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El Seguro Social podría escudriñar más a fondo las páginas de Facebook e Instagram para reducir el fraude por discapacidad

Actualmente se revisa lo publicado en los medios sociales, pero selectivamente.


spinner image Mujer mayor viendo su página de Facebook
REALIMAGE / ALAMY STOCK PHOTO

Tirar un disco volador, lanzar una línea de pesca o correr un maratón pueden parecer diversiones inofensivas y saludables. Pero la actividad física puede resultar en dolores de cabeza si solicitas beneficios del Seguro Social por discapacidad y tus actividades se publican en Facebook o Instagram. También podría resultar en la denegación de tus beneficios por discapacidad.

¿Es justo que el Gobierno inspeccione lo que publicas en los medios sociales? Por otro lado, ¿es justo que solicites beneficios si puedes hacer estas actividades? ¿Y dónde comienza y termina tu privacidad a medida que compartes tu vida en internet?

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Todas estas son preguntas que la Administración del Seguro Social está considerando, informó Nancy A. Berryhill, comisionada interina del Seguro Social, al Congreso mediante explicaciones por escrito (en inglés). Las divulgaciones forman parte de la descripción de la solicitud del presupuesto y los planes de la agencia para el año próximo.

Las publicaciones en Facebook y otros medios sociales ya se revisan selectivamente si los investigadores de la agencia sospechan que alguien está recibiendo beneficios de manera fraudulenta y buscan comprobarlo, señaló la agencia en los documentos que les entregaron a los legisladores. Pero la Administración del Seguro Social todavía no ha decidido si debería revisar lo que sus solicitantes publican en los medios sociales de manera más regular o rutinariamente.

La agencia "está evaluando las maneras en que los árbitros encargados de las solicitudes de beneficios por discapacidad pueden usar los medios sociales como parte de sus evaluaciones sobre la consistencia y viabilidad de la evidencia en el expediente del solicitante", dijo Berryhill en los documentos presentados ante el Congreso.

La idea se ha alabado tanto como criticado; se ha elogiado porque prestarles más atención a los medios sociales de los solicitantes puede reducir el fraude, dicen algunos.

"Los medios sociales pueden aportar pruebas valiosas a favor o en contra de las solicitudes de beneficios por discapacidad de cada persona", escribió el año pasado Rachel Greszler, investigadora de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservativo de Washington. "Por ejemplo, una solicitante de beneficios por discapacidad puede declarar que no puede salir de su casa, pero en sus fotos publicadas en los medios sociales se ve que sale regularmente".

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Pero algunos defensores de los solicitantes de beneficios dicen que lo que se publica en los medios sociales no necesariamente representa fielmente el estilo de vida de una persona, dado que los usuarios normalmente comparten solo el contenido que desean que sus conocidos vean favorablemente. Alguien podría no desear publicar una foto o un video que comparta cómo él o ella se enfrentan a una discapacidad diariamente.

La inspección de los medios sociales también podría alargar el tiempo necesario para aprobar las solicitudes de aquellos que ya han dejado de trabajar.

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"Esta propuesta comienza con la suposición discriminatoria que las personas con discapacidades no hacen nada socialmente en la comunidad, ni tienen vidas, por lo que cualquier cosa que la persona haga en los medios sociales puede clasificarse como algún tipo de fraude", dijo Eric Buehlmann, director ejecutivo adjunto de política pública de la National Disability Rights Network, un grupo sin fines de lucro de defensa de los derechos de sus socios discapacitados. Él le informó a AARP que ya existen métodos para detectar el fraude.

Si la Administración del Seguro Social "está interesada en eliminar el fraude", dice Beuhlmann, "espiar las cuentas de los medios sociales de los solicitantes no es la forma de lograrlo".

Según la Administración del Seguro Social, en diciembre 8.5 millones de personas de todas las edades recibieron un total de $10,500 millones ($10.5 billion) en beneficios por discapacidad, con un pago mensual promedio de $1,234. La administración afirma que el 68% de la fuerza laboral del sector privado carece de seguro por discapacidad a largo plazo.

Según el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de estudios liberal de Washington, el riesgo de discapacidad aumenta con la edad: a los 50 años las personas tienen el doble de probabilidades de recibir beneficios por discapacidad que a los 40 años, y a los 60 años son dos veces más propensas que a los 50 años. 

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