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Demanda de discriminación por edad de empleados federales llega a la Corte Suprema

Los empleados del Gobierno no tienen que cumplir con un estándar de prueba más alto, dice AARP Foundation.

Estatua de una mujer sosteniendo la balanza de la justicia

Getty Images

In English | El Gobierno federal debe cumplir con su obligación legal de proteger a sus empleados mayores y solicitantes de empleo contra la discriminación por edad, argumenta AARP Foundation en un informe sobre un caso que tendrá audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos este otoño.

La demanda, Babb contra Wilkie, podría afectar una parte considerable de los trabajadores mayores de la nación. El Gobierno federal es el mayor empleador en Estados Unidos, con aproximadamente 3 millones de empleados en todo el país, según datos de la Office of Personnel Management (OPM, Oficina de Administración de Personal). Casi el 70% de los trabajadores a tiempo completo del Gobierno es mayor de 40 años, lo que significa que este grupo está cubierto por la ley federal ADEA (Ley de Discriminación por Edad en el Empleo).


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El caso, que involucra a una farmacéutica en un centro médico del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) en Bay Pines, Florida, comenzó cuando a la empleada se le negaron varias promociones, supuestamente debido a su edad. Babb está pidiendo a la corte que decida si los empleados federales que presentan reclamos por discriminación por edad tienen que demostrar que si no fuera por su edad, su empleador no los hubiera desfavorecido (es decir, despedirlos, no contratarlos o no promoverlos). Esta norma, llamada causa justificada en términos legales, dificulta que ganen las víctimas de discriminación por edad, porque los empleadores pueden señalar otras razones que contribuyen a una decisión de no promover a un trabajador de más edad (como otros candidatos calificados o limitaciones presupuestarias).

Norris Babb, la empleada federal que presentó la demanda, está pidiendo a la Corte Suprema que revoque un fallo de la corte de apelaciones que negó su reclamo. Babb sostiene que en el 2010, el VA negó su solicitud de promoción a favor de trabajadores más jóvenes. Si bien sus abogados argumentaron que solo necesitaba demostrar que la edad era una consideración (es decir, "factor de motivación") en la decisión del VA de no considerarla, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 11.º Circuito dictaminó que Babb debía cumplir con el estándar "de no ser por".

El informe de AARP Foundation argumenta que el estándar del factor motivador encaja mejor con el lenguaje de la ADEA que prohíbe el sesgo de edad en los lugares de trabajo federales. El escrito presentado dice que el fallo del 11.º Circuito desafía la meta del Congreso de proteger a los empleados federales mayores cuando modificó la ADEA en 1974 para cubrirlos.

"Lamentablemente, Estados Unidos al parecer eleva sus estrechos intereses como empleador por encima de su deber de procurar que las leyes se ejecuten fielmente, al negarse a defender el llamado [de la ley] al Gobierno para garantizar que cree lugares de trabajo donde 'todas las acciones de personal [están] libres de cualquier discriminación'", dice el informe.

Los argumentos orales para Babb contra Wilkie aún no se han programado.

Plano exterior de la Corte Suprema

Getty Images

Corte Suprema, otoño del 2019

Otros casos considerados por el tribunal este otoño que podrían afectar a adultos de 50 años o más incluyen:

Derechos civiles de los trabajadores LGBT (Altitude Express Inc. contra Zarda)

Argumentos orales: 8 de octubre

Lo que está en juego: este caso se une a tres demandas separadas de adultos mayores de la comunidad LGBT que dicen que perdieron su trabajo debido a su orientación sexual o identidad de género. Aproximadamente 2.7 millones de adultos de 50 años o más en Estados Unidos se identifican como LGBT, y este grupo demográfico se ve desproporcionadamente afectado por la discriminación en el lugar de trabajo, según investigaciones. AARP se unió a un escrito de amicus curiae para esta demanda.

Asequibilidad de medicamentos recetados (Dex Media Inc. contra Click-to-Call Technologies, LP)

Argumentos orales: Aún no se han programado.

Lo que está en juego: este caso gira en torno a las patentes y un proceso llamado revisión inter partes (IPR), que ofrece una vía para cuestionar si una patente debería haberse otorgado sin tener que pasar por un largo litigio. Aunque el caso que el tribunal tendrá en audiencia este otoño involucra la tecnología de comunicaciones, se sabe que las compañías farmacéuticas presentan múltiples patentes para cada medicamento, lo que les otorga un monopolio más prolongado sobre el nombre de ese medicamento y retrasa el momento en el que los fabricantes de genéricos pueden comercializar alternativas más asequibles.

Prácticas desleales de cobro de deudas (Rotkiske contra Klemm)

Argumentos orales: 16 de octubre

Lo que está en juego: el demandante en este caso, Kevin Rotkiske, fue demandado por incumplimiento de una deuda de tarjeta de crédito de aproximadamente $1,500 sin su conocimiento. Cuando presentó una demanda alegando que el cobrador de deudas había violado la FDCPA (Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas), el tribunal dictaminó que no cumplió con el estatuto de limitaciones de su reclamo. (Rotkiske se enteró por primera vez del fallo predeterminado en el 2014, pero el tribunal dijo que el estatuto de limitaciones de un año comenzó en el 2009, cuando ocurrió el presunto incumplimiento). La decisión en este caso podría tener un impacto significativo en los prestatarios mayores, que pueden ser susceptibles al acoso telefónico, amenazas y demandas de pago en cuentas ya pagadas o calculadas incorrectamente.

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