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Demócratas vs Republicanos

La "guerra" por la reforma de salud

Sus críticos quieren sabotear la nueva ley. ¿Qué ocurriría si lo logran?

Steel chain held together with red string

— Pier/Getty Images

Si las impugnaciones presentadas por los estados prosperan y la obligación personal queda sin efecto, la mayor parte de los nuevos beneficios y protecciones a los consumidores conferidos por la ley podrían desaparecer, desde la cobertura garantizada para las personas con enfermedades preexistentes hasta la prohibición a los límites de cobertura médica de por vida, dado de que su viabilidad depende de que, además de las personas enfermas, las personas sanas también contraten el seguro para de este modo reducir costos y diversificar riesgos.

Por el mismo motivo, tampoco sería posible ofrecer los nuevos beneficios dispuestos por el gobierno federal, como cuidados preventivos gratuitos y límites a los gastos pagados por el asegurado. La cobertura mediante intercambios podría ser menos amplia y los subsidios, de existir, menos generosos. Si el financiamiento se reduce significativamente, la creación de los intercambios se vería dificultada.

"Es imposible elegir qué elementos preservar o eliminar en un paquete tan complejo", afirma Reischauer. "El sistema es un todo. Si se eliminara la obligación individual, los intercambios o los subsidios, la estructura resultante sería caótica".

Eliminar las medidas diseñadas para reducir paulatinamente el espiral ascendente de gastos médicos tendría un efecto negativo sobre el déficit federal, el Seguro Social y Medicare. Según la agencia independiente Congressional Budget Office (Oficina de Presupuesto del Congreso), si se implementan estas medidas de reducción de costos, los ahorros proyectados permitirían reducir en $143.000 millones ($143 billion) el déficit para el 2019, y la solvencia de Medicare se extendería por 12 años.

Asimismo, dado que con la nueva ley se prevé una reducción de las primas de seguro a cargo del empleador libres de impuestos y, en consecuencia, un aumento de los ingresos gravados de los empleados, la Memoria más reciente predijo un escenario más favorable para la salud del Seguro Social en los próximos 75 años gracias a esta legislación. No obstante, el escenario sería el opuesto si se derogara la ley, según Rother, de AARP. "Si no se limitan los costos, un mayor porcentaje de los ingresos de los trabajadores se destinará al sistema de salud y un porcentaje menor a los impuestos sobre los salarios destinados al Seguro Social, situación que puede acelerar rápidamente el agotamiento de fondos del Seguro Social".

Tanto demócratas como republicanos pueden citar sondeos en respaldo de sus posiciones, puesto que la opinión de los estadounidenses se encuentra dividida en partes prácticamente iguales. "Entre quienes tienen una opinión formada, la mitad desea continuar con la implementación de la ley e incluso fortalecerla, en tanto la otra mitad desea derogarla", afirma Robert Blendon, especialista en opinión pública y profesor de la Harvard University. "Y es muy probable que la mitad que no está de acuerdo con la ley vote a los republicanos".

No obstante, estas conclusiones se ven afectadas por sondeos recientes, que demuestran que existe un extendido malentendido acerca de las disposiciones reales de la ley. Más de un tercio de las personas mayores de 65 años creen que la ley permitiría a una comisión del gobierno tomar decisiones sobre cuidados médicos terminales (los "paneles de la muerte" según Sarah Palin), y la mitad cree que reduciría los beneficios de Medicare para todas las personas, según una encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation. Ambas creencias son falsas.

"Por el momento, las personas están intentando formarse una opinión propia acerca de lo que escuchan sobre la ley, que a menudo consiste en información errónea difundida por sus críticos", sostiene Drew Altman, presidente de la fundación. "Pero en cierto punto la opinión pública comenzará a basarse en la experiencia de decenas de millones de personas acerca de los cambios surgidos de la nueva ley".

Sin embargo, en ese contexto el tiempo puede jugarles en contra a los demócratas. Para bien o para mal, las principales disposiciones de la ley entrarán en vigor en el 2014, mucho tiempo después de las elecciones parlamentarios del 2010, y bastante tiempo después de la elección presidencial del 2012 y de los pronunciamientos judiciales sobre las acciones legales entabladas.

Patricia Barry es redactora principal de AARP Bulletin, y escribe acerca de Medicare y temas de políticas de salud.

Nota del editor: Sólo los enlaces de Seguro Social y Medicare están en español.

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