de deudas (Rotkiske contra Klemm)

Argumentos orales: 16 de octubre

Lo que está en juego: en diciembre, la Corte Suprema dictaminó que el plazo de prescripción de un año para impugnar las prácticas injustas de cobro de deudas comienza cuando se produce la violación, no cuando finalmente se entera el prestatario. El demandante en este caso, Kevin Rotkiske, fue demandado por incumplimiento de una deuda de tarjeta de crédito de aproximadamente $1,500 sin su conocimiento. Cuando presentó una demanda alegando que el cobrador de deudas había violado la FDCPA (Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas), el tribunal dictaminó que no cumplió con el estatuto de limitaciones de su reclamo. (Rotkiske se enteró por primera vez del fallo predeterminado en el 2014, pero el tribunal dijo que el estatuto de limitaciones de un año comenzó en el 2009, cuando ocurrió el presunto incumplimiento). La decisión en este caso podría tener un impacto significativo en los prestatarios mayores, que pueden ser susceptibles al acoso telefónico, amenazas y demandas de pago en cuentas ya pagadas o calculadas incorrectamente.

spinner image Plano exterior de la Corte Suprema
Getty Images

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