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Cuando realmente deseas morir

¿Tienen los enfermos terminales el derecho a precipitar su propia muerte?

Randy Niedzielski, administrador de propiedades inmobiliarias de Lynnwood, Washington, murió de cáncer cerebral hace dos años. Durante los últimos meses de enfermedad, padeció dolores muy severos. Soportó contracciones musculares, no podía controlar brazos ni piernas, desarrolló diplopía  o visión doble, sufrió incontinencia y no cesaba de babear.

Su esposa, Nancy, cuenta que también padecía una gran ansiedad, ya que sabía que su estado sólo empeoraría.

Niedzielski quería mudarse al vecino estado de Oregón, el único estado del país donde podía obtener, de manera legal, una prescripción para poner fin a su vida, pero no alcanzó a establecer residencia en ese lugar.

Pronto, los votantes de Washington decidirán si darán o no a los pacientes con enfermedades terminales, como Niedzielski, el derecho legal de obtener dosis letales de barbitúricos y acelerar su propia muerte. La iniciativa estatal de una votación por Muerte Digna, I-1000, recibió más de las 225.000 firmas de apoyo necesarias para su aprobación y, de ese modo, se habilitó su implementación para la votación de noviembre.

Si los votantes de Washington aprueban esta controversial medida en este segundo intento —el primero fracasó, en 1991, por una votación del 54% contra el 46%—, la situación podría facilitar propuestas similares en otros estados.

Los partidarios sostienen que los primeros objetivos serían los estados donde estas medidas fueron rechazadas por un estrecho margen: California, Vermont, Maine y Hawái.

Sin embargo, las encuestas muestran que el público norteamericano permanece dividido por un margen estrecho en el tema de la muerte asistida por médicos.

La legislación propuesta en Washington, muy similar a la ley de Muerte Digna, que fuera aprobada por los votantes en Oregón, permitiría a los médicos prescribir drogas letales a sus pacientes adultos, mentalmente aptos y con un pronóstico de seis meses o menos de vida.

En Oregón, las más utilizadas son el secobarbital o el pentobarbital orales. Únicamente el paciente, quien tendrá que solicitar la droga dos veces, dejando pasar al menos 15 días entre una solicitud y la otra, podrá administrársela. Se requerirán dos confirmaciones, extendidas por dos médicos en forma independiente, del pronóstico del paciente, de su aptitud mental y de la naturaleza voluntaria de la solicitud. Los médicos y farmacéuticos deberán informar a las autoridades sanitarias estatales toda vez que se realice este tipo de prescripciones.

Los defensores de esta iniciativa señalan que en Oregón, donde la ley fue promulgada en 1997, el suicidio asistido por médicos no ha tenido problemas y sigue siendo aceptada, y poco frecuente.

Desde 1998 hasta el año 2007, ha habido 341 oregonenses que han utilizado esta ley, lo que equivale a un 0,1% del total de las muertes. Un estudio del año 2000, publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM, por sus siglas en inglés), descubrió que los médicos de Oregón concedieron aproximadamente una de cada seis solicitudes de prescripciones letales, y que una de cada diez de estas solicitudes terminó en suicidio.

Nicholas Gideonse, M.D., director médico del Oregon Health  & Science University’s Richmond Clinic, en Portland, asegura que “los pacientes eligen esta opción para obtener cierto nivel de autonomía y control sobre su incontrolable declinación hacia la enfermedad y muerte”. Gideonse intervino en una decena de casos de Muerte Digna.

“Encuentro que muchos pacientes se sienten aliviados por el hecho de que estas opciones estén disponibles y puedan conversar sobre ellas con su médico de manera abierta y sin temor”.

Sin embargo, los opositores, en especial los miembros de organizaciones religiosas, grupos de discapacitados y algunos médicos, advierten acerca de las terribles consecuencias que acarrearía la aprobación de la iniciativa en Washington, advertencias similares a las que se les hicieran a los oregonenses 10 años atrás.

Además de argumentar en contra de la moralidad del suicidio, los oponentes sostienen que los pacientes ancianos, discapacitados y deprimidos son susceptibles a ser presionados para matarse. La hermana Sharon Park, enfermera y directora ejecutiva de la Conferencia Católica del Estado de Washington, se pregunta: “¿Puede una persona que se siente una carga para su familia llegar a pensar: ‘A lo mejor, debería pedir el suicidio asistido?’ Esto es muy peligroso. Crea grupos que no estarían protegidos”.

Park añade: “La verdad es que las personas nunca son una carga, aunque las situaciones, algunas veces, sí lo son. La solución no está en poner un fin prematuro a la vida de la persona”, sino en brindarle un cuidado adecuado, de modo que los familiares no se sientan estresados.

Marilyn Golden, analista de políticas de la Fundación por el Derecho a la Educación y a la Defensa de Discapacitados, de Berkeley, California, señala que “la comunidad de discapacitados está llena de personas a las que se les pronosticaron seis meses de vida, y todavía están aquí”.

Los partidarios de la ley argumentan que los 10 años de información proveniente de Oregón, junto con la experiencia de los grupos defensores de las personas mayores y de los discapacitados, no justifican estos temores.

De acuerdo con los datos obtenidos por el Departamento de Salud de Oregón, la mayoría de los pacientes que terminaron con sus vidas amparados por esta ley eran personas educadas, que poseían seguro médico y que estaban muriendo de cáncer. Más del 80% estaba recibiendo cuidados paliativos a través de programas que brindan estos cuidados especiales. El
estudio del NEJM halló que, si bien un 20% de los pacientes presentaban signos de depresión, ninguno de ellos recibió prescripciones letales.

Los informes médicos de Oregón y las entrevistas a investigadores y a familias de pacientes terminales indican que el deseo de autonomía, más que el alivio del dolor, es determinante. De acuerdo con los médicos que los atendían, más del 80% de los pacientes que pusieron fin a sus vidas, amparados por la ley de Oregón, lo hicieron debido a la pérdida de la autonomía, dignidad y capacidad para disfrutar de la vida. Menos del 40% mencionó que fuera una carga para la familia y amigos, y menos del 30% refirió un inadecuado control del dolor.

“Eran personas muy independientes”, señala Helene Starks, profesora asistente de Bioética y Humanidades de la Universidad de Washington. El equipo de Starks estudió 35 casos de enfermos terminales que buscaron ayuda para morir. “Muchos de ellos valoraban la vida; pero estaban decidiendo entre perder sus funciones orgánicas o el sentido de sí mismos. Estaban acostumbrados a estar bajo su propio mando, y deseaban manejar esta última situación”.

El grupo de defensa legal de personas discapacitadas, Disability Rights Oregon, de Portland, señaló que no ha recibido quejas por un mal uso de la ley desde que ésta fuera promulgada.

Del mismo modo, un estudio publicado en el Journal of Medical Ethics, en 2007, no encontró evidencias estadísticas que demostraran que las personas pertenecientes a grupos vulnerables —tales como adultos mayores, minorías, discapacitados o necesitados— en Oregón, fueran más propensas a terminar con su vida, en un número desproporcionado. Sólo las personas con SIDA eran más proclives a utilizar la ley; pero, de acuerdo con el director del estudio, los adelantos en el tratamiento del SIDA pueden haber modificado estas estadísticas.

El capítulo —de 75 miembros— de la Older Women´s League (Liga de Mujeres Mayores) de Seattle ha aprobado la iniciativa de Washington, ya que sus miembros desean tener opciones al morir y no consideran que esto ponga en peligro de ser presionadas para terminar con su vida a las personas mayores como ellas, explica la vocera de la sociedad, Midge Levy.

“He tenido amigos y familiares que desearon que este estado hubiese tenido la ley de Oregón —relata Levy, trabajadora social jubilada—. Si la ley hubiera existido, habrían muerto de una manera más tranquila y digna”.

Sin embargo, aun los partidarios de la ley de Muerte Digna de Oregón y los que defienden la iniciativa en el estado de Washington quieren que ésta sea fortalecida para garantizar que los pacientes que tengan sus facultades mentales disminuidas o sufran depresión sean estudiados.

Es por eso que la medida requiere que sean dos los médicos que determinen, en forma independiente, si el paciente que solicita las drogas está mentalmente apto. Si uno de los doctores creyera que el paciente puede resultar no apto, debería solicitar una evaluación psicológica; si se llegara a la conclusión de que el paciente tiene sus facultades mentales disminuidas, la prescripción no podría ser otorgada.

“Mi experiencia señala que la mayoría de las personas que desean el suicidio asistido no sufren de depresión ni de ninguna otra condición de salud mental que pudiera afectar su decisión —dice Linda Ganzini, M.D., psiquiatra de la Oregon Health & Science University, quien ha intervenido en unos 30 casos de Muerte Digna—. Esto no quiere decir que no lleguen personas deprimidas”. Un estudio guiado por Manzini y publicado en el British Medical Journal del 8 de octubre descubrió que, de 58 participantes que habían solicitado ayuda para morir, tres sufrían de depresión.

Los críticos que apoyan la muerte asistida desean que los doctores pidan más evaluaciones psicológicas. Ellos notaron que los médicos de Oregón no derivaron para ser evaluados psicológicamente a ninguno de los 49 pacientes que se suicidaron en 2007, en tanto que, en la década anterior, cerca del 11% fue derivado para tal fin.

Park, de la Conferencia Católica del Estado de Washington, sostiene que el tema de la muerte médicamente asistida no debería siquiera discutirse, teniendo en cuenta la gran disponibilidad de programas de cuidados especiales y paliativos de calidad.

“Si pudiéramos enseñar a la gente más acerca del buen morir, de cómo la muerte puede acercar a las familias, de los servicios que tenemos para vivir y morir en forma natural, no estaríamos pensando en suicidios asistidos”, expresa Park.

Nancy, la viuda de Randy Niedzielski, no está de acuerdo. Nancy está cumpliendo los deseos de su marido, trabajando por la ley de Muerte Digna —ha juntado más de 1.700 firmas para llevar la iniciativa a la votación del 4 de noviembre—.

“Es fácil decir que la muerte asistida no es correcta cuando se está sano —dice—. Sin embargo, hasta que no se vive esa situación, no se sabe lo que realmente se siente. Es un asunto que le compete sólo a la persona que está sufriendo”.

Harris Meyer, ganador del premio Gerald Loeb por sus escritos sobre temas económicos, cubre asuntos relacionados con el cuidado de la salud, negocios y política. Meyer vive en Yakima, Washington. Originalmente publicado en AARP Bulletin Today.

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