Corte Suprema revisará argumentos contra ley que reforma la salud

Apenas seis minutos después de que Obama usara 22 bolígrafos para promulgarla, el 23 de marzo del 2010, a las 11:56 a. m., la resistida ley estaba en los tribunales. A las 12:02 p. m. de ese mismo día, Bill McCollum, entonces fiscal general de Florida, presentó una demanda federal en Pensacola, en representación de Florida, otros tantos estados, la National Federation of Independent Business (NFIB, Federación Nacional de Empresas Independientes) y dos particulares. Un total de 25 estados dirigidos por republicanos se sumaron a la demanda, llamada Florida v. Department of Health and Human Services (Florida contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos).

El 31 de enero, el juez federal cargo dictaminó que el mandato para la contratación de seguros era inconstitucional, y derogó la ley en su totalidad. El 12 de agosto, un panel de tres jueces del 11.º Circuito falló (2-1) que el mandato era inconstitucional, aunque dijo que se podía dejar sin efecto el mandato y mantener vigente el resto de la ley. El fallo fue contrario a un dictamen del 6.º Circuito que ratificó la ley.

El gobierno federal apeló ante la Corte Suprema.

La Corte contempló 5 1/2 horas para los alegatos orales, lo que parece ser un récord moderno, según el periodista Lyle Denniston, que ha cubierto la Corte desde mucho tiempo. Por lo general, el tribunal limita los alegatos orales a una hora por cada caso. La extensión del tiempo contemplado refleja la complejidad del caso y la importancia que los jueces le asignan a la división de poderes entre los estados y el gobierno nacional, escribió Denniston en SCOTUSblog.com.

Se han presentado alrededor de 30 demandas federales recusando la ley en todo el país, y la controversia sigue girando en torno a ella. El 8 de noviembre, en fallo dividido 2-1, los votantes de Ohio aprobaron una enmienda a la constitución estatal que rechaza cualquier ley que le exija a la gente contratar un seguro.

Ese mismo día, los simpatizantes de la ley se sintieron respaldados, cuando un juez conservador la ratificó. El juez Laurence H. Silberman, quien fuera designado por Reagan para desempeñarse en el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, desestimó las demandas que reclamaban que el Congreso se habría extralimitado en su autoridad.

Y así, la Corte Suprema tendrá la última palabra en la batalla en torno al alcance del gobierno, entre un presidente demócrata y sus opositores republicanos. Sea cual fuere la decisión de sus magistrados,  probablemente hará que la Corte, presidida por el juez John G. Roberts Jr.,  quede en la historia.

Marsha Mercer es una escritora independiente que cubre temas relacionados con políticas públicas.