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DOJ: Red de estafas de los abuelos "se dirigía sistemáticamente a los adultos mayores"

Ocho personas enfrentan cargos por extorsión por la presunta estafa de docenas de personas de entre 70 y 89 años.

Mujer mira a través de una ventana en una casa de cuidado para personas mayores.

GETTY IMAGES

In English | Después de que más de 70 adultos mayores de Estados Unidos perdieran más de $2 millones en las estafas de los abuelos y fraudes similares en todo Estados Unidos, un gran jurado federal ha imputado a ocho personas por delitos de fraude organizado.

Los acusados pertenecían a una gran organización criminal que, mediante la extorsión y el fraude, "se dirigía sistemáticamente a las personas mayores del país aprovechando la preocupación por sus seres queridos", dijeron las autoridades del Departamento de Justicia (DOJ) (en inglés).

Las víctimas se encontraban en al menos 15 estados, y cada una de ellas pagó decenas de miles de dólares a la presunta empresa delictiva, según las autoridades. Los afectados quedaron "devastados financiera y emocionalmente".

Se cree que dos de los acusados huyeron a las Bahamas; los otros seis fueron detenidos, según las autoridades. Otras doce personas anónimas, cuyas identidades se dijo que son conocidas, actuaron en el caso como las llamadas "mulas de dinero".  Las "mulas" son personas que mueven o transfieren dinero adquirido ilegalmente a otra persona. De acuerdo con las autoridades, las mulas operaban en California y Florida.

La presunta ola delictiva se produjo desde noviembre del 2019 hasta el pasado mes de octubre, dijeron las autoridades.

Cómo funcionaban las estafas

En la imputación, emitida a finales de julio y divulgada el 24 de agosto, se identificó a más de 20 de las víctimas por sus iniciales, lugar de residencia y pérdidas individuales. Todas las personas identificadas de forma parcial son hombres o mujeres de entre 70 y 89 años. La mayor de todas ellas, una mujer de 89 años de Downey, California, perdió $18,000. Las autoridades dijeron que la mayor pérdida individual la sufrió una mujer de 73 años de San Francisco, quien entregó $217,000 a unos hombres que se hicieron pasar por abogados de su nieto, el cual, supuestamente, había sido detenido y demandado. Se suponía que el dinero en efectivo era para pagar la fianza y resolver una demanda civil.

"Esta estafa ha dejado devastadas, financiera y emocionalmente, a muchas víctimas de edad avanzada".

— Ronald Grossman, fiscal federal interino de San Diego

El Departamento de Justicia acusa a los autores de llamar por teléfono a adultos mayores y hacerse pasar por nietos, otros parientes cercanos o amigos. A las víctimas se les contaron historias falsas: sus seres queridos tenían problemas legales y necesitaban dinero para la fianza, o era necesario cubrir gastos médicos de supuestas víctimas de accidentes de tráfico, o el dinero era para evitar que se presentaran cargos adicionales, por ejemplo.

Los acusados y sus cómplices recibían el dinero de diversas maneras. A veces, el dinero en efectivo de las víctimas se recogía en persona; otras veces, las víctimas transferían el dinero o pagaban con cheques de cajero o con una aplicación de pago entre particulares. Los acusados blanquearon presuntamente los fondos y los repartieron entre ellos utilizando criptomonedas digitales que son difíciles de rastrear.

Al menos 10 de las víctimas se encontraban en el condado de San Diego, California, según las autoridades. Todos los acusados vivían en uno de los tres estados con mayor número de jubilados —Arizona, California o Florida— en el momento de cometer los delitos.

Sin embargo, las víctimas procedían de diversos lugares, como La Quinta (California), Grand Prairie (Texas), Rocky Face (Georgia) y Farm River (Míchigan).

Todos los acusados tienen entre 20 y 49 años, excepto uno: Lyda Harris, de 73 años, antigua residente de Laveen, Arizona. Harris fue detenida en virtud de una orden de detención provisional en Albania, y Estados Unidos está tratando de lograr su extradición, según las autoridades.

Se invocó la ley RICO, utilizada contra la mafia

Se cree que esta es la primera vez que se utiliza la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) —en inglés— de organizaciones corruptas y delitos influenciados por el fraude organizado en un caso de fraude a personas mayores, dijeron las autoridades. La ley RICO data de 1970, cuando la promulgó el entonces presidente Richard M. Nixon. Según el DOJ, el Congreso aprobó la medida con el propósito declarado de intentar erradicar el crimen organizado en Estados Unidos. Desde entonces, una serie de delincuentes, entre ellos miembros de bandas callejeras y redes de narcotráfico, han recibido el proverbial castigo de la ley RICO.


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La investigación fue dirigida por el Grupo Especial de Justicia para Personas Mayores de San Diego, con la ayuda de organismos policiales de Alabama, California, Florida, Georgia, Indiana, Míchigan, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Texas.

"El fraude a los ancianos es un problema masivo y creciente, a medida que la población de nuestro condado envejece, con pérdidas de miles de millones de dólares en todo el país", dijo Suzanne Turner, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Diego. El grupo de trabajo, dijo, "se creó para combinar recursos, experiencia y capacidades a fin de disponer de una respuesta policial sofisticada y coordinada para librar esta batalla".

Además de Harris, de 73 años, los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que otras cinco personas han sido detenidas en el caso: Timothy Ingram, también conocido como "Bleezy", de 29 años, y Anajah Gifford, de 23 años, ambos de North Hollywood, California; Jack Owuor, de 24 años, de Paramount, California; Joaquín López, de 45 años, de Hollywood, Florida, y Tracy Glinton, de 34 años, de Orlando, Florida.

"El fraude a los ancianos es un problema masivo y creciente, a medida que la población de nuestro condado envejece, con pérdidas de miles de millones de dólares en todo el país".

— Suzanne Turner, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Diego

Se cree que otros dos acusados —Tracy Adrine Knowles, de 29 años, antigua residente de Orlando, y Adonis Alexis Butler Wong, de 29 años, antiguo residente de Pembroke Pines, Florida— se encuentran en las Bahamas, según las autoridades.

El abogado de San Diego Jeremy D. Warren, que representa a Glinton, dijo el jueves a AARP que no era apropiado hacer comentarios en este momento. "Nuestro cliente goza de presunción de inocencia, la acusación solo contiene alegaciones, y abordaremos el asunto ante el tribunal", dijo Warren. Otro abogado de Glinton, Fritz Scheller, de Orlando, dijo que en este momento se presume su inocencia y señaló que se ha declarado inocente de los cargos.

La abogada de San Diego Kathryn Thickstun, que representa a Gifford, dijo en un correo electrónico: "Nos encontramos en la fase inicial del caso. Los cargos de la acusación no constituyen prueba de culpabilidad. Y, por supuesto, mi cliente tiene la presunción de inocencia".

El abogado de Ingram, Christopher E. Chaney, de Van Nuys, California, no quiso hacer comentarios.

Katherine Skiba cubre temas de estafas y fraudes para AARP. Anteriormente, fue periodista con el Chicago Tribune, U.S. News & World Report y el Milwaukee Journal Sentinel. Recibió la Beca Nieman de Harvard University y es la autora del libro Sister in the Band of Brothers: Embedded with the 101st Airborne in Iraq.

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